Enfrentar al ruido y a los ruidosos (+ Fotos y Video)

Por Yailin Orta Rivera, especial para la Mesa Redonda

Fotos: Roberto Garaycoa

El paisaje urbano, en no pocas ocasiones, está musicalizado por nuestro estridente comportamiento, que no repara en la armonía que precisa la convivencia ciudadana. Como “contaminación sonora”, han definido los expertos a ese mal contemporáneo que se ha convertido en un problema sanitario y que ha debido regularse por la ley.

El Doctor Manuel Romero, del Minsap, explicó que entre un 70 u 80 por ciento de los cubanos que se someten a altos decibeles pueden presentar trastornos auditivos como la hipoacusia, la irritabilidad o la fatiga auditiva.

Entre los malos hábitos que desencadenan estas dolencias, mencionó escuchar música de discotecas o estar todo el tiempo con un ipod, entre otras tendencias que pueden provocar hipoacusia parcial o total.

Como derivación de esta inadecuada conducta, explicó, se desarrolla un metal de voz con el que se grita. Por otra parte, la irritabilidad y la ansiedad son efectos síquicos que provocan falta de concentración.

El Doctor refirió que los altos sonidos también generan otros efectos como cansancio, secreciones, hipertensión arterial… y que los más vulnerables son las personas que tienen edades extremas.

Manuel Romero dijo en la Mesa Redonda de este martes que el Ministerio de Salud estudia todos los fenómenos ambientales y que este en particular lo considera un problema sanitario.

Además, precisó que los inspectores que controlan este fenómeno no necesitan de un sonómetro para comprobar si es pernicioso, porque cuentan con otros instrumentos a partir de los cuales se conocen los decibeles que se emiten con diferentes actividades.

Sobre este problema sanitario y social,  Jorge Álvarez, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Citma), añadió que la contaminación sonora tiene una regulación muy completa en Cuba.

“En la ley 81 de Medio Ambiente, en su artículo 14, están bien establecidas las contravenciones al respecto. Además, no se puede pensar que esta es la ley del Citma, sino la que establece las obligaciones con el medio ambiente, y está aprobada desde 1997”.

Esta ley, dijo, define todo lo relacionado con las afectaciones a la salud y la responsabilidad del Minsap, así como si las afectaciones son del ambiente laboral entra el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Añadió que los temas ambientales no le son ajenos al Citma, que interviene de conjunto con otros organismos, como el Minsap, en la atención de este problema de salud que es la contaminación sonora.

Igualmente, mencionó, la 81 “está calzada con una norma cubana, que es la 26, que establece los niveles de ruido permisibles en el horario diurno y nocturno, hacia dentro de la vivienda y en los alrededores, y define los distintos tipos como son el comercial, el industrial, el urbano…

Desde el punto de vista de lo que pasa con los que violen lo establecido, apuntó que en el año 2000 se aprobó un decreto ley que sanciona las transgresiones de esa norma con multas y otras medidas que pueden ir desde el decomiso por cometer la contravención, hasta la paralización o el cierre de las actividades que generan ese nivel de ruido.

Jorge Álvarez insistió en que hay un nivel de completamiento desde el punto de vista legal que permite actuar y no dejar impune este tipo de comportamiento inadecuado. También aseguró que hay un decreto que regula todo lo vinculado con el orden interior, y dentro de ello las fiestas, la música alta, la gritería…

Al respecto, el coronel Eddy Sierra Arias, del Ministerio del Interior, dijo que las fuerzas de ese organismo le darán especial prioridad al seguimiento de este problema, el cual se produce fundamentalmente en el sector residencial -más del 80 por ciento se evidencia en esa área-.

“Tenemos, además, una afectación en la vía, porque hay conductores de vehículos y de bicitaxis que utilizan los claxon inadecuadamente o transgreden el régimen establecido al poner música a altos decibeles”.

