Tarea Ordenamiento: ¿Cómo marcha a un mes de su implementación?

Al comenzar su intervención en la Mesa Redonda de este miércoles, Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del PCC y jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, afirmó que el tema del ordenamiento es seguido de cerca por la población y es importante hacer balance de lo que ha sucedido en estos primeros tiempos.

El inicio oficial de la Tarea Ordenamiento fue el primero de enero de 2021, precisó, porque ese día el Banco Central de Cuba declaró oficialmente como tipo de cambio oficial el de uno por 24. “Sin embargo ‒consideró‒, la Tarea Ordenamiento empezó antes”.

“A mí me parece que un momento importante fue el 10 de diciembre, cuando se hizo público que el inicio de la Tarea sería el 1ro de enero. Solo seis horas después, ya estaban publicadas en la Gaceta Oficial las más de 100 normas jurídicas que respaldan este proceso, incluyendo un decreto ley sombrilla, porque pudiera haber aparecido una norma jurídica que entrara en contradicción con la Tarea Ordenamiento. Por eso se hizo un decreto ley general”.

En el primer momento, cuando se publicaron las normas jurídicas en la Gaceta Oficial, empezaron las opiniones de la población. “Hasta esa fecha se había explicado qué era el ordenamiento, pero evidentemente las personas no tenían la percepción del efecto que tendría”, dijo.

“Hay un momento muy importante para nosotros, el 10 de diciembre, porque, a partir de que las personas empezaron a leer las normas jurídicas, comenzaron a llegar opiniones. Nosotros estudiamos respetuosamente los criterios de todos. Vino después la Asamblea Nacional, donde también se discutió este tema y el presidente Díaz-Canel aseguró que todo se revisaría y se cambiaría lo que fuese necesario cambiar, siempre que fuese posible cambiarlo”, recordó Murillo Jorge.

“Es decir, hay una voluntad del Gobierno y del Estado de revisar cada opinión. Quiero recordar que antes del 1ro de enero ya se habían hecho cambios en las tarifas eléctricas, a partir de los criterios de la población”, añadió.

Estos primeros tiempos confirman la complejidad del proceso, “ya que es muy transversal, tiene que ver con toda la sociedad. No creo que haya persona con la que no tenga que ver de algún modo la Tarea Ordenamiento.

“Es un proceso complejo porque, como habíamos explicado, había que eliminar el CUC, poner un solo tipo de cambio, quitar subsidios y algunas gratuidades ‒que fueran las menos‒ y transformar los ingresos, que incluyen salario, jubilaciones y la asistencia social. Siempre he dicho que solo una reforma salarial es un problema muy complejo”.

Sobre la reforma salarial ‒continuó‒ es importante insistir en que el cálculo que se había hecho sobre ella inicialmente estaba en el orden de 160 000 millones de pesos de fondo de salario. Antes, el fondo de salario en Cuba era de 28 300 millones de pesos. Con el incremento en el sector presupuestado, aumentó a unos 34 000 millones, y el fondo de salario de la Tarea Ordenamiento es de 139 000 millones.

“Los que están en el sistema empresarial se comparan con el fondo de salario de los 28 300, porque ellos no subieron con el primer incremento de salario, y los que estaban en el sector presupuestado se comparan con los 34 000, porque sí tuvieron ese incremento.

“El diseño que había de la Tarea Ordenamiento en un primer momento no era de 139 000 millones, sino de 160 000 millones. Es decir, ahí nos quedamos unos 20 000 millones por debajo de lo que debió haberse hecho para tratar de resolver un poco más de las incongruencias que tenía el salario en el punto de partida.

“Eso tiene que ver con los equilibrios macroeconómicos, porque la economía tiene leyes. Lo que pasa es que sus efectos no siempre se ven en el corto plazo. En la economía tú cometes un error hoy y las consecuencias no se ven ni mañana ni pasado, tiene un rebote inflacionario de aquí a tres o cuatro meses. Entonces, los equilibrios macroeconómicos y los modelos se corrieron.

