¿Cómo marchan la distribución de la canasta familiar normada y el sistema de comercio y gastronomía en el país? (+ Video)

“La población tiene la duda de por qué, si se dice que los productos están, no están cuando acuden a la bodega. Estamos dependiendo totalmente de productos de importación. Teníamos seis buques en operaciones en diferentes puertos del país. Hay que descargarlos y luego transportarlos a las provincias, a veces hay cabotajes a algunos territorios. Se transporta a los municipios y, entonces, a las bodegas”, explicó la ministra al abordar la situación de los últimos meses y mencionar los altos niveles de productos pendientes.

Además –continuó–, “la situación en todas las provincias no es igual. Ya terminamos el arroz de abril, cuando vamos al de mayo hay provincias como Cienfuegos, Sancti Spíritus y Villa Clara que terminaron ya la distribución de ese mes, pero no sucede lo mismo en otras como Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana, Matanzas, que no han concluido, aunque disponen del producto. Están en un proceso de distribución que va a tomar todavía unos días”.

En ese proceso interviene un engranaje complejo, en el que están el sistema de transporte de la cadena puerto-transporte-economía interna, el sistema de transporte propio del comercio interior y luego el sistema de transporte de los territorios, que deben estar totalmente alineados para que funcione el ciclo y los productos lleguen al destino final.

“Todo eso, con una prioridad para el combustible encomendada por el Gobierno, con prioridad de los medios. Hay que decir que participan transportistas de varios organismos y entidades, de la agricultura, de Azcuba, porteadores privados… Pero hay días en que no está el combustible. A veces, la falta de fluido eléctrico afecta procesos como los de pesaje, de facturación.

“Aun así, nos crecemos ante esas dificultades y cuando está el producto la prioridad es distribuirlo”, dijo la ministra, que también reconoció que falta fuerza de trabajo en lugares importantes como los centros de carga y los puertos. “Se hacen brigadas de refuerzo. Porque la primera prioridad definida por el Gobierno, y que se analiza a diario, es llevar los alimentos hasta las bodegas”.

Más adelante, la ministra afirmó que “comprendemos lo que dice la población, ‘yo lo que quiero es que esté el producto en la bodega’, y ese es nuestro objetivo. Tenemos que reconocer que por muchos años, hasta 2020 o 2021, el día primero el producto estaba en la bodega, y eso lo hemos perdido. Perdimos inventarios, cobertura, estamos dependiendo de las importaciones”.

Recordó que, en 2018, el 30% del arroz consumido en Cuba era de producción nacional. “Es muy difícil cumplir con los tiempos cuando se depende solo de las importaciones”, señaló, precisando que, por ejemplo, llega un buque de 30 000 toneladas y descargar 4 000 toneladas toma unos siete días, a lo que se suma que tiene que ir a dos puertos.

Sobre el arroz del mes de abril, explicó que se cumplió el compromiso, se entregó 1 kg adicional, y en mayo también comenzó una distribución similar. Las provincias de Pinar del Río a Ciego de Ávila disponen del producto para entregar siete libras. Tres provincias concluyeron ese proceso y ya empezó la distribución del kilogramo adicional. “También este mes habrá un kilogramo adicional”, informó.

Entretanto, Camagüey y Las Tunas están en proceso de extracción del producto de un buque en el puerto de Nuevitas, “un proceso que estimamos no va a concluir en mayo, por los días que restan y los volúmenes a extraer. Holguín debe recibir un buque en las próximas horas, que le permitirá entregar el arroz en mejor tiempo. Y nos queda el resto de oriente, que hay un buque que está en costas cubanas, pero debemos disponer del financiamiento para descargarlo y continuar la distribución”.

La ministra informó que  en la Isla de la Juventud, que tiene cobertura y prioridad, se completó hace unos días, con una embarcación que pudo navegar cuando mejoraron las condiciones del tiempo.

“En Holguín, entre la entrada a puerto y las lluvias se estuvo más de seis días. Nos atrasamos en la distribución. Realmente, la provincia más afectada en los últimos meses ha sido Holguín. Ese mes debe tener una mejor situación, pero tampoco se concluirá.

“Es decir, en las provincias desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo, no completaremos dentro del mes las siete libras y el kilogramo adicional, aunque está garantizado el arroz, está y se va a entregar”, precisó.

Aclaró, al referirse a las especificidades por municipios y provincias –“que debemos lograr hacerlas territoriales”–, que la distribución particular en la provincia la tiene que hacer la provincia, y “nosotros informamos que está asegurado cuando las importaciones están contratadas, cuando los barcos están llegando al país o en el país”.

