COVID-19: Medidas para mantener la disciplina y el orden social ante esta pandemia en Cuba (+Video e Infografías)

 Por: Lisandra Romeo Matos, Dinella García Acosta

El actuar del sistema de justicia cubano y de los órganos encargados de preservar el orden social y la disciplina ante la actual situación epidemiológica del país, generada por la COVID-19, fueron temas debatidos este jueves en la Mesa Redonda, en la cual comparecieron la Fiscal General de la República de Cuba, Yamila Peña Ojeda, y el coronel Eddy Sierra Arias, segundo jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Al comenzar su intervención en el espacio radiotelevisivo, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) comentó que ese órgano reorientó su trabajo y dispuso la reorganización de las fuerzas, a partir de las medidas adoptadas por el Gobierno y el Ministerio de Salud Pública (Minsap) para el enfrentamiento al nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en la nación.

Aseveró que en estos momentos, la FGR enfoca su quehacer en dos vertientes principales; en primer lugar, asegurar la misión constitucional de control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado, pero también velar por el control de la legalidad.

La Fiscal General se refirió a los principios constitucionales que rigen la actividad de ese órgano, bajo los cuales el Estado ha organizado su actuación en la presente coyuntura, desde cada una de las instituciones.

En ese sentido, mencionó el artículo 41 de la Constitución: “El Estado cubano reconoce y garantiza a la persona el goce y el ejercicio irrenunciable, imprescriptible, indivisible, universal e interdependiente de los derechos humanos, en correspondencia con los principios de progresividad, igualdad y no discriminación. Su respeto y garantía es de obligatorio cumplimiento para todos”.

Igualmente, subrayó lo establecido en el artículo 45 de la Carta Magna: “El ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes”.

De acuerdo con la Fiscal General, estos son aspectos que por estos días se han enfatizado, ya que existe un componente en la responsabilidad individual de los ciudadanos para acatar las medidas como el aislamiento social, el comportamiento en los lugares públicos, el uso del nasobuco, entre otras acciones.

Al hablar de los instrumentos legales existentes para enfrentar una situación sanitaria como la actual, así como los casos en los que actúa el derecho penal, Peña Ojeda afirmó que existe una amplia legislación al respecto.

Mencionó que en Cuba se aprobó desde 1983 la Ley 41 de Salud Pública, la cual establece la responsabilidad del Minsap de organizar todo lo relacionado con la prestación de servicios del Estado para garantizar la salud pública de los ciudadanos.

De manera similar, el Decreto 139/1988 Reglamento de la Ley de la Salud Pública, dispone cuál es la responsabilidad del Minsap de evaluar, organizar e incluso, determinar el papel de sus autoridades ante las violaciones que puedan cometerse desde el punto de vista sanitario.

La Fiscal General informó que de cara a la situación epidemiológica en el país, ese organismo emitió la Resolución 82, donde de manera específica se detallan un grupo de aspectos vinculados con el aislamiento obligatorio, la cuarentena epidemiológica, la prohibición de la entrada a las instituciones asistenciales y sociales para visitar a pacientes e internos, entre otros.

A partir de toda la información brindada al pueblo sobre las medidas obligatorias a acatar por cada persona, “no es posible que hoy existan aún determinadas conductas”, manifestó.

“En el chequeo a la situación de cada uno de los territorios se ha podido constatar el apoyo y cumplimiento mayoritario a todas las medidas dispuestas desde la dirección del país, pero aún hay un grupo de ciudadanos que no las cumplen”, precisó.

“Si cumplimos con todas medidas estamos garantizando la vida”

Peña Ojeda llamó a acatar todo lo que se está disponiendo desde el Minsap y el Gobierno, y reflexionó que “en cada una de las medidas y acciones que hoy realizamos los ciudadanos, estamos garantizando la vida de cada uno de nosotros, y contribuyendo a la vez a la seguridad colectiva”.

