El precio de las adulteraciones

Por Yailin Orta Rivera, especial para la Mesa Redonda

Fotos de Roberto Garaicoa

Sobre las violaciones de precios, sus manifestaciones más frecuentes, su impacto, y las maneras en cómo deben ser enfrentadas, se dialogó este viernes en la Mesa Redonda. Yailin Orta Rivera, subdirectora del periódico Juventud Rebelde, afirmó que este es un tema muy filoso que tiene expresiones variopintas. “Hay que decir que de manera general el consumidor cubano en no pocas ocasiones tiene la sensación de que está expuesto a una mar de trampas, y que quien está detrás del mostrador se las está ingeniando para deslizarle el engaño”.

Añadió que en los últimos años se hace más notable la tendencia a que aumenten quienes cultivan el ardid, sobre todo en el sector de los servicios. “Esto no es una sospecha infundada, ni una subjetividad gratuita, sino una visión alimentada por las múltiples vivencias no muy felices que uno ha tenido en diferentes establecimientos. También hago la salvedad con las personas honestas que están detrás del mostrador, porque estamos hablando en este espacio de los pícaros que pretenden hacer su agosto a costa del bolsillo popular, que tampoco está tan abultado como para tener a cuestas este fenómeno, que es una expresión más de las indisciplinas sociales, de los nudos y los desajustes que se aprecian en el mapa de convivencias nuestro”.

Aludió, entre las múltiples manifestaciones de este fenómeno, a las brechas jugosas que encuentra en los productos a granel, con los que se corre el riesgo de que se alteren sus gramajes; también están los precios modificados… y hay mutaciones más tremendas de este problema como cuando se introducen mercancías que no llegan por las vías establecidas, y se corren riesgos tan perniciosos como el hecho de que si usted introduce una croqueta esta no tenga la trazabilidad necesaria o que no cumpla con los parámetros higiénico sanitarios establecidos.

Para evitar la expansión de estos actos, Maricel Pedroso Drake, directora de la Dirección Estatal de la Dirección de Comercio de La Habana, explicó que su dirección tiene como encargo estatal velar porque se cumplan las políticas de precio. “Nuestros inspectores se encargan del control en cualquiera de estos establecimientos. Entre los protocolos que siguen está revisar que estén visibles los precios para los consumidores, así como toda la información del gramaje, el servicio que se presta… se debe pedir el listado oficial de precios, que debe estar avalado por la máxima dirección de la entidad, y nuestros funcionarios tiene que ver si hay correspondencia entre ambos precios, porque el oficial no lo decreta el administrador, sino una estructura superior… y se siguen todas las acciones de control”.

Luis Sexto, premio nacional de Periodismo José Martí, compartió que el consumidor en estas situaciones es estafado y eso debe estar penalizado en los códigos. Pero, dijo, no se trata de un fenómeno nuevo, “en la mitología griega el mismo Dios de los comerciantes, era también el de los ladrones… yo no digo con esto que todos los comerciantes son ladrones, pero parece que esa fama viene de hace muchos años atrás”.

En su opinión, el control tiene que venir de adentro de la unidad. “El control es un sistema en el que se ejerce la comprobación de los objetivos de la unidad y ese control parte del administrador. Tengo la impresión de que si se agarra a alguien estafando, el administrador también tiene que pagar por ese fraude. Hablábamos también de los precios y de los salarios bajos, y ellos se justifican con ese pretexto… pero llegará el momento en que la economía mejore y los salarios cambien, y no se puede olvidar que el ladrón es ladrón aunque el sueldo no te alcance. Hay que evitar que esos actos se vuelvan costumbre y después se vuelvan imprescindibles”.

Maricel Pedroso alegó que cuando a alguien se coge violando lo establecido, el inspector establece todo lo que dispone el decreto 227, que norma la multa y las diversas sanciones. “Y cuando el control se hace por encargo estatal, la máxima autoridad también tiene que responder. Toda violación lleva implícita una medida disciplinaria, e incluso hay una circular del Ministerio del Comercio Interior que especifica que ese infractor no lleva otra medida que no sea la separación de la entidad. También nosotros después velamos porque el plan de medidas aplicadas se corresponda con lo que fue detectado”.

La funcionaria defendió la idea de que independientemente de que tengamos un cuerpo de inspectores, ellos no pueden estar las 24 horas del día en el establecimiento, ni en todos, por ello tiene que haber conciencia y control interno, porque el control es una fotografía del momento, y no se puede trabajar pensando en el control, sino en lo que está establecido.

