La Revolución es una obra humana y de derechos

Por Yailin Orta Rivera, especial para la Mesa Redonda

Cuba tiene mucho que exhibir en materia de derechos humanos, aunque algunos pretendan demonizarla porque no les sigue el juego a los países imperiales. La Revolución, justamente, es una obra de derechos. Lo anterior se refrendará una vez más en Ginebra, el próximo primero de mayo, durante el segundo Examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

¿A qué países se aplica ese proceso? ¿Quiénes velan en Cuba por la legalidad y la justicia? ¿Cómo se garantizan los derechos humanos fundamentales en la nación?, esas y otras interrogantes fueron el eje transversal del análisis de la Mesa Redonda de este jueves, que estuvo bajo la conducción de Arleen Rodríguez Derivet, su coordinadora general.

Luis Alberto Amorós, subdirector de Asuntos multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), expresó que por este proceso deben pasar todos los países miembros de las Naciones Unidas, y es un mecanismo que se instauró en este escenario con el propósito de superar el descrédito del análisis de los DD.HH, por los criterios de selectividad y los dobles raseros que se empleaban para evaluar este tema con anterioridad.

“A Cuba se le discriminaba, junto a los otros que también se enfrentaban de una manera clara a las pretensiones hegemónicas del imperio. Ahora se examinan todos los países en igualdad de condiciones y ello supera la injusta situación de selectividad y de ejercicios disímiles”, precisó.

Lo anterior, dijo, se ha hecho evidente cuando por ejemplo a países como EE.UU el Consejo no lo ha sancionado, o no se pronunciaba frente a situaciones escandalosas como con lo que pasa en el centro de tortura en la ilegal base naval en Guantánamo.

Según Luis Alberto Amorós, desde que comenzó este ejercicio en febrero de 2009 las cosas han cambiado. “En aquella primera ocasión hubo un amplio reconocimiento a Cuba, se fue muy objetivo en el análisis que se hizo al país y unas 60 naciones se pronunciaron de manera muy positiva. Se destacó la ayuda y cooperación que brindamos a otros países, hubo críticas hacia el bloqueo que EE.UU nos impone, que es uno de los mayores impedimentos que tenemos para defender con más fuerza los DD.HH. También hubo cuestionamientos que trataban de justificar la injusta política de agresión de los EE.UU”.

“En aquella oportunidad se nos hicieron alrededor de 90 recomendaciones, y sobre la base de ello se produce este nuevo informe que presentó el viceministro del Minrex Abelardo Moreno y que se llevará a Ginebra, que en esencia recoge un análisis de lo que ha acontecido en el país en los últimos cuatro años, los desafíos, la obra realizada”. Para la conformación de este informe, explicó Amorós, participaron muchas instituciones de la sociedad y organizaciones no gubernamentales, porque este es un informe inclusivo, ampliamente discutido con muchas instituciones.

“En esta nueva oportunidad nos acompañarán más de cien delegaciones de diversos países que ya se han inscrito. Vamos a hacer un análisis objetivo y ponderado de la realidad de Cuba”, opinó.

Rafael Pino Bécquer, vicefiscal de la República de Cuba, en su condición de panelista expresó que su entidad es un órgano que tiene la responsabilidad de preservar la legalidad, y no solo en representación del Estado, sino también de los ciudadanos.

Su intervención estuvo centrada sobre todo en la responsabilidad que tiene la Fiscalía General de la República en la promoción de las leyes penales que fortalecen la protección de los DD.HH en Cuba.

“Nosotros no solo somos un instrumento acusador del Estado, también le damos seguimiento a las situaciones de los ciudadanos. Es un modelo de funcionamiento que recoge las tradiciones cubanas, y lo que diga el fiscal tiene que ser de obligatorio cumplimiento, porque establece responsabilidades”.

El vicefiscal reveló que miles de ciudadanos van anualmente a las fiscalías planteando sus problemas, y este organismo las procesa, porque “procuramos que se aplique siempre la justicia, en dependencia del tipo de violación.

“La Fiscalía también tiene una Dirección para el control de la legalidad en los sistemas penitenciarios. Somos un órgano de control sobre lo que acontece, aunque en el sistema de prisiones igualmente haya figuras que tengan esa misma responsabilidad”, refirió.

Y sus palabras, desmienten cierta campaña mediática internacional que se ha montado sobre la realidad de las prisiones cubanas. “Han buscado nuevas modalidades de ataque a Cuba, se trata solo de eso, porque los fallecimientos que ocurren en las prisiones son seguidos rigurosamente por una comisión multifactorial, y si se apreciara alguna irregularidad, inmediatamente se hacen cumplir las normas establecidas”, enfatizó.

Rafael Pino Bécquer también abordó que en Cuba todos los ciudadanos sabemos que no hay tortura, y es una ejecutoria ética y moral de todos los fundadores de la Revolución que se ha mantenido y defendido todos estos años. “En el caso de los tratos degradantes, mencionó, vamos a introducir en la norma penal los elementos que sancionen esto”.

Esta autoridad del sistema legal cubano, expuso que hay toda una batalla también en función de establecer estándares mundiales para el tratamiento de los internos, y en nuestra Isla no hemos estado al margen de esto. “Por ejemplo, las mujeres que cumplan sanciones tienen tratamientos diferenciados, como es el caso de las que salen embarazas”.

Oscar Silvera, vicepresidente del Tribunal Supremo Popular, sumó que en nuestro país las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y en ese caso todos tenemos el derecho a la defensa, que puede ser propia y también asistida por un abogado defensor, de su elección o designado (abogados de oficio, a los que el Estado es quien paga sus honorarios). Siempre acá se puede contar con un abogado.