Al pasar al resto de los productos, Díaz Velázquez precisó que en abril se completó el azúcar que se debía del mes de marzo y se incorporó azúcar refino. Se distribuyó el grano previsto, aunque quedan algunos pendientes, fundamentalmente de mayo. La industria concluyó la producción de café el 30 de abril y en siete días concluyó la distribución.

Igualmente, se cumplió en abril la entrega del aceite, “que no lo habíamos dado en marzo.

Se incorporó en la distribución la carne en conserva hermética, que se da a zonas de difícil acceso, el Plan Turquino. Al cierre de hoy nos quedan cinco toneladas, en la Ciénaga de Zapata, y hay un compromiso de concluir esa distribución.

“Además, se tomó la decisión, por un déficit de carne de res en la agricultura, entregar carne de res enlatada a los niños, en lo que había habido una afectación en febrero, marzo y abril, y se decidió incorporar productos de donativos que llegaron, como sardina.

“En el caso de las provincias orientales, continúa la distribución, por un ofrecimiento del Programa Mundial de Alimentos, de arroz, aceite y granos, y también hay una distribución avanzando, en algunas provincias estamos en una sexta y en otras en una séptima distribución, de productos a personas en situación de vulnerabilidad, embarazadas y niños de bajo peso”.

“Ratificamos que hay un compromiso del Gobierno para garantizar las entregas de productos, recuperar los atrasos. Todos los días se da seguimiento a estas cuestiones”, afirmó la ministra de Comercio Interior.

Sobre el azúcar, señaló que “hay provincias que entregaron el azúcar de mayo. Está el azúcar de mayo, pero hay azúcar por transportar. No todas las provincias produjeron el azúcar que demanda la canasta familiar normada. Es una producción que está muy afectada, hay azúcar que se está trasladando y provincias con los mayores volúmenes por recibir, como Santiago, Holguín, Guantánamo, Camagüey y La Habana. Ratificamos que está el azúcar que corresponde a mayo”.

A continuación, explicó que los donativos llegaron de dos formas. Primero de China, en sacos de 50 kg. “También hemos recibido un donativo de Brasil en sacos de 50 kg.  También hemos recibido donativos de productos envasados. La Habana recibió azúcar envasada. Evitamos, siempre que sea posible, abrir los paquetes de los productos envasados para distribuirlos. Es un producto adicional, no previsto en la canasta, y seguimos priorizando que la entrega sea con el producto cerrado, no abrir el paquete para distribuir”.

Agregó que en mayo lo más complejo debe ser terminar de distribuir el arroz.

“No completaremos el azúcar en todas las provincias en el mes (Holguín, Santiago y Guantánamo, por los volúmenes que restan). No hemos hecho la distribución de carnes en conserva como quisiéramos. El chícharo está disponible. La distribución de yogur de soya es afectada por la situación energética. Se hizo la distribución del huevo. Seguimos revisando para el verano todo lo que podamos incorporar”, dijo, y subrayó que “el gran desafío sigue siendo producir más alimentos en el país”.

Según la ministra, el arroz que se compra hoy “nos cuesta el doble de lo que costaba en 2019 o 2020”. A la vez, el aceite ha tenido un crecimiento importante , pero tiene los mismos precios como parte de la canasta. Entretanto, “un litro de leche se le paga al productor a 38 pesos, pero se vende a los niños a 25 centavos”.

Afirmó que el incremento de los costos de los productos disminuye la capacidad de financiamiento y obliga a comprar menos.

“Hay municipios en Cuba que pudieran autoabastecerse de arroz, de granos. El reto está en cómo logramos que esos municipios con esa capacidad puedan autoabastecerse. Hoy llevamos arroz de importación a municipios netamente arroceros”, agregó. “Hay que maximizar la producción territorial, porque, además de la disponibilidad, nos acorta los ciclos de entrega, si tomamos en cuenta la logística de transportación”.

Más adelante en la Mesa Redonda de este miércoles, el presidente del Grupo de Empresas Mayoristas de Alimentos del Mincin, Víctor Marino Sánchez López, explicó que esa OSDE se encarga de la comercialización de alimentos y otros bienes de consumo en todo el territorio nacional, en pesos cubanos.

“El grupo está estructurado en 22 empresas, 14 mayoristas en cada uno de los territorios y cuatro territoriales que radican en La Habana, además de tres empresas nacionales: la Empresa Nacional de Aseguramiento Logístico, la Empresa Nacional de Frigoríficos y la Empresa de Aseguramientos para el comercio mayorista y otros bienes de consumo”, dijo.

