Ordenamiento monetario: Precisiones sobre los precios y adecuaciones en comedores y transporte obrero (+ Video)

Al  intervenir en el espacio televisivo, Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, agradeció a la población la confianza que ha tenido en las instituciones, administraciones, en el propio Ministerio de Finanzas y otros que en su actividad están vinculados con el tema de los precios, como los ministerios de Comercio Interior y de Transporte.

“Nos han hecho llegar muchas sugerencias, alertas de aspectos a revisar, que son muy útiles y se agradecen mucho”, dijo.

“Hacíamos un cómputo sobre lo qué ha pasado en los primeros 13 días de enero, en términos de comunicación de la población con el MFP, y solo en este tema de precios –pues también se reciben consultas en tema de ingresos, impuestos, contabilidad– hemos recibido 497 comunicaciones y 419 consultas, así como 78 denuncias directas. Es decir, la población ha llamado para alertar y denunciar dónde se está abusando o alterando precios y no se está cumpliendo con lo establecido”.

De inmediato, junto con los grupos de enfrentamiento provincial, “damos curso a estas denuncias hacia los Gobiernos provinciales y municipales, y muchas las gestionamos desde el propio ministerio. Es válido reconocer el papel que está desempeñando la población cubana en general, para que la implementación del ordenamiento monetario y financiero y las políticas que en materia de precios el país se ha trazado, se implementen correctamente”, destacó.

Añadió que al Ministerio de Finanzas y Precios también están escribiendo desde el sistema empresarial, más allá de los intercambios, despachos y seminarios que se han efectuado. “Estamos ante una transformación con el ordenamiento monetario y financiero, que es parte de la implementación de los lineamientos del sexto y séptimo congresos del Partido y de la estrategia económica y social del país.

“No podemos ver por separado las medidas aprobadas en 2020 para impulsar la economía en difíciles circunstancias, que hoy se mantienen e incluso se reiteran a partir de la situación epidemiológica actual por la pandemia de la COVID-19”, comentó.

La estrategia económica, desde el diseño, tuvo en cuenta la crisis económica mundial por la que se está transitando y a la que Cuba no es ajena. “Es una transformación que viene dada porque, en primer lugar, se ha producido una devaluación del peso que lleva a un incremento de los costos, no solo a nivel doméstico sino en la economía a nivel macro.

“Por tanto, si antes, debido a la dualidad monetaria y cambiaria, un dólar de importación era igual a un peso cubano en los resultados económicos y financieros de una empresa, ahora cada vez que importemos un dólar son 24 pesos cubanos. Ello incrementa los costos y la continuidad que van teniendo estos en los valores de los principales productos y servicios que mantienen el funcionamiento, el desarrollo de la economía y la generación de bienes y servicios para la sociedad”.

Unido a eso –explicó–, aún con ese incremento o el efecto de la devaluación, también el ordenamiento monetario y financiero concibió aplicar una reforma integral de salarios que permitiera, en primera instancia, no solo asumir el incremento general de esos costos, sino dar cumplimento a otro de los lineamientos: ir eliminando subsidios excesivos y gratuidades indebidas, aunque manteniendo las conquistas de la Revolución consagradas en la carta magna.

“Hoy, todos los cubanos, en medio de este proceso en el que nos estamos adaptando y ajustando a los nuevos precios, revisándolos e incluso en desacuerdo con algunos de ellos, dormimos tranquilos porque la atención médica y la educación, pese a la pandemia, están garantizadas”, destacó.

Ante esta reforma general de salarios –continuó la ministra–, deben incrementarse también los costos, porque hay que pagar el salario de los trabajadores. Tal como han explicado ya otras autoridades competentes, uno de los objetivos primordiales que tiene esta gran transformación en la vida económica del país es precisamente estimular el trabajo.

“Buscar que las personas se sientan estimuladas para trabajar, porque es de su trabajo de donde podrán generar la fuente principal de los ingresos para solventar sus principales gastos de vida y necesidades, y los de su familia”, afirmó.

