Por: Leticia Martínez
Fotos: Roberto Garaicoa
Emisión: 26/04/2019
Como parte de la gran tarea legislativa que asume actualmente el país, tras la reciente aprobación de la nueva Carta Magna, dos proyectos de Ley se detallan con manos finas por la trascendencia que suponen para el destino de la nación: la Ley de Símbolos Nacionales y la Ley de Pesca, que en sus núcleos centrales ponderan atributos ineludibles del cubano, el respeto a la historia Patria y su condición de insularidad.
Estos fueron los temas puestos a debate en la reciente emisión de la Mesa Redonda, programa televisivo que de manera habitual ubica frente a cámaras las interioridades de las normas jurídicas que estrena el país, en función de contribuir a la cultura que necesita la población cubana en medio de una profunda actualización de su modelo económico y social.
Correspondió al abogado José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, explicar el proyecto de la Ley de Símbolos Nacionales, “la primera que va a desarrollar la nueva Constitución”, que en su artículo 2 precisa: “Los símbolos nacionales son la bandera de la estrella solitaria, el Himno de Bayamo y el escudo de la palma real”.
Será una ley, en su estilo, reglamentaria, inscrita dentro de una amplísima agenda que desarrollará, primeramente, la Ley Electoral; el reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, órganos unidos a partir de la nueva Constitución; el reglamento de las asambleas municipales; así como las normas para instrumentar todo el trabajo de los gobiernos provinciales, del Consejo de Ministros y de la propia Presidencia de la República.
Apuntó Toledo Santander que se conformó un grupo de trabajo, encabezado por el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, “que mensualmente chequea esta actividad legislativa con el rigor al que él nos tiene acostumbrados”.
Específicamente, en la Ley de Símbolos Nacionales se viene laborando desde hace un tiempo. Tanto el General de Ejército, Raúl Castro Ruz, como Diaz-Canel, habían indicado conformar una norma que diera solución a la problemática que vemos todos los días en la sociedad con el uso de los símbolos.
“La Ley 42, del año 1983, aún vigente, es estricta en cuanto al uso de los símbolos y establece muchas prohibiciones. Sin embargo, cada día el pueblo reclama un uso mayor, fundamentalmente de la bandera, además de una mayor presencia de ella en los espacios públicos”. Consideró el diputado que entre la utilización de los símbolos nacionales y lo que establece esa ley existe una gran contradicción.
A ello se suma otra situación, subrayó, “y es que nuestros espacios están ocupados hoy por una serie de símbolos extranjeros y mucha gente solicita tener su bandera, lo cual es un reclamo justo, lógico y de respeto a ese sentido patriótico de los cubanos”.
En razón de esto, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional tomó la decisión de ejercer la iniciativa legislativa y, apoyada en un grupo de compañeros que colaboraron, trabajó en la conformación de un nuevo proyecto de Ley que está siendo sometido a debate.
Toledo Santander detalló que se realizó un proceso de discusión con los diputados que recorrió todo el país. De manera particular enfatizó que “la Asamblea nuestra no es un órgano permanente, como sucede en otros países… nosotros no reunimos en dos momentos ordinarios durante el año y de carácter extraordinario todas las veces que se necesiten”.
Por ello se precisa trabajar desde antes para lograr consenso en las leyes que se van a presentar en el Parlamento. En tal sentido, se han estado discutiendo los proyectos en las provincias y las reuniones han contado con la participación de 462 diputados — que representa el 76.9% del total— y 863 invitados, entre ellos profesores universitarios, estudiantes, juristas, delegados de las asambleas municipales y provinciales del Poder Popular, así como integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.
En el caso específico del proyecto de la Ley de Pesca también han estado pescadores y demás personas relacionadas con esta rama. En las discusiones de ambas normas jurídicas participaron unas 1 325 personas. Como cuestión novedosa se han sumado los criterios que la población ha emitido a través de la página web de la Asamblea Nacional.
