Acciones de los servicios jurídicos y procesos penales en las tres fases de la etapa de recuperación del país pos-COVID-19(+Video).

Al intervenir en la Mesa Redonda, el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, explicó que durante todo este periodo de enfrentamiento a la COVID-19 la actividad judicial no se ha detenido.

Por ejemplo, se mantuvieron activas las operaciones del Registro del Estado Civil, en las cuales se realizaron un total de 16 806 inscripciones de nacimientos, 19 770 defunciones y 6 758 trámites para pensiones por fallecimiento.

“Son hechos y actos de gran trascendencia para las personas y que había que tenerlo en activo. Este es una garantía en nuestro país de cara a los derechos de ciudadanos. Hemos impulsado un concepto en los Registros del Estado Civil muy importante que es la digitalización de los procesos y lo hemos logrado en 41 hospitales”, subrayó.

A la par, en el Registro Central de Sancionados se ejecutaron 20 449 solicitudes de antecedentes penales de las autoridades policiales y judiciales. También funcionaron la Caja de Resarcimiento para el pago de las pensiones y determinados cobros y pagos de cuantías disponibles y “otros puntuales e imprescindibles servicios notariales como los relacionados a los colaboradores de la Salud”, precisó.

Otras actividades jurídicas que no cesaron su trabajo fueron las relacionadas con la inversión extranjera. Igualmente, “mantuvimos el propósito de avanzar en la estrategia de informatización en los Registro del Estado Civil y nuestras notarías, así como se le dio una atención al funcionamiento de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, las empresas de Consultoría Jurídica y los seis bufetes especializados del Ministerio de Justicia”, abundó el titular.

Además, prosiguió, “sostuvimos el cumplimiento de la actividad legislativa y de nuestra labor de asesoramiento al sustento de las medidas adoptadas para el enfrentamiento a la COVID-19”.

Sobre este último punto, subrayó que se aprobaron siete decretos-leyes, en tanto se trabaja en otros siete y en 13 leyes y 32 grupos de normas jurídicas que implementan Lineamientos, lo que representa aproximadamente 160 disposiciones normativas.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia tiene a su cargo, según este cronograma, la elaboración de seis normas jurídicas de rango superior, como el Código de las Familias, el Código de Contravenciones, la Ley de Asociaciones, la Ley de las Notarías Estatales, la Ley del Registro del Estado Civil y el Decreto-Ley sobre Protección de Datos Personales.

Igualmente, se mantuvo el funcionamiento de la Gaceta Oficial de la República para la publicación de las normas jurídicas que se deriven de la actual situación del país.

“Se publicaron decisiones del Consejo de Ministros, el Tribunal Supremo Popular y de los ministerios de Transporte, Salud Pública, Finanzas y Precios, Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y Educación Superior”.

Silvera Martínez añadió que en esta etapa se dio continuidad al proceso de simplificación de trámites y agilización de procesos, con el objetivo de evitar el traslado de cargas innecesarias a la población, eliminando trabas y prohibiciones.

• Resolución 218 de 30 de marzo de 2020: Simplifica el contenido de las certificaciones de capacidad legal para la formalización de matrimonios en el exterior y eliminó el plazo de vigencia de 180 días.
• Resolución 315 de 5 de junio de 2020: Suspende el término para la inscripción de las viviendas en el Registro de la Propiedad hasta que se reanuden los servicios, y establece la prórroga de la vigencia de las certificaciones positivas emitidas en el 2020 de actos de última voluntad, de declaratoria de herederos y de soltería de 180 días a 1 año. En relación con las certificaciones de antecedentes penales, interrumpe el término de vigencia de 180 días, el cual comenzará al decursar en el reinicio del servicio.
• Resolución 325 de 12 de junio de 2020, modificativa del artículo 141 de la Resolución 249 “Reglamento de la Ley del Registro del Estado Civil”, publicada en Gaceta Oficial Ordinaria No.38 de 15 de junio de 2020: Para limitar a los asuntos estrictamente necesarios la entrega de certificaciones por los Registros del Estado Civil, una decisión trascendente que tiene como fundamento una mayor utilización del carné de identidad por las autoridades administrativas para la realización de trámites de las personas.

El titular de Justicia destacó que se ha desarrollado una intensa actividad comunicacional para brindar información al pueblo.

“Se estableció y cumplió como primera prioridad del sistema de dirección la de exigir y propiciar que todos se cuiden, se consolidó un sistema permanente de intercambio con nuestros territorios utilizando las telecomunicaciones y en las instalaciones mientras resultó posible y cumpliendo las medidas sanitarias, se continuaron tareas de mantenimiento constructivo para mejorar las condiciones de trabajo y de atención a las personas”, comentó.