Igualmente, manifestó, que existe la posibilidad de que todas las decisiones sean impugnadas por las personas para que se examine el proceso judicial. Existe así mismo el contacto directo con las pruebas y los actos judiciales son públicos, con la excepción de los que el país considere que no deben serlo.

El vicepresidente del Tribunal Supremo Popular expresó que en un tema como la defensa de los DD.HH tenemos que hablar además de dos necesarios presupuestos o condicionantes en nuestra administración de justicia que son: el respeto al texto Constitucional y el derecho a la libertad, porque la propia obra de la Revolución es de esencia humanista y ha dotado a nuestro pueblo de sus derechos, de sus garantías. “Estamos hablando de un proceso que se ha empeñando en conquistar toda la justicia. En los tribunales tenemos como características que todas las decisiones se toman de forma colegiada con nuestros jueces legos, populares, que son vecinos, trabajadores, que son elegidos por las asambleas populares y propuestos por nuestras organizaciones de masas”.

La administración de justicia en nuestro país es genuinamente democrática, y en opinión de Silvera, lo que más caracteriza a nuestros jueces en su actuación es su transparencia y responsabilidad. A lo que añadió como dato interesante, que más del 76 por ciento de nuestros tribunales están compuestos por jueces mujeres.

¿Somos una sociedad politizada por el propio acecho en el que hemos tenido que desarrollarnos, en qué medida esa realidad no interfiere en la justicia?, preguntó Arleen Rodríguez.

“Nuestros jueces, en primer orden, defienden el interés público e individual, actúan con racionalidad y sentido común”, respondió el vicepresidente del Tribunal Supremo Popular.

Entre los miembros de la delegación cubana que irá al segundo Examen periódico universal sobre DD.HH, está Zuleika Romay, presidenta del Instituto Cubano del Libro, quien sobre este tema comentó que llegamos a esta etapa con un ejercicio pleno de los derechos culturales: la universalidad de la enseñanza, el derecho a participar en los sucesos de diferente corte, porque no basta con ofrecer garantías de orden legal, se defienden también los DD.HH con la disposición de una red de instituciones públicas de acceso al ciudadano, incluso en aquellos lugares de difícil acceso, cuando no haya espacios, hay que ir hacia ellos”.

Este es un país, dijo Zuleika Romay, donde existe la máxima voluntad política que se preocupa por mantener un programa de desarrollo cultural que proteja las manifestaciones autóctonas de diferentes lugares y desarrollamos campañas de bien público que orienten a los ciudadanos hacia el ejercicio de esos derechos.

“Se trata de un sistema integral, y hay además una garantía en el ámbito económico material. Aún en medio de los problemas económicos que tiene el país, siempre el Estado subvenciona esos procesos culturales”, subrayó.

La presidenta del Instituto Cubano del Libro, opinó que no se trata solo de ofrecer estas garantías en el ámbito social, hay también que capacitar a la población para que asimile a la cultura y reconozca su importancia, algo que en Cuba se le da una importancia trascendental.

“Hay un ejercicio pleno, porque el ejercicio del derecho se convierte en hábito, y entonces uno puede decir que se convierten en ejercicios plenos.

“Sabemos y reconocemos nuestras debilidades y las batallas que nos quedan por librar, pero cuando se nos trata de sentar en un banquillo de acusados se les olvida cuánto ha avanzado Cuba en política de desarrollo social, y Cuba tiene mucho que mostrar, aunque no siempre conformes”, destacó Zuleika Romay.

La viceministra de Justicia, Rosa Charró, en esta hora y media de programa, compartió en sus palabras que constitucionalmente están recogidos los DD.HH de todos nuestros ciudadanos y el ordenamiento jurídico está atravesado por el humanismo.

“También hemos ayudado al desarrollo de los DD.HH en otros países de diversos continentes”, comentó, al tiempo que recordó que al inicio de la Revolución hubo que romper con todo el sistema jurídico que existía y se creó uno nuevo con leyes de impacto y beneficio popular que contribuyeron a dignificar al ser humano.

“Tratándose de una sociedad culta, integradora, hay que decir que en Cuba es una realidad que las leyes se han modificado también a partir de la representación de la población en el poder, y que hasta ha rebasado los propios marcos del poder popular, porque las decisiones estratégicas han estado precedidos de un proceso muy amplio de consulta popular, y de un amplio rango de participación.

“El ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos trascienden el marco jurídico, porque la sociedad cubana es quien decide. Cuba es una sociedad que culturalmente ha desarrollado un amplio debate sobre nuestra vida social.

Nuestros representantes en el poder cumplen con el mandato que le fue conferido por los propios ciudadanos”, expresó. La vicetitular del Ministerio de Justicia sostuvo que para ejercitar nuestros derechos no solo es necesario acudir a la Constitución porque todas las normas cubanas están pensadas en función de proteger a nuestra población.

“El derecho al trabajo, a la maternidad… requiere de una ampliación del marco jurídico y constitucional. Con los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución hemos podido constatar que para su materialización también se han establecido normativas para hacerlos posibles”.

“Y en este caso, ejemplificó, se ha trabajado intensamente en un proceso muy ordenado, con la participación amplia de todos los integrantes de la sociedad y se han promulgado normas jurídicas que están dirigidas a materializar, a través de estos Lineamientos, las mayores aspiraciones de nuestra sociedad, y por las cuales las instituciones se regirán en su actuación”.