Aclaraciones necesarias en materia laboral, salarial y tributaria (+ Video)

Por: Oscar Figueredo Reinaldo, Lissett Izquierdo Ferrer

En Cuba se han implementado 20 medidas en materia laboral, salarial y de seguridad social ante la situación que vive el país a causa de la COVID-19, informó este miércoles al intervenir en la Mesa Redonda, Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

La titular reafirmó que las administraciones son las principales responsables de aplicar esas medidas, “están obligadas a ponerlas en práctica”.

Una de las facilidades aprobadas es el trabajo a distancia, sobre el cual -dijo- existen muchas dudas. Explicó que el teletrabajo forma parte del trabajo a distancia y requiere conectividad de manera permanente, al realizarse desde casa.

Se trata de una modalidad, refrendada en el Código de Trabajo, que se impulsó en Cuba desde septiembre del pasado año, a partir de la situación energética del país. En la ley laboral anterior existía un contrato similar, nombrado “a domicilio”. En todo caso, se produce un abandono del enfoque tradicional del empleo, pues limita la presencia del trabajador en la oficina.

Entre las ventajas sobresale que se elimina el tiempo de desplazamiento, por tanto no hay llegadas tardes ni ausencias. Además, el trabajador puede adecuar su horario, lo cual permite que cuando ejerza su labor sea mucho más productivo. Por otro lado, se logra una mejor conciliación entre la vida laboral y familiar. 

La titular del MTSS comentó que la aplicación desde el pasado año de esa modalidad de empleo ya ha tenido resultados, “aunque no los esperados”. En el actual contexto ante la propagación de la COVID-19, esta medida contribuye al aislamiento social, de ahí que se deba potenciar, insistió. 

Hasta enero último 5 509 cubanos se habían acogido a la modalidad del trabajo a distancia. En febrero esa cifra ascendió a 111 942, en marzo eran 260 833, mientras que al cierre de ayer se contabilizaron 557 548.

Feitó Cabrera enumeró las garantías que tienen los trabajadores que laboran en su casa, quienes cobran el 100% de su salario y mantienen el estipendio del almuerzo aquellos que lo recibían. 

La titular llamó a las administraciones a que hagan uso de esta modalidad y no esperen por indicaciones. “Todas las administraciones que tengan trabajadores con posibilidades de laborar a distancia, deben convocar su uso”, reafirmó.

Otras medidas implementadas por el MTSS buscan proteger a los grupos vulnerables, como los adultos mayores o las personas que padecen determinadas patologías, cuyo riesgo ante el nuevo coronavirus es mayor. 

Ese segmento recibe el primer mes el 100% del salario básico y un 60% a partir del segundo mes. Ya hay 42 382 trabajadores beneficiados con esa garantía, precisó la ministra.

Feitó Cabrera aclaró que esos trabajadores no tienen que presentar ningún certificado médico, porque “no podemos mandar a la gente por gusto a las instalaciones de salud”. A la par, señaló el papel que deben desempeñar los sindicatos en exigir la implementación de las medidas.

Ante la suspensión de las clases, que afecta a las madres o tutores, también se mantiene el 100% del salario durante el primer mes y luego el 60% del salario básico. Por ese motivo se han protegido 62 386 trabajadores.

Esa posibilidad se hizo extensiva, aun cuando los círculos infantiles permanecen abiertos, a los trabajadores del sistema de salud, bancario, de comercio y del Ministerio del Interior. “Si una madre decide no llevar a su hijo al círculo se le aplica este tratamiento”, puntualizó.

Al responder una duda reiterada en las redes sociales, la ministra dijo que la medida no solo contempla los círculos estatales, sino también los centros atendidos por asistentes sociales que ejercen por cuenta propia

De acuerdo con Feitó Cabrera, actualmente hay 7 126 trabajadores que reciben el 100% del salario, por encontrarse en ingreso domiciliario. 

Sobre el tratamiento a los interruptos, contabilizados hasta la fecha en 53 573, explicó que “la indicación es priorizar la reubicación laboral”, pues existen muchas plazas que requieren fuerza de trabajo.

El turismo y el transporte son los sectores más afectados por esta situación, en tanto otros como la industria y la construcción reportan menores incidencias.