“De hecho, traje una vez aquí los modelos con los conceptos y posibles números que aconsejaban no hacer una reforma salarial superior a los 139 mil millones y eso fue lo que se hizo. En esa reforma salarial han aparecido muchas opiniones, todas públicas, relativas a los operarios, por ejemplo”, explicó el jefe de la Comisión de los Lineamientos.

En esa reforma de salarios se subieron los universitarios, técnicos medios al grupo 11, y los operarios se quedaron en los grupos 7 y 8, donde están los linieros y otros.

“En el grupo 11 están las personas que tienen nivel de calificación de técnico medio, y hay operarios que no llegan a ser técnicos medios, pero que sí tienen una calificación alta, como es el caso de los linieros, los ‘torreros’ de Etecsa y otros. En la actividad de ferrocarriles también hay operarios de mucha calificación. Ahí había opiniones relativas a que ellos debían estar en un grupo escala superior.

“Queremos trasladar que solo hacer una reforma de salarios con limitaciones genera un grupo de insatisfacciones, que estamos conscientes de que la reforma de salarios no se resolvió en el punto de partida”.

Murillo Jorge destacó que la Tarea Ordenamiento se ha hecho en un momento económico muy complejo, en plena pandemia, con los efectos de las medidas del bloqueo muy arreciados en el último año, la crisis económica internacional y la detención de los flujos comerciales incidiendo también, mientras los ingresos del país en divisas están muy limitados.

“Entonces, cuando le dices a la persona ‘es verdad, caíste en un grupo escala relativamente bajo, pero estás en el sistema empresarial y ahí te quedan dos cosas adicionales, un sistema de pago a destajo y una distribución de utilidades’, hay quienes te dicen: “Sí, pero prácticamente no puedo poner los trabajadores a destajo, porque no tengo materia prima para que trabajen y las utilidades de fin de año serán limitadas.

“Todo eso está dando vueltas alrededor del proceso y es válido. Pero también es válido decir que hay muchas reservas en el sistema empresarial que se deben salir a buscar. Si nos paramos en la posición de las limitaciones que tiene el país, que son ciertas, y no nos paramos en la posición de que ahora se debe dirigir la empresa de una manera totalmente diferente, entonces no tendríamos solución al tema”.

Recalcó que es justo reconocer que se ha hecho la Tarea Ordenamiento en un momento difícil, y agregó que otro punto complejo es la oferta.

“Tendremos que enfrentar un déficit de ofertas, un crecimiento de los ingresos de las personas a partir del crecimiento de salarios, pensiones y asistencia social; un incremento del costo de las formas no estatales y un alto déficit presupuestario, que siempre tiene sus riesgos inflacionarios. Sin embargo, hicimos la Tarea Ordenamiento.

“Creo que la pandemia va a pasar, que de la crisis mundial  ‒como en todas las anteriores‒ se entra y se sale. Y haber emprendido la Tarea Ordenamiento, tener un enfoque diferente en el sistema empresarial y en los actores de la economía, que son los que producen las riquezas, en un ambiente mejor desde el punto de vista monetario, respalda la necesidad de haber tomado la decisión de implementar la Tarea con las limitaciones que tenemos y que se han estado atendiendo”.

En ese sentido, señaló que, en la manera en que financieramente venía funcionando el país, la propia actualización del modelo económico, que ha tomado cuerpo en la Estrategia Económica y Social, era muy difícil.

“Aun con lo que ha sucedido en este primer mes, hay un grupo de hechos que dan un saldo positivo. Teníamos que eliminar de la economía la sobrevaloración del peso sobre el dólar, y la gran distorsión de funcionar con dos tipos de cambio: 1×1 y 1×24. Aún con lo que ha ocurrido, se ratifica la validez del proceso”, enfatizó.

“Para nosotros ha sido extremadamente importante la visita por las provincias, oír a las personas, escuchar a los empresarios en un escenario real de aplicación de las medidas, porque siempre las personas tienen vivencias que son extremadamente importantes.

“Ahora están ocurriendo cosas que vemos, y no quiere decir que no estuviesen. Ya estaban, lo que pasa es que en un ambiente de 1×1, subvalorándolo todo por la sobrevaloración del peso contra el dólar, no se veían.