El nuevo proyecto de la Ley de Símbolos Nacionales, que aboga por la flexibilización en el uso de los símbolos patrios, pero sobre todo exige estricto respeto y reconocimiento, contiene seis títulos, 81 artículos, así como seis disposiciones especiales, una transitoria y dos finales.
Precisó Toledo Santander que, producto del debate con los diputados en las provincias, se le añadió un nuevo Por Cuanto que específicamente plantea: “se requiere fortalecer la responsabilidad del Estado, con el objetivo de lograr una mayor educación del pueblo y en especial de los niños y jóvenes, en el conocimiento y respeto a los símbolos nacionales”.
El objetivo de esta ley, apostilló, no es solo establecer una norma, sino crear conciencia de lo que representan los símbolos nacionales y de que cuando nos paramos frente a ellos, estamos venerando la historia de esta Patria.
Entre otros datos, puntualizó que en el documento se establecen claramente, por ejemplo, las dimensiones de la bandera y el lugar que ocupa, lo cual es tema de mucha discusión. “Cuando la bandera se use en acto, ceremonias o reuniones, se sitúa siempre a la derecha de la presidencia o el podio, si fuera el caso, o a la izquierda del observador”.
También contempla un artículo importante donde se expresa que las personas naturales pueden usar la bandera en sus vehículos, portarlas en actos públicos y exhibirlas en sus lugares de residencia o trabajo, observando siempre el respeto y cuidado que se exige en la ley. En esos casos, acotó, no se establece un tamaño específico para ella.
Se flexibilizan, igualmente, los materiales con que se puede confeccionar la bandera cubana. En la Ley 42 se habla solo de un tipo de tejido, pero ahora se abre la posibilidad a diferentes telas o materiales adecuados que permitan su elaboración, durabilidad y empleo.
Es fundamental, por ejemplo, que “la bandera nunca puede tocar el suelo, para eso el asta debe tener tres veces su tamaño. Eso hay que respetarlo”, insistió.
Comentó Toledo Santander que la ley vigente plantea que cuando se oculta el sol hay que arriarla, pero eso genera una contradicción cuando se celebran juegos deportivos o actos en la tarde noche. Por tal motivo, se eliminó la limitante del sol y se argumenta que se iza a inicio de los actos públicos y se arría una vez culminados.
En el caso de su uso para cubrir féretros, se precisa que se hará como muestra de respeto a “las personas de reconocidos méritos patrióticos, revolucionarios, de dirección, científicos, docentes, culturales, deportivos y de servicio al pueblo”. Esto lo autorizará el presidente de la Asamblea Municipal.
A la par, se prohíbe utilizarla como cubierta o tapete de tribunas o mesas; para la elaboración de productos comunicativos con fines comerciales; para estampar firmas sobre ella; y cuando se encuentre deteriorada o haya perdido sus colores originales, no podrá ser usada públicamente.
El jurista llamó la atención sobre que este es un tema de conciencia y puso el ejemplo de los matutinos escolares, durante los cuales se iza la bandera, se canta el himno, los niños están formados, saludando como pioneros, y entonces detrás están los padres conversando amigablemente, como si no estuviera ocurriendo nada. Eso no puede ser así, puntualizó, porque no constituye ejemplo para los niños.
Con el himno queda precisado que “se entona siempre como una marcha de combate, incluso bajo techo. En el proyecto se incluyen además la letra y la partitura”.
PARA CREAR CONCIENCIA
Para el presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el diputado Andrés Castro Alegría, es vital generar una conciencia en nuestra sociedad acerca del reconocimiento y el respeto que se le debe a los símbolos nacionales. No bastará con una nueva ley, si detrás no existen sentimientos bien arraigados en los cubanos.
Esa conciencia se ha comenzado a crear más profundamente en el proceso de debate por todo el país, consideró, y se fortalecerá con la implementación de la norma jurídica.