“Estamos hablando de madres y padres que tienen hijos pero también familiares de la tercera edad que dependen de ellos, y a los cuales tenemos la responsabilidad de ayudar, no solo socialmente, sino también en sus gastos económicos”.

El proceso de devaluación, la reforma integral de salarios y una corrección de precios mayoristas y minoristas hacen que se produzca una transformación importante y, sobre todo, un incremento de precios de un grupo de productos y servicios.

Bolaños Weiss recordó que en 1978 fue aprobado el Decreto 28, consistente en una reforma general de precios, a partir de lo analizado y adoptado en el primer congreso del PCC. “Fue una reforma fundamentalmente en los precios mayoristas, en los sectores de la construcción y agropecuario”.

Ese decreto se implementó en su totalidad a partir de 1981, “y en 1994, cuando el país, en un escenario complejo, aprobó un conjunto de medidas para impulsar la economía y al propio tiempo sanear las finanzas internas, hubo una transformación importante en un grupo de precios minoristas por las propias condiciones y circunstancias que estaban operando en la economía nacional, y para poder buscar un equilibrio frente a los indicadores de inflación que se estaban dando”.

Es de ahí –prosiguió Bolaños Weiss– de donde surge el término de productos con precios recaudadores, muchos de los cuales se mantuvieron incluso hasta el pasado año, aun cuando la mayoría paulatinamente se fue transformando.

“Hemos venido adoptando medidas, paliativas, parciales, puntuales, pero no una transformación de la complejidad, alcance e impacto que se espera con este cambio profundo a partir del ordenamiento monetario y financiero, y junto con ello un grupo de políticas y lineamientos que vienen cumplimentándose a la par para dar un enfoque más integral a estas transformaciones en términos de precios, finanzas públicas e ingresos personales. No se trata solamente de una devaluación de la moneda”.

Es importante que se entienda –dijo– que aun con el efecto del incremento de los precios, que viene acompañado de esa reforma general de salarios, ciertamente una buena parte de los productos, bienes y servicios, tanto mayoristas como minoristas, tienen un incremento; incluso, se corre ese incremento.

“¿Dónde hemos regulado para que todo el efecto de esa devaluación o el aumento de esos costos no lleguen desde el inicio?: en los límites de contención que se han diseñado, que parten de no desear un crecimiento más allá del diseñado para los precios, pero que para nada anula el necesario incremento como efecto de esa devaluación y reforma general de salarios. Por lo tanto, hay un aumento de una buena parte de los precios y tarifas, que requieren de una correcta implementación.

“Crecen los precios y costos, pero los tenemos que aplicar correctamente. Crecen los gastos asociados y por tanto hay transformación en los resultados económicos de las  empresas, pero entonces también tiene que haber transformaciones en cómo hacemos las cosas y, en función de ello diseñar mayor eficiencia y productividad, que es en definitiva lo que nos generará mayor riqueza y bienestar, a mediano plazo”, destacó la ministra de Finanzas y Precios.

A esta fecha, cuando buena parte de la población ya conoce cuánto va a ganar y cuánto tiene que tributar a la seguridad social y por el impuesto sobre los ingresos personales (a quienes corresponda), es preciso recordar qué precios no se movieron, cuáles se mantuvieron como hasta 2020 por su impacto en la población, y porque, a partir de su carácter social, se entendió la necesidad de mantenerlos.

Sobre este tema, señaló que “estamos manteniendo todos los precios de los productos destinados a los consumidores de determinadas dietas médicas.

Entre estas, mencionó las asociadas a enfermedades crónicas de la infancia, embarazadas, retrovirosis crónicas y las derivadas de fórmulas basales e intolerancia a la leche”.

Los productos que integran esas dietas –subrayó– mantienen los mismos precios y un nivel de subsidio importante. Asimismo, mantienen los precios minoristas anteriores alimentos específicos para niños, incluidos compotas, carne de res, leche fluida, picadillo de res y yogurt.