“En este recorrido han sucedido cosas interesantes. En una provincia alguien dijo: ‘Me subieron las tarifas de transportación’. Esa ha sido una de las medidas más complejas que hemos tenido que enfrentar, pero no es una tarifa de transportación que tenga efectos en la población. Es una empresa que transportaba a los maestros de un municipio a otro en un ómnibus. Ese ómnibus salía de un municipio y llegaba a otro, estaba diez horas parado y prácticamente cobraba la misma tarifa estando parado que el tiempo que estaba moviéndose con esos maestros, y retornaba por la tarde.

“Esas tarifas estaban muy subvaloradas y las pagaba el presupuesto del Estado del municipio. Ahora, como los combustibles están expresados por 24, todo es más caro y en una provincia nos dijeron: ‘Si pago eso, me quedo sin presupuesto a mitad de año’.

“Es decir, lo que antes parecía normal y corriente, porque valía poco, cuando tú lo expresas en una tarifa en la Tarea Ordenamiento, los titulares del presupuesto que lo tienen que administrar de maneras diferentes, han dicho que hay que resolver. Están dispuestos a pagar algo por el ómnibus que está parado durante ocho horas, pero dicen que no les pueden cobrar lo mismo que si el ómnibus estuviera caminando. Y así ha sucedido con otros ejemplos”.

Añadió que “es verdad que ha faltado iniciativa y prevención de ver los problemas antes. Casi todo lo que ha ocurrido a nivel de provincia y de nosotros mismos, que se ha rectificado, ha sido a partir de las quejas de la población, pese a que estábamos en condiciones de preverlo antes y que el fenómeno no llegara a la población”.

Al respecto, mencionó el incremento de los precios mayoristas en determinados sectores de la economía, como es la industria alimentaria, que tuvo un efecto muy rápido en los precios de la gastronomía. “El problema se produjo cuando la población comenzó a quejarse por los precios. Porque la población sí empezó a comparar rápido el incremento de los precios con el de los ingresos. Y la percepción que hay es que están quedando peor tras la Tarea Ordenamiento.

“Hay que decir también que enero fue un mes con características propias, porque la Tarea Ordenamiento empezó oficialmente el 1ro de enero, pero el salario se pagó desde diciembre, con un anticipo. En enero, las personas no cobraron anticipos y en muchos lugares, incorrectamente, se le dieron vacaciones masivas a los trabajadores. Por tanto, cuando llegaron a cobrar el salario en enero ‒que ya habían cobrado anticipos‒ y les sacaron vacaciones, el neto que cobraron en los primeros días de enero era de 200 a 400 pesos en algún lugar. Con el incremento de los precios, la gente automáticamente sintió que estaban peor.

“Creo que con las correcciones de precios que se han venido haciendo, no pocas, febrero debe ir cambiando un poco esa percepción. Hay lugares donde las explicaciones a los trabajadores no han sido buenas. Porque si bien hay empresas con situaciones económicas complejas, hay otras que no.

“Incluso, hay ejemplos de grupos empresariales muy vinculados a la exportación ‒y ya hemos dicho que los exportadores salen mejor porque todo el ingreso se multiplica por 24‒, donde también ha habido disgustos de los trabajadores por la escala salarial”.

Sobre esto, se refirió a “una organización empresarial que tiene las características propias de ser una empresa que podría pagar el salario escala, pagar un sistema a destajo y distribuir utilidades porque es exportadora, donde esa explicación no se dio bien y la opinión de los trabajadores es que la nueva escala prácticamente no resuelve los problemas”.

Murillo Jorge reafirmó que el enfoque social y justo de la Revolución cubana no se pierde en la Tarea Ordenamiento, “lo que pasa es que debemos actuar de otra manera, y ahí también han ocurrido algunas cosas. No es lo mismo subsidiar productos, que subsidiar personas. El subsidio al consumo sigue estando en el orden de los 30 000 millones de pesos.

“No es que le quitamos el subsidio a todos los productos, y no lo hicimos porque estábamos conscientes de que la sociedad y las instituciones no estaban preparadas para hacer un análisis de todas las familias, en un periodo corto de tiempo, y definir quién necesita ayuda y quién no.