El proyecto de la Ley de Símbolos Nacionales propone dos títulos destinados a las responsabilidades del Estado, las familias y las instituciones escolares, que los obliga a fomentar el conocimiento de los símbolos, así como promover sus regulaciones y una conducta de respeto hacia ellos.
Es novedoso el proyecto al responsabilizar, por ejemplo, a los organismos formadores con la incorporación en los planes de estudios de elementos sobre el conocimiento y el respeto de los símbolos nacionales. Además reafirma y amplía el compromiso de educadores, personal docente y no docente, en esa imprescindible tarea, porque “cuando se honra a los símbolos nacionales se está cumpliendo con un deber esencial del pionero, del estudiante, del joven revolucionario; hay que estar conscientes de que se rinde el homenaje más alto a las personas que más han dado por la Patria”.
En el caso particular del escudo de la palma real, apuntó, se ratifica su ubicación al frente a todas las aulas cubanas.
Además la nueva Ley insta a los medios de comunicación a desplegar campañas de divulgación sistemáticas para difundir el conocimiento y respeto de los símbolos. A la par, prevé su utilización en los nuevos espacios virtuales.
TAMBIÉN UNA NUEVA LEY DE PESCA
A debate con los diputados de todo el país y conocedores de la actividad pesquera en Cuba, se ha sometido también el proyecto de la Ley de Pesca, el cual implementa la política aprobada por el Consejo de Ministros en el año 2017.
Según detalló el presidente de la Comisión Agroalimentaria del Parlamento, Ramón Aguilera Betancourt, la norma está fundamentada en cinco objetivos: el ordenamiento de los recursos pesqueros; las regulaciones para las autorizaciones de pesca; la definición de las modalidades de pesca; las bases para el órgano consultivo de la actividad; y la creación de los mecanismos para la relación entre los organismos de la Administración Central del Estado que participan en ella.
Durante las reuniones en provincias y en las inquietudes de la población a través del sitio web de la Asamblea, uno de los planteamientos que más resalta es el relacionado con los bajos niveles de captura y cómo Cuba, siendo una Isla rodeada de mar, no tiene una presencia mayor del producto.
Al respeto, el diputado explicó que los niveles más altos de captura se obtuvieron entre los años 1976 y 1992, cuando Cuba contaba con una flota que pescaba en aguas internacionales y capturaba anualmente niveles por encima de 100 mil toneladas de peces, lo cual, unido a importaciones, garantizaba alrededor de 16 kilogramos de consumo percápita. A partir de 1992, con el Periodo Especial, no se pudo sostener esa flota. Además, leyes internacionales limitaron la pesca en muchas zonas.
Ahora, la política aprobada por el gobierno da el mandato al Ministerio de la Industria Alimentaria de que en su programa de desarrollo proyecte un uso más intensivo de la acuicultura de agua dulce. “Para ello hoy el país cuenta con más de 1 200 hectáreas en explotación, que debemos recapitalizar por su situación de deterioro”. A esto se une el despliegue de la camaronicultura. Ambas deben contribuir a incrementar los niveles de producción para el consumo de los cubanos.
“Esta norma, de mayor jerarquía que la anterior, reconoce además al pescador comercial por cuenta propia; le da la posibilidad de organizarse en cooperativas; y también cuenta con la protección de la Seguridad Social”.
Indicó Aguilera Betancourt que el proceso de análisis del proyecto no ha concluido con la consulta a los diputados y, por tanto, se inicia en el mes de mayo un recorrido por varias comunidades pesqueras donde se dialogará con quienes más saben de estos temas. A partir de ello, se enriquecerá el documento que se llevará a la Asamblea Nacional en el próximo periodo ordinario de sesiones.
Con estas dos leyes se va dando respuesta al reclamo popular de que nuestra Asamblea tenga mayores acciones legislativas y tome más decisiones en el ámbito de las leyes del país. Un camino que han comenzado con buen pie, tras proclamarse la nueva Carta Magna de la nación.
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