Por Yailin Orta Rivera, especial para la Mesa Redonda
Fotos: Roberto Garaycoa
El escándalo de las empresas offshores conocido como los Papeles de Panamá o Panama Papers que ha involucrado a decenas de políticos y otras personalidades mundiales, sigue a toda vela y ha sumado nuevos pronunciamientos oficiales de gobiernos y bloques de países, dentro de un contexto mediático en el cual resulta difícil distinguir la veracidad de la manipulación.
Entre los sucesos más recientes relacionados con el tema, estuvo la decisión del gobierno francés de colocar nuevamente a Panamá en la lista de paraísos fiscales, mientras, el presidente de ese país, Juan Carlos Varela, expresó en un comunicado el compromiso de su gobierno de «continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos».
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) —integrada por las 34 principales economías del planeta—, convocó a una reunión de expertos para examinar lo acontecido el próximo miércoles en París, Francia, pero ni Panamá ni Estados Unidos asumieron la iniciativa de la OCDE de compartir información a fin de combatir delitos financieros, recordó la representante de la organización anticorrupción Testigo Global Stefanie Ostfeld.
Los datos filtrados en los Papeles de Panamá cubren el período comprendido entre 1977 y finales de 2015, y muestran cómo funcionan los paraísos fiscales y cómo se mueve el dinero de manera secreta por todo el planeta. Al menos 140 políticos de 50 países del mundo aparecen en la investigación.
Además de objetivos políticos, hay quienes consideran que los Papeles de Panamá son un balón de ensayo de los grandes centros de poder capitalistas creadores de los servicios offshores, en busca del control real de una gigantesca masa de dinero calculada en más de 30 billones de dólares (millón de millones) la cual el sistema financiero necesita limitar, no tanto porque las grandes potencias dejan de recibir decenas de miles de millones por evasión de impuestos, sino por el desequilibrio que genera en las finanzas internacionales.
Los más de 11 millones de documentos extraídos ilegalmente y publicados la semana pasada revelan el abuso rampante de las estructuras legales por parte de los poderosos. El alcance de estas informaciones incluye datos de más de 14 mil bancos, bufetes de abogados, fundadores de corporaciones y otros intermediarios de más de un centenar de naciones, lo cual constituye una pequeña parte de una industria en todo el mundo que alberga miles de millones de dólares.
La experta Carola Salas, en la Mesa Redonda de este lunes, abundó en que el escándalo ratifica el hecho de que ha crecido la riqueza de ciudadanos de determinados países que han puesto sus bienes fuera de sus territorios. “Entre 2000 y 2014 se supone que el 16 por ciento de esa riqueza estaba fuera de los países de orígenes, y entre 2008 y 2015, esa tendencia creció y entre un 20 y 30 por ciento de las riquezas fueron depositadas fuera de sus países de orígenes, por lo que esos recursos han dejado de formar parte de los sistemas financieros y de las fortalezas domésticas de esas naciones”.
La evasión fiscal, expresó, provoca que mientras quienes la practican mantienen intactas sus fortunas, por el otro lado son recursos que dejan de dedicarse a gastos sociales y a otras funciones derivadas de la naturaleza de las políticas fiscales.
“Qué sucede con este proceso: los centros financieros offshores utilizan como mecanismo para atraer capital la baja tributación o a los llamados paraísos fiscales, que eximen del pago de impuestos a los inversores que decidan hacer depósitos financieros.
“Existen, además, una serie de requisitos que cualifican a estos paraísos fiscales, y en primer término está que los datos, los registros personales de los involucrados, no aparecen en los registros públicos, y se establece una suerte de representante formal de los involucrados, lo cual obedece a un proceso muy riguroso de privacidad en el manejo de esas cuentas. Además, existe el secreto bancario, que no debe violarse, salvo que las autoridades requieran que se abran las cuentas por delitos graves”, puntualizó la académica.