A partir de las funciones del Derecho Penal de proteger a los ciudadanos, así como del orden y la promoción de la observancia del cumplimeinto de la legalidad, la titular de la FRG resaltó cómo la ciudadanía también aclama por que se mantengan el rigor y la disciplina en la asimilación de las acciones de protección dispuestas.

En ese sentido, precisó que en el Código Penal cubano hay un grupo de conductas y figuras delictivas que recogen varias situaciones que se puedan dar actualmente, como el no acatamiento de las decisiones, la falta de respuesta coherente ante las autoridades o el descuido de los recursos asignados.

“Han habido casos donde se han radicado denuncias por el delito de propagación de epidemias (artículo 87)”, precisó.

La Fiscal General especificó que ha existido un accionar, en primer lugar, de información y prevención a fin de que se entienda el por qué se deben cumplir las medidas sanitarias indicadas; “pero hay ciudadanos que aún se resisten a hacerlo”.

“Igualmente, han habido conductas contra agentes de la autoridad”, ejemplificó, y dijo que “no se pueden tolerar”.

Principales conductas delictivas ante el panorama de la COVID-19

En otro momento del programa, la Fiscal General de la República se refirió a las principales conductas delictivas en el país asociadas con la situación epidemiológica actual.

En primer lugar, señaló la de Propagación de Epidemias, con el mayor porciento de hechos a partir de manifestaciones de desobediencia y resistencia cuando las personas son requeridas en el cumplimiento inmediato de las medidas higiénico-sanitarias.

Otros delitos se relacionan con la especulación, el acaparamiento y la apropiación indebida, “en momentos en que se desarrollan esfuerzos para garantizar que los recursos de la economía se pongan a disposición de toda la población”.

“Si bien hay una responsabilidad desde los individuos, también desde las administraciones, encargadas de distribuir y velar por que las medidas de control se garanticen de la manera más efectiva”.

El Tribunal Supremo Popular ha celebrado hasta la fecha 102 juicios en el país, con 114 personas juzgadas. De ellas, el 71 por ciento fueron sancionadas a privación de libertad y “eso ha tenido que ver con las características de los delitos y la manera en que acontecieron”, explicó.

De acuerdo con Peña Ojeda, también se han impuesto multas a los ciudadanos y decomisado bienes vinculados con la comisión de los hechos delictivos.

La Fiscal General insistió en la severidad que ha de primar, así como en la responsabilidad de garantizar el orden y la disciplina de conjunto con los órganos del Ministerio del Interior, mientras reiteró que en todo momento se respetan las garantías de los ciudadanos.

Continúan los procesos en los tribunales a partir de la situación en cada territorio

Por otra parte, se refirió a la publicación en la Gaceta Oficial de la Instrucción 248 del Tribunal Supremo Popular, que organiza la manera en que continuarán los procesos a disposición de los tribunales a partir de la situación concreta de cada territorio.

“De la misma manera, fue dictada este año la Resolución 24 y se revisan todos los procesos, de forma tal que se puedan tomar decisiones procesales en cada uno de ellos”, esclareció.

“Hay un grupo de hechos graves que mantendrán durante esta etapa un seguimiento y cuando las condiciones lo permitan, se realizarán los juicios y se culminarán los procesos”, argumentó.

Según la titular de la FGR, en varias provincias y sobre todo en la capital, se desarrollan otras acciones vinculadas con el control de la legalidad a partir de decisiones de los Consejos de Defensa.

Tal es el caso de los mercados agropecuarios, donde se han detectado violaciones en el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, la protección al consumidor, la omisión de los listados de precios y la permanencia en almacén de productos que están dispuestos para la venta.

En cuanto a la atención de los ciudadanos, la Fiscal General informó que desde el 24 de marzo han sido atendidas más de 7 000 personas por todas las vías, mientras que las principales temáticas tratadas se han correspondido con la situación concreta del país y los procesos que hoy se mantienen en tramitación.

Por último, la magistrada llamó a que en este momento difícil por el que atraviesa el país, “se mantenga la decencia y la solidaridad, y a no permitir que aflore la desidia ni que determinadas personas menosprecien la unidad del pueblo cubano en torno al Partido, la Revolución y a los máximos dirigentes”.

