El presupuesto se asigna no para gastarlo, sino para obtener resultados (+ Fotos y Video)

Fotos: Roberto Garaicoa

Por Yailin Orta Rivera, especial para la Mesa Redonda

Directivos del Ministerio de Finanzas y Precios respondieron este jueves a las opiniones e interrogantes  de la población en la parte final de la Mesa Redonda sobre el Presupuesto del Estado en el 2016.

Vladimir Regueiro, director de Finanzas y precios en ese organismo, aludió a que generalmente siempre los cuestionamientos se concentran en los gastos, porque reflejan un programa social y donde se realizan las expectativas de la sociedad.

En este 2016 está previsto que el total de ingresos ascienda a 52 mil 365 millones de pesos y los gastos a 58 mil 589 millones de pesos, lo que genera un resultado financiero deficitario de 6 mil 224 millones de pesos.

El 90% de los gastos se financia con los ingresos. Mientras el 10% se financia con deuda pública, que hay que amortizar, en un plazo de 1 hasta 20 años y con una tasa de interés del 2,5% anual.

Se detuvo en que para la proyección del Presupuesto se consideran cifras razonables para las condiciones en que operará la economía del país y alcanzar el debido enmarcamiento de los indicadores macroeconómicos.  En tal sentido, los ingresos se planifican a partir de los recursos que se podrán recaudar. No obstante debe trabajarse en identificar reservas y captarlas.

Precisó que las fuentes fundamentales vienen del sistema tributario: del impuesto sobre las ventas, del impuesto sobre utilidades por lo que generan las personas jurídicas, que es uno de los mayores aportes y que están condicionados por la evolución de la economía; los impuestos sobre los servicios, donde tienen participación las formas no estatales, y la contribución por la seguridad social, por los regímenes especiales. Estos ingresos tributarios, dijo, deben formar parte del 71 por ciento de los ingresos totales.

Del mismo modo, la Ley del Presupuesto prevé aplicar en el segundo semestre la contribución especial a la seguridad social y el impuesto sobre ingresos personales a los trabajadores vinculados al sistema empresarial cubano, lo cual está incluido en la Ley 113, pero que se ha aplicado de forma progresiva, a partir de que estén creadas las condiciones económicas y sociales para que los ingresos expresen una capacidad para aportar al presupuesto.

Para garantizar este proceso, aseguró, desde enero se estableció un programa de preparación, que incluye a todos los equipos económicos y contables, a los representantes de los gobiernos locales y provinciales, y de los 19 sindicatos nacionales.

Ante la preocupación de un televidente sobre la conformación del presupuesto, aclaró que antes de hablar de montos, hay que hablar del concepto de la recaudación. “El presupuesto es uno. Y aunque funcione como un sistema donde se integran todos los presupuestos municipales, provinciales y nacionales, todos los recursos de todos los sectores se integran, porque no se trata de reservas que existen para una libre disposición. El que tiene un destino especial es el de la venta de materiales en función de los subsidios, fuera de ello, hay una unidad en la concentración de las cuantías”.

Aseguró que los tributos que aportan quienes se desempeñan en el sector no estatal de la economía representarán este año el 6 por ciento de los gastos financiados por el Estado, lo cual es un aporte superior a los ejercicios fiscales precedentes (en el año 2010 solo aportaban el 1 por ciento).

Insistió en la responsabilidad que tienen las personas jurídicas en el manejo de los ingresos hasta su ejecución, porque son los mayores receptores y quienes más aportan.

Lourdes Rodríguez, directiva igualmente del Ministerio de Finanzas y Precios, se detuvo a explicar en cómo el presupuesto cubre la diferencia de los precios  minoristas de renglones seleccionados, en protección a la población, fundamentalmente a través del subsidio a la canasta familiar normada, por importes de 3 mil millones de pesos; y otros financiamientos que se dirigen a compensar los gastos de la sustitución de importaciones y financiamiento a la exportación de bienes y servicios, que se constituyen en ingresos a los productores.

Se establecieron, dijo, políticas para apoyar a los productores nacionales con el propósito de estimular la sustitución de exportaciones en sectores como el agroalimentario. “En estos renglones se ha concentrado un importante nivel de los gastos,  que en 2014 fueron de 7 400 millones y ahora son de 11 mil millones de pesos en producciones de arroz, de maíz, de carne de cerdo y vacuna… Por ejemplo, a la producción de arroz se destinan unos 7 500 pesos por cada una de las toneladas que se producen, eso representa que cada vez que se le compre un quintal al productor se le pagan 190 pesos y el presupuesto subsidia 174 pesos”.

Comentó que el presupuesto del Estado financia la amortización de créditos para ampliar las capacidades productivas, y el Fondo de desarrollo apoya para compartir las tasas de intereses.