En este espacio, también detalló que a nivel internacional, para evitar que esto suceda, se han establecido 12 acuerdos mundiales, los cuales los países deben firmar para no pertenecer a la lista de los paraísos fiscales. La Organización de la Cooperación al Desarrollo muestra cómo podemos encontrar países de zona gris, que son aquellos que están insuficientemente informados respecto a sus operaciones fiscales.
Para Carola Salas, esta realidad da lugar a manejos irregulares como el lavado de dinero, el narcotráfico… porque si es sencillo mantener en secreto la titularidad de una cuenta o una empresa fantasma, si eso es posible, también lo es evadir explicaciones con respecto al origen de los flujos de capital, si están vinculados a contrabando de armas o si están financiando grupos terroristas. Son prácticas irregulares que pueden derivar en procesos directivos que tienen lugar desde la segunda mitad del pasado siglo XX.
“Los últimos años de la década de los 90, en el contexto de la nueva arquitectura internacional y en el marco del G-20, se legislaron las prácticas de funcionamiento de los paraísos fiscales, y a partir del establecimiento de esos grupos se intentaba aumentar la transparencia y supervisar. Pero ha resultado muy complejo, porque es un segmento que funciona para atraer capital lícito, sobre todo en los países con insuficiencias de capital externo, y para los inversores se les ha convertido en una posibilidad real de evadir el fisco, y algunas empresas son fantasmas porque solo buscan no pagar impuestos por ingresos personales, y es una posibilidad de mantener protegida tu fortuna al margen de esos procesos”.
Comentó que es significativa la cantidad de recursos que dejan de utilizar los países en estos contextos, y se da la contradicción de que haya un aumento del capital circulando y de las operaciones que se hacen y que solo el 0,014 por ciento de la población tiene capital en estos centros, lo que habla de asimetrías, de desigualdad, y de desestabilización de las relaciones internacionales a nivel internacional.
La periodista Elsa Claro destacó que cuando uno escucha que a este proceso de filtrado están vinculados especuladores de altos quilates, uno debe suponer que algo turbio tiene que haber en esta revelación, en sus propósitos.
“Todo es muy dudoso”, dijo, al tiempo que recordó que un politólogo francés tiene la teoría de que el propósito en realidad no es más que eliminar los pequeños países fiscales que están afincados en el Caribe, que son una competencia para los países fiscales que están en territorio continental.
Igualemente Mark Toner, vice-portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, reconoció que financió a los periodistas que investigaron los Papeles de Panamá, y que los recursos se entregaron a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
Ha dicho que financiaron a los periodistas de la Organized Crime and Corruption Reporting Project (Proyecto de Información sobre Crimen Organizado y Corrupción) “no para perseguir ciertos objetivos o personas, sino para que realicen investigaciones independientes periodísticas”, una explicación con la que trató de minimizar la operación que constituye delito.
El periódico alemán Süddeutsche Zeitung fue el primero en conseguir el acceso a los 11 millones y medio de documentos de la empresa panameña de abogados consultores Mossack y Fonseca y se los facilitó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Un periodista del diario alemán Süddeutsche Zeitung, ha declarado, bajo compromiso de anonimato obligado por un contrato, que tanto en público, como en privado, recibieron los expedientes de alguien cuya identidad no revelaron y decidieron compartirlos con el ICIJ.
Elsa Claro comentó que el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mark Toner, al admitir que Washington financió a periodistas que hackearon computadoras del bufete y montaron el show denominado Panama Papers, ha destapado una olla de grillos. El error de Toner es que al revelar el financiamiento público de una acción delictiva como es el hackeo, admite responsabilidad en el hecho ilícito de un ente oficial aun cuando crea que la Usaid actuó sin conocimiento de causa, algo sumamente difícil de pensar con los pésimos antecedentes de esa institución que depende del Departamento de Estado.
La Usaid tiene una larga historia negativa en América Latina, el Caribe y otras partes, con denuncias y procesos judiciales muy recientes por acciones ilegales, injerencistas y de espionaje que provocaron su expulsión de Bolivia en mayo de 2013, de Rusia en 2012, y condenas unánimes por el proyecto subversivo de Twitter Cubano, conocido como ZunZuneo.
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