Yailin Orta aludió a que estamos ante un fenómeno tremendo. “Se trata de un escenario que tiene expansiones muy nocivas, porque cuando ese administrador no reacciona es cómplice de esa maraña. Imagino que  Maricel y su equipo de trabajo tengan un decálogo mucho más rico de todas las inventivas, pero basta con ir a una tienda de divisas y uno se pregunta dónde están los artículos que se han depreciado, que están en la merma… en muchas ocasiones no los encuentras, o se dan casos en los que las rebajas no se hacen con las dinámicas establecidas, para ellos incluir en sus ganancias esas diferencias”.

Además sumó al análisis que estamos hablando de un desmontaje de la moral, de un problema ético, que encuentra su amparo en el hecho de que el dinero no alcanza, o que los salarios están muy deprimidos, “pero no podemos admitir esto, porque cuando lleguemos a ese momento en el que estemos bien remunerados el escenario podría estar ya minado por la codicia”.

Maricel Pedroso advirtió que también es un gran problema la metrología. “Hay muchos problemas con las pesas. Tenemos una institución que certifica que un medio de medición está acto para el pesaje, y si no es así no es fiel lo que me estás despachando. Y es una tendencia que no tenga validez la certificación, porque este proceso dura un año. También a veces hay desconocimiento por parte del consumidor, porque si usted ve que no es fiable lo que me dan debes reaccionar frente a esto porque el medio de medición no es el que está establecido, y si hay violación de normas hay violación de precios”.

En el debate Luis Sexto compartió que no se pueden tolerar como prácticas estas situaciones porque se queda el hábito, que implica igualmente un rebajamiento de los valores morales y éticos, y después es muy difícil encontrar el camino recto. En sus palabras subrayó que las circunstancias materiales pueden explicar el fenómeno, pero nunca justificarlo. Es cierto que las circunstancias adversas puedan explicar esta realidad, pero nunca justificarla.

Comentó que a veces el cliente no revisa el comprobante y te ponen dos veces el mismo producto, por ello el control empieza por la autodefensa del consumidor, sin olvidar que el control interno es algo muy importante, porque no se puede esperar a que venga la provincia o que venga el inspector para hacer las cosas bien, y hay que ir más allá, también a veces ya avisaron de que viene el inspector… son pasadizos bien complicados.

“Hoy mismo en Juventud Rebelde se hablaba de la playa de Tarará, de personas estafadas a la luz del sol de la playa que parece mucho más luminoso. También vi reflejada esta problemática en el periódico Granma, pero la amonestación pública no es una sanción que cura este problema. He recibido cartas de personas que están preocupadas porque el pollo en la shopping está llegando sin sellos, y las personas piensan que pueden correr el riesgo de ser estafadas. Y cómo pueden hacer para protegerse, habrá que llevar una pesita, porque las apelaciones no resuelven este problema, tengo la impresión. Igualmente hay que resolver nuestra economía y todos debemos participar de esto”, destacó el profesor Luis Sexto.

Maricel Pedroso argumentó que si un cliente se siente vulnerado puede dirigirse en primer lugar a la administración y si no se resuelve el problema, ir a la dirección que dirige, y si no a instancias superiores que están creadas en el propio Ministerio del Comercio Interior.

Sobre el impacto de esta problemática, Yailin Orta sostuvo que no solo son esquilmadores del bolsillo popular, sino que son personas que están atentando contra el bienestar público. “Cuando ocurre un suceso así y encuentran cauces pareciera que es un problema que se muerde la cola y no encuentra salida. Yo misma trato de reaccionar y de no estar pasiva frente a esto, pero en no pocas ocasiones te reprimen si protestas o se generan tensiones, y uno trata de estar en armonía y de defender lo coherentemente establecido. Y no nos podemos cansar porque después es un tatuaje imborrable en el mapa social nuestro. Hay que tratar de que sea un problema que se vaya solventando, y las estructuras tienen que estar vigilantes, porque ese control es parte de su deber ser… tampoco se puede obviar que el inspector es un ser humano y puede ser sobornado y podría formar parte de ese problema. Por ello tiene que haber una articulación de parte y contraparte”.

La propia prensa, dijo, forma parte de los mecanismos de regulación social, del control. “Estamos ante una realidad muy compleja, uno lo comprueba ante la propia sección de Acuse de Recibo que es una tribuna permanente de estos problemas,  y a veces los lectores presentan como un acto de heroicidad cuando se cumple el deber ser porque sienten que no es una práctica cotidiana”.

Maricel Pedroso insistió en que en ocasiones estamos desprotegidos por desconocimiento. “Un plato se elabora a partir de una carta técnica y no hay hábito de informar sobre ello. Y destacó que como mismo no todos los dependientes roban, no todos los inspectores son corruptos”.

En el programa se conoció que la población también debe acudir más a la resolución 214 del Ministerio de Finanzas y Precios, en la cual se establecieron precios homogéneos para más de cien productos de fabricación nacional que se venden en la red minorista en CUC.