El máster Alejandro Gil, viceministro primero del Ministerio de Finanzas y Precios, añadió que existen gastos para el 2016 que se ha reducido respecto al 2015 en el sector de las personas jurídicas (empresas y unidades presupuestadas), tales como el combustible, la electricidad y las tarifas de transportación de cargas. En adición, se reduce el tipo impositivo de la fuerza de trabajo del 12 al 10%. Todo esto debe impactar favorablemente en la ejecución del Presupuesto en las entidades.

“Se hizo una reducción de esas tarifas al sector empresarial y a las unidades presupuestadas desde el mes de octubre del pasado año, y es favorable porque si una unidad presupuestada tenía un millón de pesos de gastos y en 2016 son 900 mil pesos, piensa que tiene menos, pero tiene respaldo para niveles de actividad similares, porque hay gastos que son más baratos que en 2015, ya que se redujo el precio de la electricidad, del combustible y de las tarifas de transportación de cargas, que están asociadas a los precios de los portadores energéticos.

“Todo ello te permite afirmar que cuando haces una cuenta matemática se demuestra cómo se respalda el mismo nivel de actividad con recursos financieros similares a los del otro año, porque hay servicios en los que se redujeron sus costos. Ese es el cálculo que hay que hacer en cada entidad, para ver cuánto impacta. Hay incidencias en el resto de los precios, porque la reducción del combustible y de la energía eléctrica es un componente importante del costo, y ello tiene que expresarse en los precios de las producciones que se comercializan y de los cuales son compradores las mismas personas jurídicas. Parte de las tareas pendientes es que se revise con los proveedores el impacto que debe tener esta modificación de precios”.

Sobre el consumo per cápita que se subsidia por el presupuesto, Lourdes Rodríguez precisó que ese estudio de gasto ha sido parte del análisis que se hace hacia el interior de los presupuestos municipales y provinciales, que se expresan en los niveles de actividad en la educación, con la cantidad de matrículas, por ejemplo, y en la salud con los pacientes hospitalizados… Son niveles de actividad que aunque la población los recibe de manera gratuita, sí inciden en el patrón de evaluación de las asignaciones. En término de números, el presupuesto del Estado tiene un total de recursos de más de 36 mil millones, y el 70 por ciento están asociados a servicios estrictamente gratuitos, que son 25 mil millones en la Educación en todos los niveles de enseñanza, la salud, la cultura y la asistencia social”.

A estos gastos, agregó, se le suman los subsidios destinados a mantener la canasta normada, a la que se le dedican unos 3 400 millones de pesos, o al respaldo del programa de la medicina natural y tradicional, que se comercializa a precios minoristas. “Hay otros elementos ya señalados que tienen repercusión directa como la entrega de materiales de la construcción de forma subsidiada y de módulos de cocción, como parte de la atención que se le ofrece a más de 100 mil núcleos beneficiados por la asistencia social”.

Por otra parte, Vladimir Regueiro se detuvo en que los presupuestos municipales tienen expresión significativa dentro del Estado. “En tanto, la contribución de un trabajador por cuenta propia, de las cooperativas y de otras formas de gestión no estatal, es para su municipio, pero esos ingresos no son suficientes, y se hacen transferencias desde el central”.

Sostuvo que  se aprobó en la ley 113 uno de los tributos más novedosos como nueva forma de redistribución de ingresos: la contribución territorial para el desarrollo local desde 2013, que comenzó de forma experimental en Artemisa y Mayabeque, y ahora está en todos los municipios.

Destacó que la decisión de aprobar el empleo del presupuesto en el municipio corresponde a la Asamblea Municipal de ese territorio, que es la que aprueba los programas de gastos. Al tiempo que argumentó que aunque el presupuesto se aprueba a nivel de municipio es importante que haya participación en la aprobación y en el control de este.

En los minutos finales, el viceministro Alejandro Gil subrayó que por las propias características de nuestro sistema social, a lo que se suman limitaciones como el bloqueo, “asciende a más de 58 mil millones nuestro gasto público, pero se dedican más de 8 mil millones de pesos a más de 9 mil escuelas y a casi 2 millones de estudiantes, en tanto en la salud hay más de 150 hospitales, más de 400 policlínicos… El presupuesto está esparcido, y en cada rincón se está utilizando”.

También aclaró que el presupuesto se asigna no para gastarlo, sino para obtener resultados. “Hay que ver si con 800 mil alcanzaste los objetivos que tenías previstos con 1 millón, por eso es tan importante la calidad del gasto. Se han puesto ejemplos de cómo hay que ganar más cultura sobre el presupuesto y en su control popular. Ese dinero es del pueblo, y nosotros lo que hacemos es administrarlo y velar porque se haga de la forma más eficiente”.