“Esa decisión, que considero correcta, nos llevó a mantener más de 18 000 millones  de subsidio en la electricidad. Aunque, como dijimos, la reducción de las tarifas, si los costos del petróleo en el mercado mundial suben, nos puede costar unos 5 000 millones más de subsidio”.

Además ‒recordó Murillo Jorge‒, se mantuvo subsidiado todo lo que tiene que ver con la alimentación de los niños, mientras que a determinados segmentos de la población se les quitaron los subsidios, como es el caso del llamado sistema de atención a la familia (SAF).

Sobre este punto, aclaró que el presupuesto estatal tiene previstas dos grandes partidas: unos 18 000 millones para atender empresas que tengan problemas económicos durante el primer año de la Tarea Ordenamiento, pero no es el subsidio clásico de etapas anteriores, y otros 700 millones para atender a las personas vulnerables.

“En el sistema de atención a la familia hay 76 000 personas. No todas son vulnerables económicamente, porque también, con el incremento de los ingresos, salieron de la vulnerabilidad un grupo de familiares.

“Nosotros hemos tenido reuniones con los Gobiernos territoriales, que son, además, los que tienen la facultad, y yo aplaudo lo que se ha hecho en tables de 7 y 8 pesos. Pero insisto en que hay que terminar de hacer un análisis económico y social de cada una de las personas que asisten a los SAF, porque aunque tú pongas un table de 7 pesos, si hay que ayudarlo económicamente, se le ayuda. Y la asistencia social puede pagar el 50% del valor de ese table. En eso ha habido enredos operacionales, algunos municipios han avanzado más, otros municipios han avanzado menos.

“Pero quiero dejar claro que el concepto de que nadie quede desamparado, y el enfoque de ayuda y justicia social, la Tarea Ordenamiento no los abandona. Lo que pasa es que en algunos lugares se actúa más rápido y en otros menos”.

Otro tema en el que se debe hacer énfasis es la descentralización de precios mayoristas, señaló el jefe de la Comisión de los Lineamientos. “Cuando anunciamos en la Mesa Redonda algunos elementos de la Tarea, incluso recibimos opiniones de que, aun cuando se descentralizaron los precios mayoristas, le habíamos puesto límites. Este precio mayorista tú lo formas hasta este límite, y recibimos opiniones del mundo de la academia, de algunos economistas, que nos llamaron y nos decían: ‘Es que se da facultad de formación de precios, pero se ponen límites’.

“Ese criterio estaba ya desde diciembre, cuando dimos las explicaciones, y siempre decíamos que era importante poner determinados límites, porque un crecimiento de la inflación mayorista siempre va a tener un reflejo muy rápido en los incrementos de los precios minoristas. ¿Qué ocurrió?

“Todas las resoluciones del MFP, en términos de precios, se escribieron con un concepto que se llama ‘precios máximos’. Dicho de otra forma, ‘hasta’. En Cuba, a todo lo que tú le pones ‘hasta’ en términos de precios, se pone en ese nivel desde el primer día.

“En algunos sectores de la manufactura, que tienen reflejos muy rápidos ‒eso se llama traspaso de la inflación mayorista a la minorista‒, todo el mundo formó los precios por los ‘hasta’ y no hubo un análisis de decir, por ejemplo: ‘Yo tengo este precio como punto de partida, me han dicho que mi índice de formación de precios es de 4.90’ (esto significa multiplicar el precio del año base por 4.90, pero se suponía que eso era una multiplicación promedio de los precios de una empresa).

“¿Qué hicieron algunas empresas? Abrieron un documento Excel, listaron todos los productos, pusieron en una columna todos los precios previos, en la otra multiplicaron por 4.90, y los resultados obtenidos fueron los nuevos precios sin mayores análisis.

“No tuvieron en cuenta que había inventarios que se compraron a 1×1. Todo eso tuvo un reflejo en los precios minoristas de la población en cinco días. Y ahí empezaron las quejas”, recordó.