En otro momento del espacio radio-televisivo, el ministro se refirió a algunos temas o motivos de mayor preocupación de las personas. “En esta etapa se mantuvo como prioridad la atención a las quejas, criterios y planteamientos de las personas. Se han recibido 12 quejas y 277 planteamientos, fundamentalmente vinculados con el interés sobre el estado de tramitación de solicitudes de revisión de sentencias penales y la necesidad de otorgar testamentos”.

Fueron recurrentes a su vez las dudas sobre el reinicio de las actividades para la obtención de antecedentes penales, la legalización de documentos para surtir efectos en el exterior y los servicios de los registros, las notarías y la Consultoría Jurídica Internacional.

Silvera Martínez informó que de cara al reinicio general de las actividades se están tomando medidas de higienización y reubicación de mobiliarios para garantizar el distanciamiento físico.

Una vez en la etapa de recuperación, se dará cumplimiento a los trámites que estaban pendientes al momento de la suspensión de los servicios, “a partir de una estrategia ordenada, inteligente, progresiva y asimétrica y con un estricto cumplimiento de las medidas sanitarias”.

El titular de Justicia detalló cómo se realizarían los servicios notariales en la etapa pos-COVID-19 en el país. “Iremos de los trámites más simples a los más complejos”, dijo.

Primera fase:

•  Testamentos o su revocación.

•  Poderes Especiales, generales y su revocación.

•  Formalización de matrimonios: contrayentes, testigos, padres e hijos.

•  Escrituras de autorización en todas sus modalidades.

•  Actas de declaración jurada.

•  Autenticación de firmas.

•  Habilitación de libros.

•  Cotejos de documentos.

•  Expedición de copias.

“Los directores de Justicia y notarios principales, atendiendo a las características de la unidad y a los recursos humanos que se encuentran trabajando, pueden disponer objetivamente y con racionalidad la atención diaria de un número de personas para evitar aglomeraciones”.

Segunda fase:

Se incorporan los servicios siguientes:

• Formalización de matrimonios: contrayentes, testigos, padres, hijos y un número racional de invitados de acuerdo con la capacidad del local, en cumplimiento con el distanciamiento físico y las medidas higiénico-sanitarias.
• Procesos sucesorios de declaratoria de herederos.
• Divorcios.
• Adjudicación de bienes por herencia.
• Compraventa y donaciones de viviendas y vehículos.
• Descripción de obra.
• Actas de notoriedad y de subsanación de errores u omisiones de poca complejidad.

Silvera Martínez puntualizó que en esta fase, las comunicaciones testamentarias se remiten por correo electrónico desde la propia unidad notarial o a través de la Dirección Municipal de Justicia, al Registro de Actos de Última Voluntad y de Declaratoria de Herederos para su inscripción. Por esa vía se recibe el tomo y folio del asiento registral.

Tercera fase:

Se autorizarán todos los actos notariales incorporándose los de mayor complejidad, bajo el mismo concepto de distanciamiento físico y estricto cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas.

Silvera Martínez continuó explicando otras medidas relacionadas con el Registro del Estado Civil.

Primera fase:

•  Mantener la inscripción de nacimientos y defunciones e incorporar la inscripción de matrimonios.

•  Expedición de las licencias de enterramiento, certificaciones de nacimiento, de defunción para el cobro de pensiones por causa de muerte.

•  Formalización de matrimonios: contrayentes, testigos, padres e hijos y expedición de las certificaciones.

• Inserción y confrontación de asientos registrales.

Segunda fase:

Se incorporan:

• Formalización de matrimonios: contrayentes, testigos, padres e hijos  y un número racional de invitados de acuerdo con la capacidad del local y garantizar el distanciamiento físico.

• Expedición de certificaciones para fines sucesorios y para otros procesos dentro del territorio nacional.

• Reconocimiento de hijos.

• Solicitudes de búsquedas.

• Avanzar con la informatización: inicio de la preparación de las condiciones técnicas en las unidades y capacitación del personal en la plataforma digital para la solicitud y expedición de certificaciones.

Tercera fase:

• Se reanudan todos los procesos y servicios registrales con una organización interna que permita el cumplimiento de las medidas sanitarias.

• Despliegue de la plataforma digital Bienestar.

En otro momento de la Mesa Redonda, el ministro de Justicia se refirió al registro de actos de última voluntad y de declaratoria de herederos. Durante la primera fase “solo se realizará la recepción e inscripción de los títulos sucesorios procedentes de las unidades notariales y del Sistema de Tribunales en relación con los testamentos ológrafos”.