“Hemos recibido muchas preocupaciones de madres, sobre los niños que consumen el yogurt de soya de los siete a los 13 años, en el que ha habido un incremento en el precio de 1.00 a 5.00 CUP. Es uno de los productos a reevaluar. La protección de todos estos precios implica subsidios desde el presupuesto, que el país los destina y redistribuye y los pone en función de la población, pero a partir de los propios ingresos que se generan en la economía y el sector productivo.

“Es uno de los temas que hoy no responderemos, pero que está previsto evaluar, porque deben existir condiciones económicas y financieras para la toma de decisiones”, apuntó.

La ministra precisó que a los niños de hasta 15 años con déficit nutricional, bajo peso y talla se les entregan un conjunto de productos de manera gratuita.

Respecto a otros productos de impacto en la vida diaria de la población, como el aseo y productos alimenticios adicionales a los de la canasta familiar normada, refirió que los precios minoristas de los productos industriales de venta liberada (hay 133 productos que se comercializan en la red de establecimientos de mercados Ideal) mantienen el mismo precio.

“Hablamos de detergentes, jabones, gel… Incluso de los colchones, que a lo mejor en este momento no tenemos por las limitaciones de materia primas de la industria para su producción en los niveles demandados. La población debe saber que, cuando nos vayamos recuperando, se podrán adquirir al mismo precio anterior.

“En el caso de los productos alimenticios liberados, fuera de la libreta de abastecimiento, existen 92 que mantienen sus precios minoristas sin incremento. Se incluyen en estos las galletas de sal y las salchichas, por ejemplo”, explicó.

Asimismo, destacó que se mantienen centralizados los principales productos de alto impacto en la población que son comercializados por las cadenas de tiendas.

“No solo no suben los precios de las cadenas que antes vendían en CUC y ahora en CUP, aun entendiendo las limitaciones que hoy tenemos en las ofertas, sino que buena parte de estos productos que están en el entorno de 209 renglones se quedaron centralizados en el MFP, lo cual demuestra el sentido de protección del Estado hacia la población”.

Por otra parte, 489 productos dentro de los materiales de la construcción, de venta liberada, mantienen sus precios minoristas anteriores. Entre ellos están el cemento gris, mortero, bloques, jaboneras, mantas impermeables, entre otros.

Hay servicios de transportación que también mantienen sus precios y otros en los que se incrementan. “No puede olvidarse que este es un servicio cuya materia prima fundamental es el combustible, en su mayoría importado, mientras que el combustible de producción nacional también tiene una participación en sus costos de materia prima importada”.

La ministra recordó que igualmente mantienen sus precios un grupo de medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas o de larga data.

Al abordar el proceso de formación de los precios, facultades de estos, el viceministro primero de Finanzas y Precios,Vladimir Regueiro Ale, puntualizó que tiene una trascendencia fundamental porque se asiste a un proceso de devaluación en el que intervienen el incremento de los costos, los precios mayoristas y otros principios.

“Lo que ocurre es una actualización de las nomenclaturas. El Decreto 24, aprobado en ocasión del ordenamiento monetario, define una nomenclatura de productos y de servicios, que son aprobados a nivel del Consejo de Ministros por sus características e impacto en la población.

“Estamos hablando de la tarifa eléctrica, los combustibles de cocción, los que se expenden en servicentros, todos los productos de la canasta normada de alimentos, y otros agropecuarios que son acopiados, como la caña de azúcar y el tabaco”, precisó.

Según explicó el viceministro del MFP, ese decreto también define que en el caso de los productos cuya aprobación no corresponde al Consejo de Ministros, será facultad del Ministerio de Finanzas y Precios o de las autoridades en que este delegue (titulares de organismos de la Administración Central del Estado, institutos nacionales, consejos provinciales, empresas, unidades económicas de base).

“Esto responde a un principio que está concebido en la política: la descentralización paulatina y ordenada en las facultades de aprobación de estos precios, y ocurre porque hay un reconocimiento de que se está en mejores condiciones de apreciar las características, lo que se requiere para fijar un precio de cara a la población, en esa unidad donde se está prestando el servicio o realizando la producción.