Todo eso ‒añadió‒ se ha estado revisando. “Ha habido cuestiones de diseño que hemos tenido que cambiar, aunque han sido las menos, y también han ocurrido desviaciones del diseño debido a interpretaciones, falta de capacitación o de profundidad y, para ser honestos, porque es un proceso complejo. Imagínense hacer los precios de toda Cuba en cinco días.

“De eso hay muchos criterios de la población y los analizamos todos. Hay quienes han dicho ‘tantos años estudiando para ahora, en poco tiempo, tener que cambiar tantas cosas’. Hay que pensar en lo complejo de hacer una transformación tan profunda (quitar una moneda, poner un tipo de cambio nuevo, formar todos los precios, cambiar salarios, quitar subsidios, eliminar gratuidades…). Nosotros hubiéramos querido que no saliera nada que tuviéramos que rectificar, pero van ocurriendo cosas, hay características propias de cada territorio, que se han estado revisando, y son muchos actores que participan.

“Siempre dijimos que la Tarea Ordenamiento es un ajuste, aunque no con las leyes salvajes del mercado ni del capitalismo brutal, pero una devaluación siempre lleva un ajuste. Ya están los efectos del ajuste: el efecto del ajuste de eliminar subsidios ha tenido un rebote muy positivo en personas buscando empleo: más de 40 000 en los primeros días.

“Ahora tenemos otra disyuntiva, hay quienes salieron a buscar empleo y dicen que no están de acuerdo con el empleo disponible. Eso es válido.

“Lo otro que se ha comentado mucho es que tenemos que atender a los vulnerables, pero a una persona económicamente activa, acta para trabajar, para que no se convierta en vulnerable, lo primero que debemos brindarle es posibilidades de trabajo para que tenga ingresos”.

Murillo Jorge consideró que la Tarea Ordenamiento, en este primer tiempo, ha aportado elementos que ratifican la necesidad de hacerla. “Primero, hemos visto distorsiones en la economía que con el cambio al 1×1 no se apreciaban; segundo, la reforma de salarios,  aunque no lo resuelve todo, sí resolvió un grupo de cosas.

“Hay un grupo de cuestiones que se han venido estudiando, se le han propuesto al Gobierno, que diariamente revisa esto. Ya hay un grupo de decisiones que se han ido tomando y hay otras que están en proceso. La semana próxima seguro estaremos por aquí para hablar de otros temas, como el del precio del acopio del arroz y la leche. Nos van quedando preocupaciones de salario en otros sectores; el precio de las frutas, que hay quienes dicen que está alto, aunque ese alto es ‘hasta’.

“De los precios de los productos agropecuarios, 30 se quedaron centralizados; de ellos, unos siete tienen que ver con el tabaco, y uno con la caña, que es para la industria azucarera. Puros, de la agricultura, quedaron unos 22. El resto se descentralizó a nivel de grupos empresariales en conciliación con los Gobiernos en provincia, y esos han dado menos trabajo que los que dejamos centralizados.

“Hemos visto que, aun cuando no había toda la experiencia para que esas estructuras funcionaran, en muchos casos las cosas han salido bien. Es decir, los precios descentralizados de los productos agropecuarios han salido mejor que los centralizados, y por eso estamos revisando”.

Explicó que para la Tarea Ordenamiento se han diseñado unos 43 indicadores macroeconómicos, incluida la relación deuda pública-PIB, y hay un grupo de los indicadores referentes a las expectativas de la población. 

“Diseñamos que el CUC iba a estar vivo seis meses, que se cambiaba en el banco y se recogía en un grupo de entidades del comercio, lo que pasa es que la información no fue buena y no se dijo exactamente dónde se recogía y dónde no. Luego se incrementaron las entidades que recogían CUC, se incorporaron Caracol, instituciones de la cultura, Artex, Egrem… Y ya se han recogido más del 50% del CUC que estaba previsto recoger. Eso da la medida de que la población entendió rápido que es una moneda de la cual hay que salir.

“De unos 600 a 700 millones que había que recoger, se ha recogido alrededor de la mitad. Anda por el orden de 11 a 12 millones diarios. Si eso se mantiene y va quedando menos CUC, previa información a la población podrían ir quedando menos entidades operando con CUC. No estoy anunciando aquí una decisión, se mantiene la validez de seis meses.