Silvera Martínez especificó que las comunicaciones testamentarias se remiten por correo electrónico desde la propia unidad notarial o a través de la Dirección Municipal de Justicia, al Registro de Actos de Última Voluntad y de Declaratoria de Herederos para su inscripción y por esa vía se recibe el tomo y folio del asiento registral.

Segunda fase:

• Reinician los trámites a partir de solicitudes realizadas por la página web y la apk IlexMinjus.

Tercera fase:

• Se restablecen la totalidad de los servicios de inscripción y expedición de certificaciones, así como estarán creados los puntos en la totalidad de los municipios del país para lograr la descentralización de los servicios de solicitud y entrega de las certificaciones.

Entretanto, en los registros de la vivienda solo se permitirá durante la primera fase la entrega de los títulos inscritos pendientes al decretarse el cierre de los servicios. Mientras que en la segunda se podrá inscribir los inmuebles de las personas naturales y la expedición de certificaciones.

Tercera fase:

•  Restablecimiento de todos los servicios.

•  Inscripción de los inmuebles de personas naturales en todos los casos.

•  Inscripción de los inmuebles estatales y de las personas jurídicas no estatales.

•  Expedición de certificaciones.

En cuanto a los registros mercantiles, en la primera fase se podrá entregar los documentos inscritos pendientes al decretarse el cierre de los servicios.

Segunda fase:

•  Restablecimiento parcial de los servicios e inscripción de los documentos de los sujetos mercantiles que se presenten.

•  Expedición de certificaciones.

•  Búsquedas en los archivos provinciales.

Tercera fase:

•  Restablecimiento de todos los servicios.

•  Inscripción de los documentos de los sujetos mercantiles que se presenten.

•  Proceso de inscripción de las cooperativas agropecuarias, según cronograma Ministerio de la Agricultura-Ministerio de Justicia.

• Expedición de certificaciones.

• Verificaciones registrales y búsquedas en los archivos provinciales.

El ministro de Justicia también explicó lo relacionado con el Registro Central de Sancionados.

Primera fase:

•  Se reanuda la conciliación con el sistema de tribunales para la recepción de las certificaciones de sentencias.

•  Expedición gradual de certificaciones de antecedentes penales.

•  Inicio de los procesos de cancelación de antecedentes penales en los casos que proceda.

Segunda fase:

•  Expedición de certificaciones de antecedentes penales.

•  Continúan las cancelaciones de antecedentes penales evitando devoluciones y aplazamientos innecesarios en la tramitación de los expedientes radicados.

•  Revitalizar la solicitud de certificaciones por la página web y la apk IlexMinjus.

Tercera fase:

•  Se restablecen la totalidad de los servicios de inscripción y expedición de certificaciones.

•  Creados las condiciones para brindar este servicio en la totalidad de los municipios del país.

En cuanto a los bufetes especializados, en la primera fase “cumplen sus obligaciones en las consultas realizadas, permiten la emisión de opiniones legales, dictámenes de contratos o asuntos, dan servicios de asistencia y asesoría legal y procesan solicitudes y preparan la documentación para los servicios ante la Oficina Central de Propiedad Industrial (OCPI)”.

Primera fase:

•  Contratan servicios para trámites migratorios de acuerdo con las características de los territorios y servicios de asistencia legal no presencial.

•  Coordinan con la Empresa Correos de Cuba la recepción y entrega de los documentos así como las conciliaciones con los ministerios del Interior, Salud Pública y las Fuerzas Armadas, para la obtención y legalización de documentos.

“Los notarios adscritos a estos Bufetes Especializados se ajustan a las fases establecidas para los servicios notariales”, recalcó.

Segunda fase:

Se adicionan

•  Contratación de asuntos de menor complejidad.

•   Inician la contratación general de los servicios de obtención y legalización de documentos docentes y registrales.

Tercera fase:

•   Restablecimiento total de los servicios.

Al comentar sobre el funcionamiento de la caja de resarcimiento, dijo que durante la primera fase la oficina central y las secciones provinciales inician los procesos de ingresos y pagos y continúa la recepción de las sentencias del sistema de tribunales.

“Dada las características y naturaleza de este servicio existen las condiciones para el tránsito de la primera a la tercera fase, en la cual se establecerán de todos los servicios”.

Al concluir su intervención, Silvera Martínez acotó que el funcionamiento de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y de las empresas de Consultoría Jurídica será de manera progresiva, en correspondencia con la dinámica de actuación del sistema judicial y de las personas jurídicas que reciben su asesoramiento.