“Además, está relacionado con las facultades dadas al sector empresarial para fijar precios, y también los Gobiernos locales, sea a nivel de Consejos provinciales o Consejos de la Administración municipales. Hay una delegación de facultad, pero también mayor responsabilidad en la gestión de ese proceso tan complejo que es definir precios.

“El ejercicio de estas facultades no es arbitrario, sino que está regulado a partir de metodologías que establece el ministerio de Finanzas y Precios.

Hay una mayor responsabilidad de todas estas autoridades que tienen que considerar un grupo de variables que no estaban en el escenario anterior al ordenamiento monetario”, señaló.

De modo general –consideró–, este ha sido un proceso planificado que ha tenido una preparación anterior, que se expresa con mayor estabilidad en estos precios que tienen carácter centralizado. 

“Desde el anuncio de la medida ha sido un trabajo arduo de todas las entidades que tienen estas facultades, sean ministerios, y sobre todo en los Consejos de Administración municipales, conducidos por los provinciales, en definir precios en la gastronomía, las tarifas del pasaje (que lleva mucho detalle en cuanto a distancias, el tipo de tarifa a aplicar por kilómetros, incluso el nivel adquisitivo de la población, la comunidad).

“Es un tema muy complejo y conlleva mucha preparación y aprendizaje. Estamos en los inicios, apenas llevamos una quincena de la implementación de este proceso, que requiere un monitoreo constante, el cual ha permitido que se realicen adecuaciones.

“Ciertamente, ha habido incongruencias en la aprobación de algún precio, la definición de una tarifa, pero se monitorea. Para eso tenemos diseñada una estructura a nivel de Gobierno, y existe también y fue ratificada por el Decreto 24 la Comisión Nacional de Precios, presidida por la ministra de Finanzas y Precios e integrada por representantes de organismos de la Administración Central del Estado y también de grupos empresariales, con una alta responsabilidad en monitorear, supervisar, actualizar en lo que corresponda las metodologías de formación de estos precios.

“Queríamos compartir algunas adecuaciones aprobadas de tarifas, no solo las que tienen impacto por facultades de los Gobiernos locales sino también de las que han sido definidas como tarifas máximas por nuestro ministerio.

“Es el caso del transporte obrero, de alto impacto para la población, el cual estaba regulado por la Resolución 315 de nuestro ministerio, con una tarifa (la más generalizada) según la cual se estipulaba que por pasajero-kilómetro se aplicara 0.25 pesos. Después de analizar el impacto en el cobro a los trabajadores y de haber conciliado a todas las instancias y por supuesto con la propia empresa, fue ajustada en una reducción de 30%. Entonces, sería de 0.17 pesos por pasajero-km en ómnibus de hasta 40 pasajeros. 

“Esto tiene un alto impacto para los trabajadores, porque la mayor regulación que tiene la nueva disposición, la No. 5 de este año, es que puede compartirse por las administraciones del sector empresarial o presupuestado parte del cobro que se le hace al trabajador. La administración asume totalmente el servicio prestado por la transportista, y cuando cobra su salario el trabajador, puede cobrarle parte del monto.

“¿Cuánto se puede compartir este pago? Eso hay que analizarlo de acuerdo con el nivel de ingreso de los trabajadores, característica del medio de transporte, la ruta que se cubre. En eso tiene una participación importante el movimiento sindical”.

El otro ajuste está relacionado con la limpieza de fosas, servicio dispuesto en un valor de 280 pesos, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, y por el impacto que puede tener en determinados servicios reiterados (porque lo requieren fosas con determinadas características, o sea, que demandan más limpieza), en esos casos, sin importar la cantidad de servicios, siempre se pagará ajustado como máximo a 280 pesos.

Añadió que hay una protección a las familias vulnerables, cuando la familia, ya caracterizada después de un estudio socioeconómico por las autoridades del territorio, requiere de un respaldo del presupuesto mediante la asistencia social, “así está expedientado y es el que financia este servicio a la entidad de Recursos Hidráulicos que lo presta”.

Con relación a los precios en los comedores obreros, la ministra de Finanzas y Precios dijo que este tema ha generado múltiples opiniones, pero siempre se ha trabajado con la perspectiva de cuidar y velar por los principios y el diseño que se planteó con la Tarea Ordenamiento.