“Lo otro es que la posibilidad de que las personas con cuentas de ahorro en CUC podían pasarlas a dólares, el sistema de depósito con un mínimo de interés, no ha tenido gran magnitud, y como saldo positivo, en términos de expectativas de la población, hay una corrida normal de los saldos de las cuentas, pero a favor del peso”, informó.

“Nos quedan temas pendientes que estamos estudiando”, concluyó.

En la continuación de la Mesa Redonda de este miércoles, la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, recordó que en ediciones anteriores de este espacio se explicó a la población que el tema de los medicamentos, un asunto sensible, se continuaba evaluando.

“No son evaluaciones fáciles porque no solo se debe tener en cuenta la cuestión económica o la magnitud en la que crecen los costos para la producción o los costos de la importación, sino también la utilización del medicamento, la fecha del tratamiento. Este es un trabajo muy riguroso que en breve espacio de tiempo los compañeros del Ministerio de Salud Pública y los de BioCubaFarma, que integra las empresas productoras de medicamentos, han venido haciendo bajo el principio de que siempre podemos seguir revisando”.

Al respecto, recordó que en su última presencia en la Mesa Redonda explicó la rebaja y adecuación de 23 medicamentos, algunos porque ya no se iban a importar y se iba a empezar su producción en el país, y 11 a los cuales expresamente se les rebajaron los precios.

A partir de un análisis y escuchando también los criterios médicos y sobre todo la fecha del tratamiento (si bien no son tratamientos para enfermedades crónicas o de toda la vida, cuando la persona se enferma tiene que consumir determinados medicamentos que pueden ser de tres, cuatro o seis semanas), se hizo una revisión que dio lugar a que 37 medicamentos del Anexo III de la Resolución 345 (listaba los precios minoristas de los medicamentos que  tuvieron un impacto en el incremento de los precios, porque se le trasladó el incremento de los costos) pasaran a categorizarse como complementarios y, por tanto, adoptan el precio anterior a la Tarea Ordenamiento.

El país continúa subsidiando aproximadamente, en términos de medicamentos y de su venta minorista más de 2 000 millones de pesos, porque todos los medicamentos que son controlados y sus suplementarios se siguen vendiendo al precio anterior, recordó la ministra de Finanzas y Precios

“Esto lleva un subsidio adicional, porque estamos hablando de que si estos medicamentos pasaron a un precio que inicialmente no es incorrecto, es el que tienen, al hacer el reajuste ese costo lo asume el presupuesto del Estado por un monto de 33 millones de pesos, adicionales a los 2 000 millones que ya se subsidian”, precisó.

También relacionado con los medicamentos, se produce una rebaja del 15% en los precios minoristas de 41 medicamentos que se mantienen con precios adaptados al nuevo escenario, pero el ajuste se hizo como resultado de disminuir los márgenes comerciales de productores y comercializadores. 

“Ha habido una reacción en las empresas que intervienen en este proceso de estrechar su margen a favor de una disminución. Eso es favorable y muestra la sensibilidad y el enfoque empresarial de justicia social que no desaparece con el ordenamiento”.

La ministra señaló que hay personas que con los nuevos ingresos, y ante los nuevos precios, requieren ayuda y asistencia porque sus gastos de vida no les permiten complementar el gasto de medicinas en tratamientos específicos. En esos casos, hay que acudir al procedimiento de la asistencia social

En cuanto a cuatro medicamentos que se usan principalmente en padecimientos de personas de la tercera edad, como el Truabin, cuya producción o importación hizo que se elevaran los costos, se les está haciendo una rebaja de más de 50%. En esos casos, la diferencia la financia también el presupuesto estatal y se requiere un subsidio parcial de  aproximadamente 14 millones de pesos.

Recordó, además, que todos los medicamentos que son de uso hospitalario, Salud Pública los brinda de forma gratuita, al igual que los tratamientos.

