Artemisa: una provincia sobre rieles

Por Yailin Orta Rivera, especial para la Mesa Redonda

Fotos de Roberto Garaicoa

Desde que en 2010 entrara en vigor la nueva Ley de División Político Administrativa, aprobada el primero de agosto por la Asamblea Nacional del Poder Popular, sobre Artemisa —y su hermana Mayabeque— se concentraron esfuerzos diversos, no solo en función de que comenzaran a tener rasgos singulares de provincias, sino con el propósito  de diseñar y proyectar un nuevo modelo de gestión de Gobierno. Con esta modificación también se estableció una organización más racional y funcional en aras del desarrollo económico y político del país, y del eficiente desempeño del Estado.

Desde entonces, Artemisa comprende los 11 municipios siguientes: Bahía Honda, Mariel, Guanajay, Caimito, Bauta, San Antonio de los Baños, Güira de Melena, Alquízar, Artemisa, Candelaria y San Cristóbal, y su capital es la ciudad de igual nombre.

A sus valores también se suma la rica herencia cultural en las artes y el deporte que tienen los hijos nacidos en esta tierra y ese baluarte mayor de ser cuna de muchos de los jóvenes que, liderados por Fidel, nos trajeron hasta aquí desde el Moncada.

Próximo a que en este agosto cumpla 3 años de fundada, la joven provincia fue seleccionada como sede de los festejos por el aniversario 61 del asalto que protagonizaron 28 de sus mejores hijos. El pueblo recibió este reconocimiento inmerso en la experiencia de la aplicación de nuevas concepciones en la dirección política y administrativa del territorio, y con el experimento cardinal de un nuevo sistema de comercialización de productos agropecuarios, que contribuye a reducir las pérdidas en el proceso de comercialización y simplifica los vínculos entre el productor agropecuario y el consumidor final.

Juan Domínguez, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, explicó en la Mesa Redonda de este miércoles que uno de los componentes esenciales de la provincia es la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM), que permitirá incrementar la exportación, la sustitución efectiva de importaciones, los proyectos de alta tecnología y de desarrollo local, así como contribuir a generar nuevas fuentes de empleo, en la cual laboran hoy 1 500 artemiseños.

Entre las virtudes de este terruño destacó el hecho de que ocupa un lugar preferencial en la entrega de 63 mil 788 hectáreas de tierra a personas naturales y jurídicas para el desarrollo de la ganadería y los cultivos varios, es la mayor productora de viandas y de huevos del país, incrementa la venta de tabaco torcido y de la capa que se exporta, y estrenó, además, una nueva forma de organización de los estudios universitarios con la creación de su Universidad.

Sobre la aplicación de nuevas concepciones en la dirección política y administrativa del territorio, dijo que la responsabilidad de este importante ensayo radica en que sus resultados permitirán extenderlo al resto del país.

Entre los beneficios, reconoció que separar las funciones de los consejos de la Administración y la Asamblea del Poder Popular ha disminuido las cargas de reuniones, los excesos de comisiones de trabajo y ahora los delegados no tienen que desgastarse en funciones administrativas. “Además, antes el presidente estaba comprometido con los resultados de la gestión de la administración local, y eso limitaba su control y exigencia hacia esta”.

También se racionalizó la estructura de la Asamblea y se le puede dar un seguimiento más amplio a la gestión del Consejo de la Administración del Poder Popular. Como particularidad, el jefe y los miembros del Consejo no tienen que ser delegados a las correspondientes asambleas. Esto posibilita, según Domínguez Miranda, la designación para esos cargos de cuadros y dirigentes con dominio de la actividad administrativa. “Ahora muchas de las comisiones son atendidas por profesionales, lo que obliga a estos dirigentes a estar más preparados y a que puedan ejercer un uncontrol y una fiscalización mucho más eficaz”.

Dijo que se cuenta con más tiempo de preparación de los propios delegados, los que son de nivel provincial se reúnen en dos ocasiones, y los de los municipios tienen preparaciones más sistemáticas.

Son atribuciones de la Asamblea el cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones adoptadas por los órganos superiores del Estado, así como designar o sustituir al jefe del Consejo de la Administración, o a sus miembros, si el jefe de la Administración lo solicita.

Es la responsable también de consentir la política general que se acuerde para el territorio, a partir de las propuestas de la Administración, y aprobar los planes de ordenamiento territorial, urbanísticos, económicos, sociales y del presupuesto, así como de fiscalizar su ejecución.

Debe, además, conocer y evaluar los informes de rendición de cuenta del Consejo de la Administración, fortalecer la prevención y el enfrentamiento a las ilegalidades y prestar atención al mantenimiento y desarrollo del orden interior y la capacidad defensiva del territorio.

En el modelo anterior —presente aún en el resto de la Isla—, la misma persona administraba y atendía las tareas de la Asamblea. Raúl Rodríguez Cartaya, jefe del Consejo de la Administración de Artemisa, quien además fue presidente de la Asamblea, señala que con esa dualidad la mayor parte del tiempo del Presidente era dedicado a la administración, restando atención a la base de nuestro sistema político: los delegados de circunscripción.

Añadió que ahora, al tratarse de dos personas diferentes, aumenta el nivel de exigencia del Presidente para con la Administración, en función de dar respuesta a planteamientos y problemas de los electores. La Administración rinde cuenta de su gestión ante la Asamblea sin ningún tipo de comprometimiento entre ambas partes.

En su opinión, esto permite mantener estabilidad en el trabajo en medio de procesos eleccionarios, pues de haber cambios en la dirección de la Asamblea no se crean baches por falta de conocimiento, procesos de recepción y entrega de cargos, al ser la administración la encargada de dirigir las actividades económicas y de servicios.

A las administraciones les corresponde, sostuvo, garantizar el cumplimiento de las disposiciones y los acuerdos de los órganos superiores del Poder Popular y de la Asamblea Provincial del Poder Popular; implementar las políticas y normativas emitidas, acerca de las funciones establecidas en su territorio, por los órganos superiores del Estado, del Gobierno y de la Asamblea Provincial; proponer la designación o sustitución de los miembros del Consejo de la Administración; dirigir en su demarcación la ejecución de las políticas programadas y planes aprobados por los órganos superiores locales del Estado, y colaborar en la elaboración de los proyectos del plan económico y el presupuesto de las entidades subordinadas.

Son las administraciones las responsables de presentar a las respectivas asambleas los proyectos del plan de reordenamiento territorial y urbanístico, económico y de su presupuesto, y rendir cuenta a la Asamblea cuando esta lo solicite, entre otras tareas.

Ambas autoridades coincidieron en que aunque la experiencia tiene poco tiempo, el nuevo modelo ha arrojado resultados positivos, como el ahorro considerable de recursos humanos, financieros y materiales, así como un crecimiento favorable en los principales renglones económicos. El modelo, todavía en fase experimental, se evalúa constantemente con el fin de ajustar lo necesario sobre rieles.