El grupo cuenta con 426 almacenes convencionales, con una capacidad de más de 900 000 toneladas para alimentos. Tiene participación en el 70% del territorio nacional y más de 179 unidades empresariales de base (UEB).

“Contamos con 464 cámaras refrigeradas, de ellas 67 de congelación y 397 de mantenimiento, con más de 190 000 toneladas de capacidad de almacenamiento”, precisó.

La Empresa de Aseguramientos para el comercio mayorista compra a Alimport todas las mercancías que se importan y tiene UEB en los cuatro principales puertos cubanos.

El grupo, destacó Sánchez López, atiende la canasta familiar normada, más de 12 000 bodegas que implican el 77% de la comercialización.

Atiende, además, a más de 10 000 instituciones, con prioridad para centros de la salud pública y la educación.

Otra de las tareas del Grupo de Empresas Mayoristas de Alimentos es la atención a las dietas médicas especiales, las nuevas formas de gestión y la distribución de cigarros a las bodegas. “También participamos en la gestión de los donativos”, dijo.

Anualmente, el grupo comercializa más de 700 000 toneladas de productos. Sus principales proveedores son Alimport, las empresas de Azcuba y las de los tres grupos alimentarios del Minal.

Sánchez López reconoció que la situación de las empresas mayoristas es compleja por la situación económica y los altos precios de las importaciones, que no permiten aplicar las tasas de margen comercial del 8%. “En algunos productos, como el arroz y los granos, solo podemos aplicar el 5.5, que limita mucho los ingresos de estas empresas”.

Explicó que la distribución de la canasta familiar normada, que se debe hacer una vez al mes, “la hacemos casi cuatro veces, lo cual aumenta los gastos por servicios de transportación”.

Sánchez López reconoció la labor de los trabajadores del grupo. “Más de 12 300 trabajadores, de ellos 5 000 son operarios. Ese personal labora prácticamente las 24 horas del día”.

Dijo que tienen un programa de atención a las empresas y un contrato de consignación con Alimport para tratar de traer mercancías a Cuba.

“Tenemos tres mipymes estatales. Una de mantenimiento y reparación de todos los medios tecnológicos, una de reparación de frigoríficos y otra de comercialización en Santiago de Cuba”, informó.

Comenzaron, dijo, a aplicar la descentralización de facultades en 40 UEB.

El Grupo Industrial del Mincin, según su presidenta, Marlene Graciela Noval Rivas, es una organización integrada por 26 empresas.

Tiene 15 empresas territoriales, cinco nacionales en La Habana y una sociedad mercantil.

“La tarea fundamental de este grupo es comercializar productos industriales, desde las donaciones que se reciben, productos de preprocesamiento, otras responsabilidades que tenemos con la reserva estatal, los productos de aseo, la canastilla. Además de todo lo que se comercializaba en los mercados industriales”, informó.

Noval Rivas precisó que el grupo ha estado en una posición difícil, debido a las sanciones estadounidenses y desde la pandemia, y ha tenido que apelar a la innovación en los procesos.

Dijo que las empresas del grupo no tienen pérdidas en operación y subrayó que han recurrido a procesos de innovación. “Han dejado de ser comercializadores de productos terminados en la industria y han pasado a buscar productos a los que se les ha agregado valor”.

El grupo ha comercializado productos de formas de gestión que tienen vocación de productores, ha conseguido envases en ocasiones o materias primas.

Además, han colocado productos de las mipymes en su red de Unitiendas (tiendas mayoristas de las empresas del grupo) en el país.

Destacó que las empresas de la OSDE han tenido facultades para crear sus propios negocios.

Marlene Graciela Noval Rivas, presidenta del Grupo Industrial del Mincin, afirmó que se han ido buscando alternativas a partir de todos estos procesos.

“Nuestras empresas tienen facultades para crear sus propios negocios y buscar alternativas propias. Estamos aquí para ayudar, compartir entre provincias las experiencias”, dijo y agregó que existen muchas alternativas territoriales.

“Por ejemplo, en todas las tiendas de este sector se venden hoy productos de aseo que no son los de la industria, los de Suchel, sino de productores locales.

“En La Habana tenemos una mipyme que fue un proyecto de desarrollo local, que produce un número importante de productos de aseo y de limpieza y nosotros les vendemos los envases que hacemos con otra organización. Ese es un ejemplo en La Habana, pero los vendemos en provincias como Matanzas, Cienfuegos… Casi todas las tiendas nuestras, por no ser absolutos, venden productos de aseo no de importación solamente, sino de producciones locales”, comentó.

