Precisiones necesarias sobre el Decreto-Ley 322

Por Yailin Orta Rivera, especial para la Mesa Redonda

Fotos de Roberto Garaicoa

Las modificaciones a la Ley General de la Vivienda con el Decreto-Ley 322 tienen entre sus principales alientos, encauzar soluciones a uno de los problemas más sensibles que atraviesa el país: el déficit y deterioro de la infraestructura habitacional, en tanto se vigoriza el ordenamiento territorial y urbano, y el enfrentamiento a violaciones e ilegalidades.

Entre los aspectos más relevantes de los cambios, Oris Silvia Fernández, presidenta del Instituto Nacional de la Vivienda, mencionó en la Mesa Redonda los relacionados con el reglamento de viviendas vinculadas y medios básicos, que establece que se reduce el término legal de ocupación de las viviendas vinculadas  de 20 años a 15 años. En las viviendas medios básicos su permanencia será de uso temporal, o sea, por el tiempo que requiera la función que realizará el arrendatario y no para resolver problemas habitacionales; el pago de las viviendas vinculadas será al 100% del precio legal inicial, el que se pagará en 180 mensualidades (15 años); y todos los medios básicos pagarán uso y disfrute de la vivienda durante el tiempo de permanencia en el mismo.

Añadió que los titulares de viviendas vinculadas que, de acuerdo con las regulaciones vigentes tienen derecho a adquirir la propiedad a los 20 años, pueden optar por la misma al arribar a los 15 años, aplicando lo normado por las nuevas disposiciones. Así como los arrendatarios realizarán a su costo la conservación, mantenimiento y rehabilitación de la vivienda vinculada.

Explicó igualmente que a partir del 5 de enero los jefes de los órganos, organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales, organizaciones políticas, de masas y sociales, en un período de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente reglamento, realizarán la depuración de su fondo de viviendas vinculadas y medios básicos para ajustar las viviendas de su patrimonio a las necesidades de sus dependencias y suprimir las irregularidades existentes.

Se detuvo en que a los arrendatarios de viviendas de medios básicos podrán transferírselas en propiedad, podrán pasar a arrendatarios permanentes, pasar de medios básicos a vinculadas, o pueden ser reubicados en otros inmuebles si la entidad tiene interés de recuperar estos para otros fines.

Por ejemplo, puede haber inmuebles declarados medios básicos que fueron divididos en varias viviendas, y estos van a tener un tratamiento diferenciado. Con estos medios básicos se ha conveniado que los Consejos de la Administración determinen si quienes los ocupan van a ser arrendatarios permanentes o si se le va a transferir en propiedad. Para ello, puntualizó, tienen que tener los metros cuadrados y cumplir con todos los requisitos para hacerlo una vivienda adecuada. Al tiempo que aclaró que las personas que tienen muchos años en estas viviendas tienen derecho y hay que buscarles una solución.

La vicepresidenta del Instituto Nacional de Planificación Física, Belkys Serrano, se detuvo en el tema de la entrega de terrenos. “En las normativas se establece igualmente un grupo de causales y prioridades para su entrega. Entre ellas están los afectados por desastres; los necesitados de erradicar condiciones de precariedad; los casos sociales y albergados; los ubicados en zonas de riesgo, que incluyen peligros sísmicos, desastres naturales y otros; y además por interés económico-social, definido este último concepto a los efectos de asentar fuerza de trabajo y ga­rantizar el desarrollo económico de algún te­rritorio, y además para solucionar déficits de viviendas, problemas de hacinamiento, de convivencia, y otras relacionadas con el estado constructivo de la vivienda”.

Sobre lo que se hará para masificar todo lo concerniente a este Decreto-Ley, precisó que se ha evaluado la posibilidad de hacer un tabloide para que las personas tengan más conocimientos. A lo que se le sumarán todas las acciones que tienen que hacer los funcionarios del IPF.

En su intervención, aclaró que una de las cuestiones que se flexibiliza es justamente la definición de las superficies máximas que se autorizan para construir por la cantidad de personas. “El Decreto-Ley 322, en el artículo 15, establece que los permisos de construcción se otorguen en cumplimiento de las regulaciones urbanas y de las normas cubanas de construcción, no por las restricciones administrativas”.

Igualmente hizo énfasis en que se norman los procedimientos para la compra, venta, donación y permuta con el Estado de solares yermos, al igual que la cesión y uso de azoteas, ya sea con pago o sin él, como alternativas de áreas y espacios para construir.

Los panelistas además se detuvieron en los edificios multifamiliares, para los cuales existe un programa de rehabilitación y conservación, y esos planes son coherentes con las posibilidades financieras del país. Al tiempo que se explicó que el Estado está responsabilizado con las acciones que se realizan en las áreas comunes: la pintura de la fachada, los acensores, la impermiabilización de las azoteas… y las Direcciones Provinciales de la Vivienda atenderán este proceso.

Jesús Otamendiz, director de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, aseguró que  en medio del reordenamiento y traspaso de las actividades del Instituto Nacional de la Vivienda a otros organismos, se protegerá a los trabajadores de este Instituto que son madres embarazadas, a los casos sociales y a los adiestrados en el proceso de disponibilidad laboral.

El general Samuel Rodiles Planas, presidente del Instituto Nacional de Planificación Física, argumentó en este espacio que la política aprobada coadyuva al fortalecimiento del ordenamiento territorial y el urbanismo, y es parte del proceso de perfeccionamiento de los organismos de la administración pública.

Se cuenta con un cronograma de implantación actualizado que recoge las acciones a ejecutar durante este período, entre ellas organizativas, de capacitación, divulgación, aseguramiento y control.

Hacia lo interno, dijo, cada institución trabaja en un proceso organizativo y de capacitación que permita la atención personalizada que demanda la población, para que se de una respuesta adecuada, en tiempo y con todos los requerimientos que cada caso requiere.

Alegó que “a los organismos responsabilizados se nos exige una atención transparente, profesional y apegada a la ley, y a la vez humana y de respeto a la población. Hay que influir para que las personas naturales y jurídicas, antes de habilitar una vivienda, cumplan las regulaciones establecidas, como garantía de su seguridad y del patrimonio de la nación”.

Reconoció que “los intercambios que hemos tenido nos han facilitado conocer sus preocupaciones e interrogantes sobre los cambios aprobados, lo que nos permite perfeccionar nuestras líneas de acción. Las normas jurídicas facilitan su interpretación, por eso es importante que la población las conozca para que sus derechos sean respetados sobre la base de lo establecido legalmente”.

Apuntó que se desplegará información gráfica que permita informar sobre los tipos de trámites, sus precios, y de manera especial los períodos de respuestas establecidas. “En función de ello contamos con la participación de nuestra población para lograr con éxito la garantía de que cada caso específico se resuelva”.