“Queremos reconocer el desempeño de nuestros trabajadores, los registradores que estuvieron en la primera línea y otros tantos que pusieron su empeño en esta fase, sobre todo las mujeres y jóvenes”, concluyó.

La fiscal general de la República,Yamila Peña Ojeda, actualizó en la Mesa Redonda cómo esta institución mantuvo su vitalidad durante el enfrentamiento a la pandemia, mediante el reajuste de funciones.

Destacó el papel de los fiscales jefes en los territorios, quienes asumieron en su mayoría la dirección de los grupos jurídicos de los consejos de Defensa. Para cumplir esta tarea también fue necesario reorganizar la capacidad de las instituciones, acotó.

Sobre este proceso de reordenamiento laboral, explicó que las fiscalías cuentan con una amplia fuerza de trabajo de mujeres, muchas de ellas son madres de niños pequeños. “En algunos casos solicitaron las garantías laborales, pero la mayoría se mantuvo trabajando”.

Para mantener el control de los procesos y el intercambio con las direcciones territoriales, la fiscal general subrayó la importancia de las videoconferencias, las cuales permitieron evaluar buenas prácticas en el hacer.

“A pesar de las insatisfacciones que tenemos en muchos asuntos, hemos tratado de mantener un control directo y sistemático de todos los temas a los que nos hemos enfrentado”, dijo Peña Ojeda.

Pese a que el 56% de la fuerza laboral se mantuvo en trabajo a distancia, se garantizó el traslado de documentos y el cuidado de la información, entre otras misiones. A la par, “no hemos perdido la labor de control”, lo cual “demuestra que todavía tenemos muchas capacidades para interactuar con los municipios del país”.

En cuanto al control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal y pública, la fiscal general recordó que desde 2016 existe una norma que estableció el modo de actuación de las fiscalías en diferentes eventos climatológicos, pero “ninguno como la actual pandemia”. De ahí que “tuvimos que implementar un grupo de decisiones para revisar modos de actuación ante los nuevos procesos”.

Peña Ojeda aseguró que en los procesos penales ha primado siempre la precisión, la racionalidad y mesura, pues “aunque no estamos en un momento normal, se ha actuado con el debido respeto, a partir de lo establecido en la Constitución”.

Ante la situación generada por la pandemia, fue necesario limitar la intervención de los fiscales en las unidades de la Policía y en los órganos de instrucción, así como en la obligatoriedad de entrevistar a los detenidos cuando se presentan medidas de prisión cautelar y en los controles de la legalidad en los centros de detención, explicó.

“Lo que hicimos fue pensar cómo garantizar la legalidad de esos procesos desde un control diferente”.

La fiscal general dijo que en marzo se revisaron todos los procesos penales que estaban en tramitación. “Hubo un grupo de casos (17) que se archivaron, teniendo en cuenta las características de los hechos, y también un grupo de diligencias que no eran posibles de realizar en determinados territorios”.

El principio, argumentó, fue ir avanzando en la medida que los procesos lo fueran permitiendo, teniendo en cuenta que hay un grupo de prórrogas que están establecidas en la Ley de Procedimiento Penal.

“Este fue un tiempo dinámico para la Fiscalía, hemos aprendido todos. Desde el cumplimiento de la funciones, hemos tenido que trabajar en una armonía que ha sido constante”, enfatizó.

“Hay hechos delictivos que ocurrieron durante estos meses de pandemia, algunos fueron divulgados por los medios de comunicación. Un número importante está en tramitación, y una vez concluido el proceso de investigación y sean celebrados los juicios orales se darán los resultados”, respetando siempre las garantías y derechos de los implicados, aseguró la fiscal general en la Mesa Redonda.

Precisó que por conductas delictivas asociadas a la pandemia fueron atendidos 2 629 procesos penales, de ellos 1 868 se remitieron a los tribunales, con solicitud de sanciones ajustadas a la política penal.

Por delitos sumarios fueron procesados 1 914 casos, en los que resultaron acusados 2 359 individuos. La mayoría de estos casos se registraron en La Habana, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Las Tunas, Holguín y Santiago de Cuba.

Además, en fase preparatoria se encuentran otros 715 expedientes, en los que 1 204 personas están acusadas, el 40% con prisión provisional.

Entre las principales tipicidades delictivas detectadas en los últimos meses, se encuentran:

• Propagación de epidemias.
• Hechos contra agentes de la autoridad: desobediencia, atentado, desacato y resistencia, ocurridos generalmente en la vía pública y en centros de comercialización de alimentos y productos de aseo.
• Actividades económicas ilícitas.
• Receptación.
• Malversación.
• Apropiación indebida.
• Infracción de normas de protección a los consumidores.

