Reajustes en la política de la vivienda en Cuba

Por Yailin Orta Rivera, especial para la Mesa Redonda

Fotos de Roberto Garaicoa

Las nuevas disposiciones relacionadas con la política de la vivienda en Cuba fueron actualizadas en la Mesa Redonda de este martes, que dedicará la emisión del jueves a darle seguimiento al tema, pero a partir de las interrogantes y comentarios de los seguidores de este espacio radiotelevisivo.

Oris Silvia Fernández, directiva del Ministerio de la Construcción, explicó que los ajustes se expresan en 5 nuevas políticas que no niegan ni contradicen lo anterior, sino que tienen como objetivo garantizar una mejor organización y transparencia en el otorgamiento de los subsidios, evitar que los subsidios que se entregan se conviertan en fines de lucro, permitir la entrega a personas naturales de viviendas que se comenzaron a construir por el Estado, legalizar las viviendas y reconocer el derecho perpetuo, y modificar las valoraciones de las viviendas para la compra-venta o donaciones.

Yusimi Campos puntualizó que con los 63 mil subsidios que se han aprobado, se han ejecutado más de mil millones de pesos. Y más de la mitad de estos subsidios -unos 32 mil- han sido dedicados a la construcción de viviendas, sobre todo por las afectaciones que han sufrido las personas con los fenómenos climatológicos.

Consideró que los reajustes se deben a que se ha observado, en el seguimiento a la política, un grupo de aspectos que debían ser incorporados a la legislación vigente. “Hay territorios, por ejemplo, en los que las solicitudes son más que los fondos de los que se dispone, y la legislación establecía que había un término de 45 días para dar la respuesta, por lo que para ganar en transparencia y dar una respuesta bien fundamentada, se extendió a 70 los días para darla”.

También abundó en que había que encauzar los problemas que se generaban cuando el beneficiario del subsidio fallecía o se iba del país, como igualmente había quienes decidían no continuar con la ejecución del subsidio en la construcción. Ante esas circunstancias, se añadieron un grupo de principios para fortalecer la política, para hacer un uso más efectivo de ese dinero y fortalecer la actuación de los Consejos de Administración Municipal.

Se acordó, argumentó, que el CAM hará la convocatoria a quienes precisen de subsidios en dos ocasiones al año, y los resultados deben darse en el plazo fijado de los 70 días. Para llegar a la decisión, dijo, las autoridades pertinentes deberán hacer una rigurosa caracterización social de ese núcleo, sus gastos… y definir el límite de los ingresos para ver si puede ser considerado para este beneficio.

Además, se dispuso la cancelación del subsidio para la persona que altera su uso, como la recuperación de esos montos otorgados. Porque el objetivo es perfeccionar lo aprobado en la política de subsidio y que los recursos se utilicen con efectividad.

Oris Silvia Fernández precisó que de 23 000 viviendas que se encontraban paralizadas en su ejecución, se acordó transferir unas 16 mil a personas que estén de acuerdo con terminarla, quienes además deberán pagar el valor del inmueble por los gastos previos en los que incurrió el Estado.

El valor para la transferencia, acotó, es el precio real por el por ciento del valor del precio ejecutado en la obra, a lo que se le sumará el precio de los materiales que no han sido facturados, y si hay algún problema de calidad en algún elemento, ese valor no se considerará en el cálculo del precio.

El pago de esta transferencia podrá ser depositado en el banco a partir de descuentos en 180 cuotas, o las personas podrán solicitar créditos para ir pagando esa transferencia, mientras en los casos que corresponda, podrán solicitar el subsidio. Se darán facilidades además para que estas viviendas se puedan terminar de forma progresiva.

Sobre las personas que comenzaron la construcción de su vivienda y no la han legalizado, porque lo hicieron en momentos marcados por la emergencia, se indicó reconocer el derecho perpetuo de superficie para quienes en esta situación habían sido previamente afectados por problemas climatológicos, lo que les permitirá formalizar su construcción por esfuerzo propio.

Los Consejos de la Administración Municipal, advirtió, podrán reconocer lo construido, siempre que se cuente con el expediente de que es afectado por un desastre. También existen requerimientos, como que estas viviendas deben cumplir con el plan de ordenamiento territorial y urbano. “Se ha dado un año para ajustar este proceso, con excepción de Camagüey, Las Tunas, Holguín, a las que se les dio dos años”.

Vladimir Regueiro, del Ministerio de Finanzas y Precios,  se detuvo en la actualización de la política para el cálculo de los ingresos por los bienes de herencia y las utilidades, que responde a dos objetivos: que haya una disciplina fiscal y se tomen en consideración los valores reales en los cuales se están dando estos actos de transmisión.

Es una decisión, además, amparada en cálculos de evasión fiscal y subdeclaración que se han identificado en estos impuestos, por lo que se han establecido nuevos modelos de referencia. Por ejemplo, salta a la vista que desde el año 2011, de los 210 mil actos de este tipo que se habían realizado,  57 700 fueron declarados de compraventa, y los demás de donación, lo cual evidencia simulación en estos comportamientos. En consecuencia, ha actuado la ONAT en la regulación de la actuación de los infractores de la norma, pero lo que se busca es perfeccionar la disciplina voluntariamente.

Hizo énfasis en que los valores referenciales solo se aplican para el cálculo de los impuestos, cuando resulten superiores a lo que se declara. No obstante, el valor que declaren las partes es lo que se va a considerar y el tipo impositivo sigue siendo del 4 por ciento por el valor de transacción que declaren las partes.

En la Mesa Redonda se dio a conocer que en los últimos tiempos se han entregado 200 mil créditos por un importe que supera los mil 800 millones de pesos. Y en 2014 se vendieron 2 300 millones de pesos por concepto de venta de materiales de la construcción.

Oris Silvia Fernández informó que se transfirió en propiedad unas 10 mil viviendas,  y más de 9 mil personas recibieron beneficios de subsidios, que pueden llegar hasta 85 mil pesos para los materiales, para el pago de la mano de obra y para la transportación. Al tiempo que acotó que es necesario evitar que el otorgamiento del subsidio se convierta en fuente de lucro en lugar de resolver problemas habitacionales.

Por ello, quien haya construido a partir del apoyo del subsidio y luego decida vender su propiedad, deberá reponer al Estado el precio de la vivienda a partir de los precios del mercado, así como reintegrar todo el valor subsidiado. En tanto, las viviendas estatales transferidas por esfuerzo propio serán pagadas, y si se permuta, en ambos casos se arrastra esa responsabilidad.