La titular reiteró que cuando los trabajadores se reubican en otro cargo cobran por la forma de sistema de cargo que corresponda, de no ser así reciben el salario básico de la nueva responsabilidad que ocupan.

Según datos ofrecidos por la ministra, el 42% de los interruptos ha sido reubicado en sectores como la producción de alimentos, en plazas vacantes del sistema de salud, así como en la actividad de pesquisa que se realiza en todo el país. 

La asistencia social fue otro asunto tratado por Feitó Cabrera. En estos momentos hay 4 649 trabajadores sociales en función de atender los núcleos vulnerables.

Al cierre de este martes 14 de abril, ya había sido visitado el 91% de los núcleos vulnerables, que no son solo lo de bajos ingresos, sino aquellos que tienen mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con discapacidad. Mientras, el 90% de los adultos mayores también ha recibido visitas de los trabajadores sociales.

Con respecto a los trabajadores por cuenta propia, la ministra comentó que un grupo hizo ajustes o adecuó sus servicios para continuar trabajando. No obstante, los que laboran en este sector tienen la opción de suspender su negocio sin realizar trámites, facilidad implementada en actividades que de oficio han sido suspendidas.

Argumentó que un grupo de cuentapropistas ha requerido de la seguridad social, sobre todo los contratados y las personas mayores o que tienen a su cargo personas vulnerables.

Para solicitar esta ayuda los privados deben ir a la dirección municipal de Trabajo. También  pueden incorporarse a empleos estatales acudiendo a ese propio organismo o personándose directamente en los centros laborales de la localidad.

La titular del MTSS hizo alusión a los trabajadores cíclicos, quienes tienen contrato a tiempo indeterminado y pautado por un periodo de tiempo. Como ese ciclo está pactado, pero se ha visto interrumpido por la situación que vive el país, la protección laboral se mantiene, aseguró. 

Argumentó que las filiales de la Oficina Nacional de Inspección están trabajando a disposición de los consejos de Defensa, con el objetivo de comprobar el cumplieminto de las medidas aprobadas, entre ellas el trabajo a distancia, la reubicación laboral y la protección a las personas vulnerables.

La ministra dijo que el MTSS ha recibido hasta la fecha unas 5 939 inquietudes, que han servido de base para elaborar materiales explicativos.

El presupuesto estatal está viviendo un redimensionamiento

El plan nacional para enfrentar la pandemia contempla un paquete de medidas financieras que impactan en el presupuesto, en los créditos y en las relaciones financieras de las empresas con el Presupuesto del Estado, dijo en la Mesa Redonda Vladimir Regueiro Ale, viceministro Primero de Finanzas y Precios (MFP).

El presupuesto estatal, argumentó, es una garantía para poder implementar todas las medidas planificadas.

Pese al escenario de tensiones financieras con las cuales se previó el presupuesto para este año, que limitan la creación de riquezas, el 28% de los montos se concentró en el sector de la salud y la asistencia social. “Esto nos pone en mejores condiciones para enfrentar la pandemia”, manifestó.

No obstante, abundó que esos recursos resultan insuficientes para implementar todas las medidas, como la habilitación de los centros de aislamiento, la atención a los enfermos y otras acciones de logísticas requeridas. 

“Todas esas medidas tienen un impacto en el presupuesto, y por eso hacemos un llamado a la responsabilidad compartida que tienen todos los sectores en hacer un mejor uso de los recursos”, alertó.

De acuerdo con el vicetitular, el presupuesto estatal está viviendo un redimensionamiento de sus prioridades, “orientado en primer lugar a respaldar estos gastos extraordinarios en el sector de la salud”, así como garantizar las medidas referidas al empleo y la seguridad social.

Regueiro Ale subrayó que las empresas tienen la responsabilidad de asegurar el control administrativo de esas garantías salariales a sus trabajadores, así como garantizar con sus recursos el pago de los empleados ante la reubicación laboral u otras afectaciones descritas. En los casos que no resulten suficientes los dineros, interviene el Presupuesto del Estado, precisó.

Hay otras medidas relacionadas con las empresas, cuya creación de riquezas ha sido impactada por limitaciones de insumos o contracción en niveles de actividad. La decisión fue considerar una disminución del tipo impositivo de los pagos a cuenta del impuesto sobre utilidades. 