Tomando en cuenta los múltiples criterios de la población (sobre precios en comedores obreros que sobrepasan las capacidades de niveles o escalas salariales), afirmó que “creemos que hay un grupo de administraciones, de empresas, que no hicieron el análisis que debieron hacer.

“Hay que tener en cuenta que los precios de los comedores son descentralizados bajo el principio de que sean costeables. Y cuando decimos ‘costeable’ no estamos hablando de excesos de utilidad, sino de que los ingresos por el cobro del comedor financien sus costos y gastos. En algunos casos, con la presencia de la cocina-comedor dentro de la propia empresa o unidad presupuestada, o con la contratación de una empresa de servicios que presta la alimentación”.

La ministra refirió que se incrementaron precios de comedores utilizando inventarios del año anterior que para nada están devaluados, “es decir, están todavía al uno por uno. Hay aciertos y desaciertos, y hay otras cosas en fase de estudio.

“Fue uno de los temas que se llevó primero a reevaluación, a partir de respetar el principio que se diseñó, que era que la población tuviera un entorno de hasta 18 pesos para costear sus gastos de comedor obrero en esa canasta de referencia de bienes y servicios”, precisó.

Por ello se adoptó el acuerdo de regular el precio promedio mensual máximo para el cobro a los trabajadores del comedor obrero, que va a tener una cota de 18 pesos. “¿Qué quiere decir? Que quizá un día nos puede costar 12 pesos, y otro 18 pesos, o 15 pesos. Pero el promedio debe ser 18, de modo que cuando se multiplique 18 por los días trabajados, esté en el entorno de los 432 pesos como gasto por almuerzo”.

Apuntó que las administraciones, cuando no logren cubrir gastos, tienen la posibilidad de dar alimentos opcionales para quienes los quieran adquirir y esto puede constituir una fuente de ingresos y compensar costos de vegetales, viandas o postres.

“En la actividad empresarial donde los costos y gastos no se financien en su totalidad con los ingresos de comedor, se plantea la posibilidad de que se puedan asumir con los resultados de la actividad empresarial, pero esos gastos no van a ser deducibles del pago del impuesto, teniendo en cuenta que indirectamente afectaríamos el presupuesto estatal y la redistribución de las riquezas que necesita ese presupuesto para financiar el gasto social en nuestro país y el desarrollo económico

“En el caso de la actividad presupuestada, puede ajustarse y financiar la diferencia siempre que no se incremente y no se exceda de su presupuesto aprobado. Esto parte de un principio de costeabilidad y es muy importante que las administraciones hagan las valoraciones para ir a una reducción de costos y gastos asociados sin deteriorar la calidad, que es otra de las preocupaciones de nuestros trabajadores”, explicó.

Enfatizó que “el hecho de que acotemos el precio del comedor obrero no es justificación para deteriorar la calidad, aunque no podemos desconocer las limitaciones en determinadas ofertas.

“Urge autogestionar, impulsar el autoconsumo, transformar la actividad del comedor obrero, buscar ofertas y crecernos ante estos problemas”, dijo.

Precisó que cuando hay otorgamiento de merienda en horario laboral no habitual, también se va a regular que esa merienda sea gratuita, “y cuando hablamos de horario no habitual no hablamos de turno laboral, sino de horas fuera del turno laboral”.

Lourdes Rodríguez Ruíz, viceministra de Finanzas y Precios, señaló que en el control de precios, para observar todas las particularidades del cumplimiento de los principios, metas, objetivos y enmarcamientos con los que se trazó en la Tarea Ordenamiento un diseño básico, se requiere inspeccionar la formación de los precios mayoristas.