Al pasar a otro tema, señaló que “hemos ido realizando varios ajustes en correspondencia con el salario y la capacidad de compra de las personas, así como los precios. Creo que es bueno reiterar que existen normas jurídicas. Por ejemplo, está la Resolución No. 5, que ratifica la acotación de los precios de comedores obreros y se plantea como acotación 18 pesos promedio para el cobro del servicio y se reconoce la posibilidad de dar opcionales para quien quiera consumir otros productos, lo cual va a ayudar a compensar los costos que no se pueden recuperar al estar acotado el precio del comedor”.

Uno de los temas que salió en recorridos por provincias fue la queja de trabajadores sobre los precios del comedor obrero. “Tanto las administraciones como los trabajadores deben saber que es pública esa resolución del MFP, donde se hacen esas acotaciones y se señala a las empresas que si los costos son superiores a la acotación, pueden asumirlos desde las utilidades y, en el caso de las unidades presupuestadas, dentro del presupuesto aprobado”.

Se han recibido muchas quejas sobre el precio del servicio de limpieza de fosas. Al respecto, Bolaños Weiss aclaró que el costo es de 280 pesos, pero que, como ya se ha explicado, ante la reiteración del servicio se aplica una bonificación consistente en que tantas veces como se brinde a un cliente, por las propias características o condiciones especiales, solo se cobrará como si fuera una sola vez.

Sobre el cobro de servicios de aduana, explicó que no se produce un ajuste del cobro de los servicios. “La resolución que rige el nuevo cobro de estos servicios, que tienen aproximadamente en el nuevo escenario un incremento de cinco veces por los servicios de despacho de los equipajes, de las cargas, los envíos o la paquetería, está regulado con aproximadamente ese crecimiento.

“Por ejemplo, si una persona recibe un paquete o un envío de hasta 200 pesos, antes estaba regulado que era 10 pesos, ahora va a pagar 50 pesos a la empresa   por servicio de aduana a través de la empresa que le presta ese servicio.

“¿Qué es lo que se ha regulado para no afectar a la población? Producto de las limitaciones que el país tuvo el año pasado, sobre todo por la COVID-19, hay un grupo de cargas que entraron al país de la población por menaje, por carga o envíos que mandaron los familiares, es decir, de persona a persona o incluso cargas no acompañadas, que no han sido despachadas o fueron despachadas por la aduana y la empresa correspondiente posteriormente al año 2020.

“Hicimos un análisis, y como la carga entró al país cuando este servicio tenía otro precio, pues se está regulando que a aquellas personas cuya carga ingresó en 2020 se les cobrará el servicio de aduana con las tarifas anteriores. Además, se devolverá el dinero de aquellas personas que hayan pagado por la tarifa nueva pero sus cargas entraron el año pasado”.

Informó que se ha aprobado una modificación de la Resolución 314 de 2020 del MFP, que rige los servicios de aduana, por la que se rebajan las tarifas de determinados servicios que impactan en las entidades que los reciben, lo cual va a favorecer los costos también hacia la economía

“Estamos  en una economía que no solo la desarrollan empresas estatales, sino también formas de gestión no estatal. En el despacho aduanal se aplicaba un 0.10%  sobre el valor de la importación anteriormente; ahora, con el ordenamiento, se incrementaron esos costos y ahora se está haciendo una rebaja, por ejemplo de 0.30 a 0.10, sobre el valor total de la importación.

“Todo eso también favorece la formación de costo en los niveles de crecimiento”, destacó.

Marino Murillo explicó que cada una de las modificaciones adoptadas tienen vínculos directos o indirectos con el presupuesto del Estado. Así, por ejemplo, aparecen los 47 medicamentos que se rebajan o subsidian, junto a otros 41 que no van contra el presupuesto pero sí contra el margen de ganancia de las empresas. Todos esos gastos —apuntó— se incluyen dentro de los 33 mil millones de pesos destinados a los subsidios.

Respecto al tema de los comedores obreros, reafirmó que ninguna empresa debe cobrar a sus trabajadores más de 18 pesos por ese servicio. “Las empresas pueden llevar la diferencia a sus gastos no deducibles, pero nadie puede pedir incremento al presupuesto estatal para estos asuntos”.