En La Habana, el Centro Alternativo de Detención y Procesamiento ha revisado y controlado más de 4 000 denuncias, que implican a más de 5 000 acusados.

De acuerdo con Yamila Peña Ojeda, otro tema que contó con una atención prioritaria durante este período fue el control de la legalidad. “En marzo fueron suspendidas 24 acciones, pues no era posible a partir del estado en que estaban, poder interactuar con los objetivos económicos y las entidades”.

Sin embargo, “no se dejaron de hacer acciones de control”, que se garantizaron a través de los consejos de Defensa.

En concordancia con la intención del Estado de proteger los sectores vulnerables, la fiscal aseveró que los esfuerzos se dirigieron hacia los círculos infantiles, hogares de ancianos y centros de aislamiento. Se trata de “centros donde el Estado ha puesto un nivel de recursos que es importante revisar”.

Sobre la atención a los ciudadanos, la fiscal aseguró que el trabajo ha sido permanente y fuerte. En este caso, “involucramos a todos los fiscales, para poder dar respuesta a las ocho vías de atención que tiene la Fiscalía”.

La Fiscalía General de la República cuenta con un sistema organizado y profesional para la atención a la población. Desde el 20 de marzo al 15 de junio, esta institución atendió en el país 24 695 personas, mediante sus ocho vías para la atención de la población, entre ellas el correo electrónico y el Portal del Ciudadano. El 14% fue atendido por la vía personal, precisó.

Igualmente, continuó, se recibieron más de 3 000 reclamaciones, aunque se tuvo que archivar un grupo de asuntos, debido a los tiempos y por las características de los procesos, donde ya no se podían realizar diligencias.

“Se le comunicó a las personas cómo sus procesos fueron archivados; no obstante, hemos mantenido una secuencia que nos permitirá estar en mejor estado cuando vayamos a la primera fase, porque hemos estado revisando esos asuntos”.

Los aspectos no penales, jurisdiccionales, también fueron detenidos, mientras que en el caso de los procesos de revisión, sí se mantuvieron las solicitudes de causas al Tribunal, “por lo que los fiscales fuimos avanzando, lo que nos pone en mejores condiciones”.

En un segundo momento de su intervención en el programa televisivo, la fiscal general Yamila Peña Ojeda comentó que a partir de las indicaciones de la máxima dirección del país fueron ubicados cada uno de los procesos y actividades en las tres fases que contemplan la primera etapa de la recuperación de la COVID-19.

Mencionó aspectos claves como la gradualidad y la asimetría, así como la necesidad de evaluar la situación de las provincias de La Habana y Matanzas, que se mantienen reportando un número de casos positivos.

Sobre las medidas para la etapa de recuperación, hizo referencia a que los trabajadores que tienen un grupo de padecimientos y enfermedades se incorporarán en una segunda o tercera fase, a partir de lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Igualmente, se trabaja en asegurar las medidas higiénico-sanitarias, como el distanciamiento físico, la desinfección de locales y el uso del nasobuco.

“Ha habido que reorganizar todos los locales de atención a la población, porque tenemos un grupo de personas que asisten a nuestras instituciones de manera permanente”.

La fiscal general aseguró que la institución tiene planificado cómo proceder ante aquellos asuntos que fue necesaria su suspensión temporal. Entre ellos existen 21 procesos penales, 24 acciones de control, 648 reclamaciones de los ciudadanos, así como 296 solicitudes de revisión penal, asuntos civiles y de familia.

Peña Ojeda detalló las principales acciones de esta institución, durante la tres fases de la primera etapa de la recuperación.

Refirió que, en relación con los recursos humanos y su preparación, en la primera y segunda fases se mantendrán como hasta hoy las medidas de protección con los trabajadores que laboran en áreas vulnerables, como procesos penales, atención al ciudadano, gestión documental y servicios.

Continuará el trabajo a distancia como hasta el momento, con un 56% de trabajadores en esta modalidad.

Para la segunda fase, la Fiscalía determinará aquellos cargos que, por su naturaleza y funciones, puedan realizarse permanentemente por la modalidad de trabajo a distancia. “En un momento hicimos una evaluación de un grupo de cargos, pero tendremos que definir para todas las fases y estamos haciendo precisiones en ese sentido”.

En relación con la preparación, refirió Peña Ojeda que, en la primera fase, se continuará la utilización de los sistemas de videoconferencia, mientras que se puntualizarán los planes de preparación ya reajustados.

“En la segunda fase, iniciarán acciones de preparación con mayor presencia física y en la modalidad semipresencial y online, y se retomarán las coordinaciones con los ministerios de Educación y Educación Superior para la enseñanza técnico profesional y de postgrado”.