En este caso las empresas deben asistir a las oficinas de Administración Tributaria y solicitar la adecuación de ese tributo. Aunque también tienen la posibilidad de aplazar los plazos para el pago.

Hasta el momento se han realizado solo 80 trámites, lo cual refleja la responsabilidad de las empresas, aunque ciertamente las incidencias en su liquidez se apreciarán en la medida que avance la situación actual, señaló el vicetitular del MFP.

Con el objetivo de mejorar la situación financiera de las entidades que resulten afectadas debido a la pandemia, también se aprobó la ventaja de que puedan liberar los recursos previstos para pérdidas y contingencias, que como norma lo deben hacer al cierre del año.

A la par se indicó a los presidentes de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial, de los consejos provinciales y organismos, que las empresas deben incurrir en los gastos que resulten imprescindibles. 

Esta contracción de gastos también tendrá que ser aplicada en el sector presupuestado, abundó Regueiro Ale, y llamó a esas entidades a que sean responsables en sus análisis.

Por otra lado, las empresas tienen la facilidad de que los recursos relacionados con las garantías a los trabajadores interruptos o bajo otro tratamiento laboral, no están sujetos al pago de la contribución a la seguridad social ni del impuesto por el uso de la fuerza laboral.

Los trabajadores sujetos a esas garantías quedan exentos del pago de la contribución especial a la seguridad social, especificó. Esta medida no se aplica para aquellos que laboren en el sector presupuestado, ni en la Zona Especial de Desarrollo Mariel o en las empresas mixtas.

Para limitar los gastos y afectar lo menos posible al presupuesto estatal, hay una regulación especial sobre cómo formar los precios a los servicios y bienes que se presten a instituciones vinculadas al enfrentamiento a la COVID-19.

En tal sentido, dijo que se estableció un margen de ganancia limitado de solo 5% sobre los costos y gastos. “Se le da una garantía a las empresas, pero también se protegen los recursos del Estado”.

Otras medidas tienen que ver con los trabajadores por cuenta propia, entre ellas el reconocimiento como una causa de suspensión de las actividades la de estar afectados por la COVID-19. 

Las suspensiones pueden ser dispuestas por el Gobierno, como en el caso de los servicios públicos de transportación, que al paralizar impactó en más de 52 000 trabajadores privados.

También se admite la suspensión de las actividades a solicitud del cuentapropista, opción a la que se han acogido 139 000 (el 22%). El impacto en los presupuestos territoriales de esa reducción del empleo se ha evaluado en unos 99 millones de pesos, tanto por las cuotas tributarias mensuales, como por el 10% de los servicios o ventas que se dejan de captar, ilustró el vicetitular.

También se ratificó la facultad de los consejos de la administración municipales de adecuar las cuotas tributarias, cuando las actividades son afectadas pero continúan su funcionamiento. A esta medida se han acogido 13 000 negocios, con una afectación de 2 millones de pesos.

Igualmente se aprobó el aplazamiento hasta el mes de mayo, en un primer momento, de todos los pagos tributarios (cuotas mensuales y Declaración Jurada). En este caso no se aplica interés moratorio.

Aquellos trabajadores cuya actividad quede suspendida tampoco deberán pagar tributos, solo la contribución a la seguridad social.

El acceso a créditos bancarios también fue objeto de cambios ante el escenario actual. El banco declaró una moratoria para el pago de los principales y los intereses por finaciamientos que haya otorgado a las empresas o a las formas de gestión no estatales, cuando demuestran una afectación asociada con la COVID-19.

Para estos trámites se ha hecho un uso importante de los medios digitales, como la aplicación Transfermóvil, cuyas operaciones experimentan un aumento en el mes de marzo del 20%.

El cierre de las oficinas de control y cobro de multas fue una de las medidas tomadas por el Gobierno para contribuir al aislamiento social. El vicetitular significó que el término de este trámite se extendió.

No obstante, se impone un cobro oportuno de las que se impongan por incumlir las orientaciones sanitarias. “El cobro se hará con inmediatez, sin que el infractor tenga que desplazarse hacia las oficinas, sino que realizará el pago en la estación de policía u otro lugar establecido”, concluyó.

En video, la Mesa Redonda