La justicia debe ser siempre una causa universal

Por Yailin Orta Rivera, especial para la Mesa Redonda

Fotos de Roberto Garaicoa

Son más de 16 años de injusticia prolongada. Cinco cubanos buenos conocen bien el peso de estos duros días con sus noches, y tres de ellos aún cumplen años tras las rejas, como es el caso de Ramón Labañino, quien llegó a sus 51 este lunes en una penitenciaría  de Kentucky, Estados Unidos.

Pero qué cargos se le imputan a estos hombres, digámoslo sin eufemismos: ser cubanos, y defender a la Revolución desde suelo norteamericano de los grupos terroristas de Miami que desde hace más de cinco décadas mantienen una postura beligerante contra el pueblo y Gobierno de la Isla. Al tener las pruebas conseguidas por los Cinco, lo más que podía hacer un gobierno que se respete era deportarlos por no declarar el propósito de su estancia en EE.UU.

Pero no. Para ellos estas fueron razones suficientes para que fueran condenados tras juicios más políticos que penales, en los que se distorsionaron y violaron sus derechos. Desde la detención, aún sin cargos jurídicamente formulados, fueron llevados a celdas de castigo y permanecieron allí durante 17 meses, sin contacto con los familiares, para que confesaran un delito que no cometieron.

Luego fue invocada y aplicada una Ley sobre secretividad de documentación para entorpecer el acceso a la evidencia; y llevado a cabo un juicio con violaciones manifiestas de la Constitución de EE.UU., la ley estadounidense y el Derecho Internacional.

Los Cinco no tuvieron acceso a documentos clasificados, no penetraron agencias estatales, ni buscaron información secreta. Solo se infiltraron en organizaciones terroristas que planeaban acciones contra Cuba.

El jurista Rodolfo Dávalos precisó que aún hay personas que piensan que el caso de los Cinco es el resultado del diferendo entre Cuba y Estados Unidos, cuando en realidad el juicio contra estos luchadores antiterroristas constituye la quiebra del sistema judicial estadounidense, que va desde las violaciones de procedimiento hasta sentencias absurdas.

En opinión del profesor Dávalos, reclamar la justicia de los combatientes contra el terrorismo es una necesidad justificada por su causa, porque ni son espías ni cometieron ningún delito para cometer espionaje, porque las fuentes de su labor de inteligencia no fueron las instituciones de Estados Unidos sino grupos con conexiones terroristas, vinculados a hechos delictivos y solo el ruido ensordecedor de la solidaridad derribe los muros de la Casa Blanca.

Por ello las personas honestas se han sumado a esta lucha por su regreso, como lo demuestra la III Jornada de Solidaridad en Washington,  en la que participan más de 500 personas de 26 países, y ha contado con una manifestación pacífica frente a la Casa Blanca que pidió la liberación de los antiterroristas cubanos, al tiempo que parlamentarios portugueses, italianos y españoles solicitaron al presidente norteamericano Barack Obama la excarcelación de los luchadores de la mayor de las Antillas.

Según Alicia Jrapko, coordinadora del Comité Internacional por la Liberación de los Cinco, desde el pasado 4 de junio abogados, parlamentarios, religiosos, escritores, artistas, sindicalistas, artistas y amigos de la justicia, buscan desde la capital estadounidense aumentar la presión política para lograr una solución.

Una de las actividades principales del programa de esta Jornada fue una conferencia que debatió el futuro de las relaciones entre Estados Unidos-Cuba mediante distintos paneles que incluyeron, entre otros, la actualización del caso, la historia del terrorismo contra Cuba y los intercambios culturales en el actual gobierno.

Para el reverendo Raúl Suárez, director del Centro Memorial Martin Luther King Jr., la batalla por la liberación y regreso de los Cinco a la Patria es un tema sensible, respaldado por los principios éticos y la fe cristiana de un amor a Dios a través del más amplio sentido de humanidad.

Añadió el líder religioso que difundir la causa de los Cinco entre los creyentes cubanos durante todos estos años ha permitido unir las confesiones en una labor ecuménica en torno al tema de los Cinco, expresada en la Plataforma Religiosa que nos ha fortalecido para expandir la solidaridad de estos hombre a todas las latitudes del planeta.

El proceso penal ya concluyó. Se presentó el Habeas Corpus, que es un proceso extraordinario, interpuesto ante la jueza de primera instancia que les juzgó. En el caso de Gerardo Hernández, desde el 2011 se presentó esta apelación colateral al amparo del Código de Procedimiento Penal Federal estadounidense, que autoriza esta acción por una sola vez a un sancionado cuando surgen evidencias de violaciones constitucionales de sus derechos. Se presentaron también Habeas Corpus para Ramón y Tony.

La acción se fundamentó en el hecho de haber conocido que un grupo de periodistas en Miami fueron pagados por el Gobierno (la Fiscalía) para publicar artículos, noticias falsas y comentarios tendenciosos sobre los Cinco, llamándoles «espías», con el objetivo de confundir a la opinión pública en la Florida e influir en los jurados.

Durante el proceso se publicaron 1 111 artículos de esta naturaleza, a razón de cinco diarios (casualmente, uno por cada acusado). Este hecho, debidamente probado, es una flagrante violación constitucional pues permite que la maquinaria propagandística gubernamental y los fondos destinados a ella, se utilicen en un proceso, donde la Fiscalía está obligada a probar la culpabilidad de los acusados. Es una violación de la integridad del juicio, de la quinta y sexta enmienda de la Constitución de EE.UU., que tutelan, respectivamente, el derecho del acusado al debido proceso legal y a un juicio justo con un jurado imparcial.

Se dio traslado de esta solicitud a la Fiscalía y esta se opuso. La defensa presentó su réplica, también contestada por la Fiscalía y se pidió una audiencia o vista oral para sostener los argumentos. Esto está pendiente de decisión por Joan Lenard, jueza que llevó el proceso en el Distrito Federal de Miami Dade. La ley no estipula un término para que la jueza ofrezca su decisión.

Sin embargo, el Presidente de Estados Unidos —como en la generalidad de los países— tiene facultades para poner en libertad a nuestros compatriotas mediante el indulto administrativo.