Luego, en una tercera fase, se restablecerá la enseñanza postgraduada, con mayor utilización de las modalidades semipresencial y online.

En relación con los procesos penales, la fiscal general de la República informó que, en una primera fase, el trabajo se concentrará en continuar la revisión de los procesos penales archivados y suspendidos, para su inminente puesta en curso.

“Muchas provincias en esta fase ya pueden ir poniendo en cursos muchos de estos procesos”, precisó.

Yamila Peña Ojeda comentó que en la primera fase tendrá un nivel de limitación la asistencia de los fiscales en las unidades de la Policía y órganos de Instrucción, así como en la participación en acciones de instrucción y en la entrevista a los detenidos.

Se mantendrá la atención a los ciudadanos, privilegiando las que no implican la presencia física. Aclaró que, excepcionalmente, ante situaciones urgentes, se continuarán atendiendo los casos que concurren.

Para la segunda fase, Peña Ojeda comentó que gradualmente se irán incorporando, por el papel del fiscal en el proceso penal.

“Se trabajará de conjunto con la Policía y la Instrucción en la conclusión progresiva de estos procesos, mientras que se iniciarán los eventos presenciales de control de los términos de los procesos”, informó.

Aseveró que para esta fase se prevé la reincorporación paulatina de los fiscales a las unidades, con la participación progresiva en las acciones de instrucción y en las entrevistas a los acusados que se presenten a la medida cautelar de prisión provisional.

En relación con los juicios, recordó que en medio de la pandemia se ha ido realizando un grupo importante de ellos. “Una vez que se disponga por el Tribunal cómo sería la organización de los que quedaron en su momento suspendidos, igualmente nos centraríamos en cómo será la participación y la preparación”.

En la segunda fase está reorganizada la fuerza de trabajo para la atención presencial en todos los territorios, mientras que en la tercera se prevé el retorno a la normalidad de las actividades.

El control de la legalidad en la etapa pos-COVID-19

En referencia al control de la legalidad, detalló que, en una primera fase, se continuará la revisión de las acciones de control que fueron suspendidas, para su conclusión en el más breve plazo posible. Entre ellas, las verificaciones e investigaciones fiscales, las que se realizan en los establecimientos penitenciarios y unidades de la Policía.

Asimismo, se revisarán los asuntos en materia no penal que fueron archivados, se organizará su puesta en curso y se reiniciará la participación en asuntos jurisdiccionales y notariales.

Para una segunda fase, se pondrán en curso las acciones de control, con los pronunciamientos que correspondan.

En este período se asegurará la ejecución de las acciones planificadas para el segundo semestre del año, y se comprobará el restablecimiento de la legalidad en las ejecutadas durante el período. “Se incrementará gradualmente la participación de los fiscales, ante la apertura de otras actividades y servicios de carácter legal”.

Ya en una tercera fase, puntualizó, se iniciarán las acciones de control planificadas, la comprobación del restablecimiento de la legalidad y se realizarán las funciones habituales.

“La primera y la segunda fase para nosotros son importantes en cada uno de los territorios, para poco a poco irnos preparando para retornar a la normalidad”, aseveró la Fiscal General.

Transmitió la confianza de que la Fiscalía ha trabajado de manera organizada y buscando una gradualidad en los territorios, ante la importancia de su accionar en la vida de los ciudadanos.

“Ha sido un período de mucha intensidad de trabajo, hemos tenido que desplegar muchas acciones y prever al máximo, pero ha primado en todo momento una alta responsabilidad y un alto nivel de resultados. Creo que el sector está preparado para la nueva normalidad”, concluyó.

Dada la importancia que tiene para la sociedad, la actividad judicial mantuvo su vitalidad en el transcurso de la pandemia, ajustándose a los requerimientos impuestos por la batalla sanitaria que aún libra el Estado, el Gobierno y el pueblo, comentó el presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro.

En estos momentos, dijo, el sistema de tribunales se prepara para implementar su propio plan de medidas a tono con la estrategia nacional. “Aunque durante estos tres meses la actividad judicial no se detuvo del todo, experimentó una progresiva reducción de sus niveles”, sostuvo.

El 31 de marzo el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular dictó la Instrucción 248, disponiendo la suspensión y detención temporal inmediata de la tramitación e impulso procesal de los asuntos en curso; con excepción de aquellos procesos que, por causas justificadas, resultaba necesario e impostergable continuarlos.

De ahí que 19 577 procesos judiciales quedaron paralizados en todo el país. De ellos, 4 568 en la materia penal y los restantes 15 009 en asuntos civiles, de familia, laborales, administrativos y económicos, precisó Remigio Ferro.