“Es una tarea enmarcada en este proceso de preparación, que se requiere en todas las entidades del país y también en nuestro sistema de trabajo de las direcciones provinciales y municipales de Finanzas y Precios”, dijo

Sobre el control que permite acotar, exigir, el cumplimiento de los precios previstos para la población, refirió que los minoristas tienen en la política actual de control el diseño de las direcciones integrales de supervisión, pero para el especial momento de la Tarea Ordenamiento, desde la etapa previa y a partir de su aplicación a partir del primero de enero, se indicó un conjunto de inspecciones al comercio minorista y todas las actividades de servicios a la población, tanto del sector estatal como el no estatal.

Informó que hoy se computan, de esa última etapa del mes de diciembre, a partir de la indicación de la preparación para la Tarea, y hasta el día de ayer, 52 685 inspecciones realizadas en todo el país, en las que se detectaron 24 659 violaciones (para un índice de detección relativamente alto: 47%) y se adoptaron 33 910 medidas en general. 

“El índice de detección es la forma en que se compara la cantidad de lugares visitados y aquellos en que se encuentran violaciones de precios. Aunque no es pareja la situación en todos los territorios, el MFP tiene la insatisfacción de que no se está llegando a identificar la totalidad de las violaciones existentes, que se dan tanto en el sector estatal como en el no estatal”, dijo.

“Resulta importante cumplir la acotación de precios que se ha fijado en ambos sectores, porque la combinación del consumo de nuestra población está precisamente diseñada bajo estas modalidades de ofertas, fundamentalmente con un mayor peso en los productos agropecuarios y en los servicios gastronómicos que acompañan el complemento de la alimentación”.

En esta primera etapa, prácticamente el 65% de las violaciones han estado en mercados agropecuarios y en diferentes modalidades de comercialización de productos agropecuarios, así como en los servicios gastronómicos.

“Y hay una detección mayoritaria en las formas de gestión no estatal, aunque todavía es muy alta la detección de violaciones en el sector estatal. Hay un 39% de incidencia en entidades estatales y un 56% en el sector no estatal”, destacó.

La ministra enfatizó que en esta etapa se ha dado mucha importancia a que las medidas se adopten en correspondencia con la gravedad de lo que se está enfrentando. En ese sentido, instó a continuar insistiendo con las administraciones locales en la ejecución del seguimiento de las violaciones que se detectan.

“Aunque se han aplicado disímiles medidas, como retiros de licencia para el ejercicio de la actividad del trabajo por cuenta propia (más de 600), aparte de 750 decomisos, también aquí persiste la insatisfacción de que no se están detectando aún todas las irregularidades que, por diferentes vías, hace conocer la población”, subrayó.

Para esta actividad se ha creado un grupo de trabajo en calidad de grupo de inspección superior, que en esta etapa y con las limitaciones impuestas por el enfrentamiento a la COVID-19, está diseñado para monitorear cuál es el grado de profundidad con que se cumplen las medidas de control de precios por las diferentes estructuras administrativas.

“Ya se han visitado seis provincias del país y se ha podido comprobar que no en todas las administraciones se está ejerciendo el control cabal, el control en profundidad como se quisiera. Tenemos que ir a lo que nos interesa: el cumplimiento de que se despachen las cantidades, calidades y precios que corresponden. Y, por supuesto, asociado a que, en el control popular, se sienta la repercusión de las acciones de rectificación  de esas violaciones que se detectan”.

Al final de la Mesa Redonda, Meisi Bolaños Weiss llamó a “seguir trabajando, ajustando e implementando. Lo importante es que cada organismo, administración, Gobierno provincial y entidad, jueguen su rol en este ordenamiento.

Instó a hacer mejor las cosas, a la mayor preparación para seguir implementando los procesos, y “echando p’ alante con el ordenamiento monetario, en función de esa prosperidad a la que aspiramos todos los cubanos”.

Igualmente, “en función de generar más bienes, más servicios y más riqueza, que nos permitirá entonces en ese horizonte y en nuestro proyecto social, vivir en mejores condiciones y, sobre todo, seguir contando con las garantías, la sostenibilidad de los servicios básicos que hoy disfrutamos cada cubana y cubano.

“Seguiremos informando y actualizando a la población, y seguiremos cumpliendo con el deber que nos queda, que es trabajar en función del avance de nuestra economía y de nuestra sociedad”.