En el caso de las fosas, el servicio se cobra a 280 pesos fundamentalmente por el tema del combustible. “Se conoce en Cuba las fosas con problemas que necesitan varias limpiezas en el año y las propias empresas deben estar interesadas en arreglarlas”.

En este y otros casos, explicó que se han buscado muchas soluciones a costa del presupuesto estatal, pero otras tienen que ver con el rol que le corresponde a cada entidad como parte del ordenamiento.

En tal sentido, la ministra de Finanzas y Precios agregó que muchas tareas han llevado ajustes, lo cual incide en una reorganización de un presupuesto que tienen un déficit de 86 millones de pesos. “Cada vez que tomamos una decisión debe hacerse bajo el principio de la racionalidad, porque aunque el presupuesto prevé reservas para estos casos, debemos preservar algunas para situaciones excepcionales”.

Aun así, confirmó que ninguno de los cambios significa actuar bajo terapias de choque que desconozca a los vulnerables, o a las nuevas personas detectadas ahora como necesitados de los beneficios de la seguridad social.

Respecto al tema del pago de las tasas de peaje, la ministra explicó que es un tributo, el cual las personas pagan para recibir un servicio a corto plazo. Como tasa al fin, se paga cada vez que un ciudadano transita por las vías sujetas al pago. En el caso de la Autopista a Varadero, esa tasa ahora es de 20 pesos, teniendo en cuenta que lo recogido se destina a la reparación de la vía.

No obstante, atendiendo a un análisis del Gobierno de Matanzas, ampliamos las bonificaciones establecidas desde la Ley Tributaria. Estos son los casos de los conductores de vehículos de Santa Marta y Varadero, así como a los transportistas profesionales del sector estatal y no estatal, residentes en Cárdenas y Matanzas, los cuales solo pagan el 70 % de lo establecido.

Por su parte, en el resto de los tramos gravados se aplica la misma bonificación a la Empresa de Transporte a Trabajadores, por los servicios de transporte del personal que labora en los polos turísticos.

Respecto a la transportación de cargas, la ministra explicó que teniendo en cuenta el aumento de costos en todos los sectores de la economía por la aplicación de las tarifas de transportación de carga, se modifica la Resolución 311 del 2020 del MFP. Esta decisión implica una rebaja del 30 % a las tarifas establecidas para la transportación de cargas, tanto por ferrocarril, carretera, o la forma multimodal.

Uno de los asuntos que ya se implementa en el país es el cobro del combustible a precios mayoristas para los trasportistas asociados al modelo de gestión asociado a la Empresa TaxisCuba, así como a los taxis ruteros.

“Este cambio se aprobó bajo el principio de generalidad y para que todos puedan operar en igualdad de condiciones. Los nuevos precios abaratan los costos en el orden del 35 %, lo cual debe repercutir en la rebaja de precios a la población cuando utilice estos servicios”, comentó la ministra.

A su vez, el Ministerio de Finanzas y Precios aplica el Decreto 30 del 2021 enfocado a las contravenciones por violaciones en materia de precios. “Esta es una acción más como parte de la respuesta combativa que hay que dar a las violaciones de precios, sobre todo en el actual escenario”.

Este documento regula dos nuevas contravenciones de precios minoristas: la retención o no comercialización de mercancías destinadas a la venta a la población, así como la aplicación de precios abusivos y especulativos. Asimismo, regula la sanción de decomiso y venta forzosa de los bienes.

La ministra explicó que la ética, el respeto y la responsabilidad son asuntos claves a la hora de aplicar el nuevo decreto. Del mismo modo, confirmó que las personas tienen derecho a reclamar si consideran que se ha actuado de forma errónea contra ellos. Asimismo, aseguró que de no pagarse la multa esta se duplica transcurridos 30 días, y luego de igual plazo se puede formular la denuncia para abrir un proceso penal contra el infractor.

Al concluir la Mesa, otra vez Marino Murillo Jorge resaltó que se revisan nuevas tarifas, pero siempre sin modificar las esencias de la Tarea Ordenamiento, vinculadas a la eficiencia ante el trabajo. “Nadie quedará desamparado y cada vez que se tome una nueva decisión se la informaremos enseguida a nuestro pueblo”, concluyó.