Asimismo, se redimensionaron algunas estructuras y se reorganizó parte del personal que trabaja en los tribunales. Remigio Ferro apuntó que permanecieron laborando regularmente entre el 24 y el 29% del total de la plantilla. En el caso del Tribunal Supremo, por ejemplo, de 256 trabajadores solo asisten con regularidad 55 personas.

De manera general, de una plantilla de 5 322 personas en el Sistema de Tribunales, 3 780 no asisten regularmente a las sedes; 1 952 (37%) realizan trabajo a distancia y 1 290 están protegidos por algunas de las modalidades que garantiza la legislación laboral.

De acuerdo con el presidente del TSP, la actividad judicial no se detuvo. Fueron radicadas hasta el 12 de junio 1 605 causas y se resolvieron 1 529 (95.2%). De ellas, provenientes de hechos delictivos asociados al incumplimiento de las medidas para enfrentar la COVID-19, se juzgaron 1 856 personas y fueron sancionadas 1 839; resultando absueltas 17, informó.

“Los tribunales han aplicado sanciones de rigor en correspondencia con la gravedad que revisten en las actuales circunstancias, aunque tomando en consideración las particularidades de cada caso y las características de los comisores”, enfatizó.

Remigio Ferro dijo que durante este periodo también se concedieron más de 10 000 beneficios de excarcelación anticipada (libertad condicional y licencia extrapenal) y se acordó la modificación de la medida cautelar de prisión provisional a 283 acusados.

Las salas del Tribunal Supremo continuaron tramitando los recursos de casación y procesos revisión de su competencia, esencialmente mediante el trabajo a distancia. Por ejemplo, se confeccionan sentencias, estudian expedientes, realizan trámites para la ejecución de sus resoluciones, tramitan escritos de quejas, se expiden certificaciones de sentencias, entre otras actividades que no implican riesgos a la salud del personal.

Durante esta etapa, prosiguió, se han mantenido sesionando los grupos de trabajo que se ocupan de la elaboración de cinco anteproyectos de leyes.

De igual forma, “no se detuvo la actividad de atención a las quejas, inquietudes y planteamientos de la población”. Aunque para facilitar el acceso de los interesados, señaló, se fortalecieron las vías de comunicación, mediante el uso de líneas telefónicas, el correo electrónico, las redes sociales, el portal web y, desde el 8 de junio, una aplicación para teléfonos móviles que ha recibido 150 planteamientos.

Partiendo de lo establecido en el plan de medidas para la primera etapa de recuperación de la COVID-19 en el país, aprobado por el Buró Político del Comité Central del PCC y por el Consejo de Ministros, que establece “la incorporación gradual de la tramitación de los procesos judiciales según su urgencia, naturaleza e impacto social”, el Tribunal Supremo Popular y sus órganos jurisdiccionales implementarán gradualmente las siguientes medidas en cada una de las tres fases:

1. Retomar la tramitación de los asuntos que quedaron pospuestos o detenidos temporalmente, con la gradualidad y racionalidad que permitan las circunstancias, la situación epidemiológica territorial, así como las posibilidades de las personas que deban comparecer en cualquier condición ante los órganos judiciales.
2. En los casos donde el tribunal disponga la reanudación del proceso se informará oportunamente a los involucrados. Los plazos y términos para el cumplimiento de los trámites pendientes se comenzarán a contar nuevamente desde su inicio, como garantía del debido proceso y para evitar afectaciones a los interesados.
3. Los tribunales recibirán las nuevas demandas y reclamaciones que les sean presentadas, al amparo de lo establecido en las disposiciones legales vigentes y procederán a su tramitación en la medida que las circunstancias lo permitan.
4. En la tramitación y juzgamiento de cada caso los jueces velarán porque no se vulneren las garantías y derechos de las partes interesadas, en especial el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva.
5. Estarán priorizadas la tramitación y solución de los procesos judiciales vinculados con las medidas para la prevención y control de la COVID-19. Del mismo modo a los que tienen acusados en prisión provisional, recursos de apelación y casación, hábeas corpus, los relacionados con la guarda y cuidado de los menores, procesos laborales donde se produjo la desvinculación del trabajador; la concesión de beneficios de excarcelación anticipada (libertad condicional o licencia extrapenal) o su revocación, entre otros.
6. Cuando sea preciso convocar para una misma fecha varios actos procesales, como juicios orales, comparecencias, vistas o prácticas de pruebas; se citarán en horarios escalonados para evitar la aglomeración de personas y se garantizará el adecuado distanciamiento en áreas de espera y salas de justicia.
7. Las citaciones y notificaciones judiciales se realizarán por vía telemática o electrónica, cuando resulte posible y pertinente.
8. En los casos que resulte necesario se podrá realizar la práctica de pruebas testificales y comparecencias mediante videoconferencia, tomando las medidas que aseguren el debido proceso y el respeto a las garantías y derechos.