Un trabajo de todas las fuerzas del orden interior

Al comparecer en la Mesa Redonda, el coronel Eddy Sierra Arias, segundo jefe de la Dirección General de la PNR, dijo que ante las indicaciones y precisiones del General de Ejército, Raúl Castro; el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, la jefatura del Ministerio del Interior (Minint) y el resto de las autoridades del país, la PNR diseñó e implementó planes en todo el país con el objetivo esencial de acompañar todas las medidas estatales y hacer cumplir las leyes y normas en la ciudadanía para vencer esta pandemia.

Según explicó el coronel, el Minint ha tenido que ajustar sus modelos de actuación ante cada escenario, dinámica y etapa por la cual el país ha estado transitando.

Sierra Arias precisó que “no es sólo un trabajo de la policía, sino de todas las fuerzas del Interior: los órganos en la frontera, los que protegen a las fuerzas y aseguran sus condiciones de vida y los cadetes que están en su totalidad apoyando el patrullaje, cuyo objetivo en general es defender y proteger al pueblo ante esta enfermedad”.

En este sentido, señaló el esfuerzo para hacer cumplir todas las medidas llevadas a cabo el país para enfrentar el nuevo coronavirus:

En este sentido, señaló el esfuerzo para hacer cumplir todas las medidas llevadas a cabo el país para enfrentar el nuevo coronavirus:

• El arribo de todas las personas que han entrado por frontera.
• El aseguramiento a las caravanas de viajeros que llegan a los centros de aislamiento.
• La protección de la vía pública mediante la vigilancia y el patrullaje.
• La protección de los centros y recursos destinados a asegurar el enfrentamiento la esta pandemia.
• El aseguramiento al traslado de las mercancías para a la población.
• El control y supervisión de los lugares donde se depositan las cargas y el traslado mediante ferrocarriles.
• La protección a las bodegas donde existen niveles de recursos importantes para asegurar el servicio a la población.

El segundo jefe de la Dirección General de la PNR apuntó que esta labor lleva el esfuerzo de todos. “No es solo una labor del Ministerio del Interior, sino mancomunada con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), las Tropas Especiales y otros órganos que contribuyen a la garantía del orden y la seguridad ciudadana, así como la estabilidad del Estado en este momento”.

El coronel destacó la labor de las brigadas de protección contra incendios y de las FAR en la desinfección de las calles en horarios en que las personas están en casa, para mantener la higienización y tranquilidad.

Al hablar de un trabajo que se implementa progresivamente, en correspondencia con las medidas tomadas por el Estado, Sierra Arias destacó la labor de la PNR en la organización de las colas en las tiendas y la rectificación de conductas en las calles que aún prevalecen en menor número, las cuales “no están acordes con el momento que estamos viviendo y que han llevado el tratamiento jurídico apropiado”.

Asimismo, el coronel dijo que se ha incrementado el enfrentamiento a acciones de desafío a las autoridades.

“Debemos hacer llegar el mensaje a la población que al requerir a una persona estamos protegiendo su vida y el bien colectivo sobre el bien individual, refrendado en nuestra Constitución. Es un combate por la vida y en ese combate no podemos titubear”.

Con este objetivo, la PNR ha incrementado la labor persuasiva, preventiva y profiláctica en el trabajo con grupos como ancianos y menores que continúan en las calles. Se trabaja, además, en el enfrentamiento y detención de todo aquel que pretenda lucrar con los bienes del Estado.

Se trata, según Sierra Arias, de modelos de actuación en tiempos normales, pero en los cuales se insisten en el momento actual. “Mantener el rigor y la firmeza, pero también el tratamiento diferenciado y humanista con cada persona”.

El coronel aseguró que persiste la estabilidad social, pues aunque se continúa trabajando en preservar el orden, la inmensa mayoría del pueblo ha acatado las normas indicadas.