Las unidades de la gastronomía y los servicios pasarán a modelos de gestión no estatal

Por Yailin Orta Rivera, especial para la Mesa Redonda

Fotos de Roberto Garaicoa

De las 12 988 unidades de la gastronomía y los servicios técnicos y personales que existen en el país, faltan unas 9 000 por pasar progresivamente a ser gestionadas por los cuentapropistas o las cooperativas.

El ensanchamiento en los próximos dos o dos años y medio de esta política, que tuvo su fase experimental en 2009, tendrá como principios que estos establecimientos serán gestionados a través de formas no estatales y se mantendrá la propiedad estatal sobre los principales medios de producción, aunque los equipos, medios útiles y herramientas que se decidan se arrendarán o venderán.

La ministra del Ministerio del Comercio Interior, Mari Blanca Ortega, explicó en la Mesa Redonda de este jueves que uno de los propósitos es mantener los servicios que se prestan y rescatar aquellos que constituyen tradiciones culturales e históricas en unidades emblemáticas, conservando su imagen e identidad, en particular las que atienden programas priorizados. El resto podrá modificar su nombre siempre que este no sea identificativo para la población.

Insistió en que la incorporación de las unidades a formas no estatales se realizará de manera ordenada y gradual, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores, los niveles de actividad y la estructura de los servicios.

La titular puntualizó que anualmente se recaudan 24 mil millones de pesos por el Mincin, y que 9 mil millones de ellos se producen en la gastronomía, y en esta nueva forma de gestión los precios de los servicios se establecerán de acuerdo con la oferta y la demanda, a excepción de los que se decidan centralmente por el Estado.

La Ministra argumentó que los programas priorizados, como norma, se gestionarán como cooperativas no agropecuarias, así como las cafeterías de hospitales, escuelas y centros universitarios mantendrán como mínimo 3 ofertas que se ajusten a la capacidad financiera del segmento mayoritario en dichas instalaciones. Mientras los establecimientos que se encuentren en escuelas y centros universitarios se exoneran del pago de la tarifa de arrendamiento durante el período de vacaciones, si no se presta el servicio.

El sistema de abastecimiento, dijo Mari Blanca Ortega, lo estamos diseñando, así como toda la cadena logística, para poder lograr que los propios productores puedan llevar sus ofertas a las cooperativas. Y esto evita intermediarios y otras vulnerabilidades que existen en la cadena de producción.

Entre las competencias del Ministerio del Comercio Interior también se encuentra el diseño del sistema de control para las formas no estatales de gestión, acorde con su función estatal.

Vladimir Regueiro, directivo del Ministerio de Finanzas y Precios, se detuvo en que a los centros a los cuales se les fije un precio máximo, se les beneficiará con una bonificación de hasta un 10 por ciento sobre las utilidades o los ingresos personales, de forma tal que no tengan pérdidas. “También se establecieron medidas de descuentos de hasta un 20 por ciento a los insumos que adquieren las cooperativas, al tiempo que a los servicios básicos, como electricidad, agua y gas se les aplican las tarifas empresariales, que son más bajas”.

Advirtió que existe un régimen de tributación mínima para los emprendedores que desarrollen estos modelos de gestión en zonas de difícil acceso. “En las unidades de arrendamiento ubicadas en zonas rurales, montañosas o intrincadas se propone aplicar un régimen simplificado para el pago de los impuestos, consistente en una cuota consolidada mensual, cuya cuantía mínima se define por el Ministerio de Finanzas y Precios previa consulta con el Ministerio del Comercio Interior. Las mismas recibirán además un tratamiento diferenciado en cuanto al sistema de abastecimiento”.

Se conoció que las tarifas de arrendamiento de los locales se fijarán teniendo en cuenta sus características y dimensiones, la ubicación, según sea en zona urbana, rural, montañosa u otro tipo de clasificación, sobre la base de que cubran los gastos en que se incurra en el ejercicio de la actividad. Mientras los contratos de arrendamiento se firmarán por un término de hasta diez años, prorrogables por acuerdo entre las partes y se suscribirán de forma individual por cada titular o por las cooperativas.

Como parte de las flexibilizaciones, quienes realicen las reparaciones durante los dos primeros años también pueden recibir bonificaciones fiscales aprobadas por el Ministerio de Finanzas y Precios, así como se incorpora la suspensión de la actividad por el tiempo que se requiera para la reparación, con la correspondiente exoneración del pago de impuestos, contribuyendo solo con la Seguridad Social.

La viceministra del Mincin, Ada Chávez, dijo que las formas no estatales de gestión se aplicarán sobre bases jurídicas, mediante un reglamento que establezca la tipología de los servicios a prestar y las obligaciones que se asumen mediante el contrato de arrendamiento de locales suscrito entre las partes.

Las empresas a las que se subordinen unidades de gastronomía y servicios que pasan a gestionarse de forma no estatal se redimensionan de acuerdo a las nuevas funciones, nivel de actividad y a las relaciones que se les definirán con las formas no estatales de gestión para cumplir su función empresarial.

Donny Hernández, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sumó al análisis que en estas unidades que pasarán a nuevos modelos de gestión la prioridad de incorporación a este trabajo la tienen los trabajadores con contratos por tiempo indeterminado, trabajadores de la unidad que cumplen el servicio social y los trabajadores de la empresa.

Precisó que a los trabajadores que no se incorporen se les aplicará el proceso de disponibilidad, para el cual se dispone que en el primer mes se les paga el ciento por ciento de su salario y el que tenga más de 10 años de servicio se le pagará de uno a cinco meses la garantía salarial”.