Protocolos y medidas sanitarias para garantizar la higiene durante el desarrollo de la actividad judicial en las tres fases de la etapa pos-COVID-19:

1. Los actos judiciales se continuarán realizando con limitada presencia de público y adecuado distanciamiento entre los asistentes, las partes intervinientes y el tribunal.
2. Pesquisa activa diaria a los síntomas de salud del personal.
3. Prohibición de entrada a las sedes de quienes presenten síntomas respiratorios, fiebre o de cualquier enfermedad, tanto al personal externo como a los trabajadores del centro.
4. Uso obligatorio del nasobuco para el personal de contacto y para quienes acuden a actos judiciales o trámites de otra índole.
5. Medidas de desinfección de las manos y el calzado, con hipoclorito o soluciones alcohólicas, a la entrada de las sedes judiciales.
6. Desinfección permanente de todas las superficies, especialmente en locales con afluencia de público o de uso colectivo, como las salas de justicia (una vez concluidos los actos), calabozos, áreas de espera, baños, pantrys, comedores, ascensores; entre otros.
7. Reducción al 50% de las capacidades en el uso de los ascensores por parte de los trabajadores y el público externo.
8. Cumplir rigurosamente con el procedimiento para el control de acceso de las personas que asisten a los locales de los órganos judiciales.

El presidente del Tribunal Supremo también informó sobre las medidas que se irán adecuando según cada territorio del país avance a una próxima fase. Por ejemplo, específicamente durante la primera etapa se aplicarán las siguientes medidas judiciales y sanitarias:

1. El Consejo de Gobierno del TSP emitirá una instrucción disponiendo la forma en que se restablecerá gradualmente la actividad judicial.
2. Se tramitarán los procesos judiciales en que las partes o personas a comparecer no estén afectadas por las medidas vigentes en esta fase.
3. No se realizarán actos judiciales en los que deban comparecer personas vulnerables.
4. El control de las personas que cumplen en libertad se realizará, fundamentalmente, por los jueces de ejecución y la PNR, priorizando las que fueron condenadas por delitos con mayor impacto en la sociedad.
5. La atención a la población se realizará por vías no presenciales, ya sean llamadas telefónicas, correo electrónico, la aplicación móvil y el sitio web; excepto en aquellos casos que sea necesario hacerlo directamente con las personas.

1. Se amplía la tramitación y celebración de actos judiciales, respecto a aquellos procesos donde las partes y personas interesadas tienen la posibilidad de acudir a las sedes judiciales, en correspondencia con las medidas vigentes.
2. Uso obligatorio del nasobuco en locales de los tribunales donde las personas se encuentren a menos de dos metros.
3. Se amplía la atención a la población de manera presencial en las sedes judiciales.

1. Se restablece la totalidad de la actividad judicial.
2. Se restablece totalmente la atención a la población de manera presencial, aunque se mantienen las vías telemáticas y electrónicas para el traslado de los planteamientos y quejas.
3. El uso del nasobuco continuará siendo obligatorio para la realización de los actos judiciales, para el personal de contacto y durante las actividades que implican concentración de personas.
4. Se restablecen todas las actividades de dirección y de las áreas de apoyo a la actividad judicial del Sistema de Tribunales.

Remigio Ferro precisó que en el transcurso de las diferentes fases resultará indispensable mantener estrechos vínculos de comunicación entre los presidentes de los tribunales y los jefes y directivos de la fiscalía, bufetes colectivos, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, “a los efectos de asegurar la buena marcha de la actividad judicial en estas circunstancias”.

Se mantendrán activados además en todos los tribunales los Grupos Temporales de Trabajo encargados de velar por el cumplimiento de las acciones de prevención y control y se chequeará periódicamente el cumplimiento del plan de medidas, aseguró.

En relación al personal de los órganos judiciales, el presidente del Tribunal Supremo dijo que se aplicarán las medidas que disponga el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Remigio Ferro reconoció el esfuerzo que en estas difíciles circunstancias han hecho todos los trabajadores adscritos al Ministerio de Justicia, “con dedicación, total entrega y cumpliendo cada una de las medidas”.

“Más temprano que tarde, en el transcurso de esta etapa de recuperación, lograremos que la justicia esté a la altura de lo que el pueblo merece y reclama en el cumplimento de nuestras funciones”, concluyó.