Comentó que “nos parece importante rescatar el enfrentamiento y la voluntad de toda nuestra población a colaborar en este sentido. Para ello el Minint dispone de un grupo de normas legales, como el decreto 141 o la ley de tránsito… para darle seguimiento a las denuncias de este tipo que nos llegan a través del 106. A partir de ello se han puesto unas 100 177 multas, y en la capital se han identificado unas 62 mil fuentes de ruido, y a todas se les ha dado un tratamiento diferenciado”.

Sierra Arias aludió a que la participación de la comunidad y de las autoridades locales es muy valiosa, además de la actuación de las fuerzas del orden en el enfrentamiento a un problema que no existiría si las personas tuvieran un sentido elemental de disciplina social y de sentido común.

De lo que están haciendo para modificar estas conductas, refirió que ahora mismo “se está desarrollando con el Gobierno de la capital un levantamiento, para identificar de manera más clara y focalizada, y para abordar con más efectividad este problema”.

Como parte de este enfoque integral, sostuvo, están visitando a las personas que han reincidido en estas conductas, y se les ha advertido para ver si de forma profiláctica superan estas indisciplinas.

Igualmente ponderó en su intervención que las fuerzas del Minint mantendrán el enfrentamiento, por la prioridad estatal que se le está dando y por ser este un organismo regulador.

La vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial en La Habana, Isabel Hamze, se detuvo en que se trata de un problema que afecta la ecología acústica.  “Estamos hablando de sonidos que molestan, que estresan y enferman, es lo que llamamos ruido y es algo que en La Habana abunda”.

Acotó que desde que fueron hechas las primeras Ordenanzas de La Habana, desde los tiempos de la colonia, hasta en las más recientes, se establecen las lógicas conductuales, y en todas se hace alusión al control de los ruidos, que es una indisciplina, y se hace mucho énfasis en los que ocurren en las noches, que son los más perturbadores.

Precisó que el Gobierno tiene responsabilidad en varias direcciones: “con las entidades que son subordinadas a la Administración y que emiten ruidos: tenemos fábricas, talleres… y con las propias actividades que diseñamos como pueden ser las fiestas, las ferias… Debemos exigir que se emitan medidas de mitigación de ruido para aislarlo y en la programación de ferias u otras actividades hay que evaluar los horarios más adecuados para que el ruido invada menos la privacidad y tranquilidad de las personas”.

Aseguró que cuentan en La Habana con un cuerpo de inspectores que está facultado y capacitado para aplicar el decreto ley 200, y que resultado de su accionar son las 464 multas que se han emitido hasta el momento, por un valor que supera los 76 mil pesos.

Estas multas, señaló, están vinculadas con las quejas de la población. Al tiempo que destacó que hay entidades estatales que se han multado o se han cerrado, como establecimientos de trabajadores no estatales, en ese caso están dos talleres que se ubicaban en Plaza de la Revolución, que se dedicaban a la reparación de sirenas de carros.

En su intervención, Isabel Hamze advirtió que los capitalinos que fueran víctimas de una situación de este tipo lo podía notificar a través del teléfono 7873-62-91, de la dirección de inspección estatal.

También compartió que como parte de su gestión de gobierno, hace 3 años “hicimos un proceso con los bicitaxis y les dijimos que no podían utilizar ni radio ni grabadoras, porque invaden y contaminan el ambiente”.

En los minutos finales de este espacio radiotelevisivo, Jorge Álvarez argumentó que se va a crear un grupo que se dedicará al tema del ruido, que estará presidido por la Ministra del Citma, a partir de lo cual se han elaborado medidas para el diagnóstico de las principales fuentes sonoras y determinar dónde están los problemas. Además, se clasificarán las medidas.

Como parte de las acciones que se realizarán, se ha pensado en un sistema de barrio-debates para hacer conciencia ciudadana, como se pondrá en práctica el decreto-ley 200 con multas de un monto de 200 a 400 pesos, y el decomiso de los bienes. “Se trata de un conjunto de medidas integrales que pretende involucrar a las personas y hacerle un llamado a la responsabilidad para cambiar este entorno”.