“Hemos incursionado en muchos programas con empresas nuestras, como el programa Espuma, en función de un servicio social importante y que es un ejemplo del enlace entre lo público y lo privado y de lo que se puede hacer entre instituciones, ya que es una iniciativa en conjunto con la Federación de Mujeres Cubanas”, explicó.

“Estas son personas, en su mayoría mujeres –aunque pudieron haber sido hombres–, que pueden trabajar, pero no salir de su casa, pues están cuidando a personas mayores o hijos, y que pueden dar en su casa el servicio de lavado y ponerse de acuerdo en el precio con sus vecinos.

“Hay 82 mujeres en este programa en el país. No tenemos más, porque una de las condiciones de ese servicio es que los equipos que les damos para prestar el servicio, en caso de rotura, se reponen inmediatamente. En estos momentos, no podemos ampliarnos, pero sí mantener lo que se ha logrado con un grupo de personas, en esta alianza público-privada”, contó Noval Rivas.

Aclaró que “no son solo 82 personas, sino familias, comunidades, porque ellas están ahí”.

Más adelante, la presidenta del Grupo Industrial del Mincin comentó que “hemos hecho cosas que no suponíamos antes que haríamos. Nueve empresas nuestras aplican el Decreto 87, que aunque no es mucho el beneficio, el salario medio se ha incrementado en 1 000 pesos.

“Tenemos un salario medio de 4 000 pesos, insuficiente ante el proceso de inflación actual, pero nuestros 3 200 trabajadores pueden apreciar una mejoría en las condiciones de trabajo de nuestras entidades, porque eso es también parte del sentido de pertenencia que tienen los trabajadores y de que se sientan mejor”.

Agregó que se trabaja en la creación de dos mipymes estatales, que estarán dedicadas a servicios, y se labora además en las facultades que se tienen desde el comercio exterior, con el esfuerzo de una sociedad mercantil que está estudiando el mercado con nuevas variantes y alternativas.

Se refirió a la Empresa Nacional de Transporte al Comercio, cuya actividad fundamental está en La Habana aun cuando es una empresa nacional.

“Esta es la empresa que distribuye la canasta familiar normada con un esfuerzo tremendo, una empresa que no ha logrado sobrepasar su CDT del 72% con muchas dificultades en cuanto a recursos, neumáticos, baterías, pero donde la gente se crece todos los días, con un sentido de la responsabilidad de que esos productos lleguen a las bodegas”, dijo.

Según Noval Rivas, si bien el comercio no es el sector que más ha incursionado en la inversión extranjera, sí hay alternativas y hoy se apuesta por incursionar en ese ámbito, porque es necesario.

“Tenemos que modernizarnos. La organización nuestra ha ido hacia el comercio electrónico, la bancarización, que tiene para el sector múltiples beneficios, y hay que avanzar más, no se trata solo de los productos que podamos traer, sino de aprender del comercio internacional”, afirmó.

En los minutos finales de la Mesa Redonda, la ministra de Comercio Interior se refirió al sistema de atención a la familia (SAF), que presta servicio todos los días y donde más de 60 000 beneficiados no dejan de recibir la canasta familiar normada. “Un porciento son personas en situación de vulnerabilidad social y reciben esa alimentación en nuestras unidades”.

Reconoció que “tenemos insatisfacciones con la calidad de lo que ofertamos, desde lo que se puede entregar por el propio grupo de alimentos. Se les garantiza el arroz, el azúcar, los granos, la grasa, pese a las dificultades.

“¿Dónde hemos centrado nuestros esfuerzos? ¿Cómo se mantiene ese sistema donde el asistenciado, el beneficiario, paga 13 CUP por el almuerzo, 13 por la comida, como máximo, y donde hay que incorporar un grupo de productos que no son exactamente de la canasta?”, preguntó la ministra, y destacó que hay experiencias en que los territorios han vinculado a empresas productoras a este sistema.

“Hay productores que cooperan, venden las viandas más baratas al SAF, y una buena parte de esas unidades se han insertado a entidades del Decreto 28, que es la gastronomía de otro estándar, en la que venimos trabajando en su perfeccionamiento.

“Es un perfeccionamiento que comenzamos en 2021 en una situación epidemiológica muy complicada y al cual no hemos renunciado, pero la situación, sobre todo en términos de recuperación de infraestructura, sigue siendo difícil”.

“Apostamos a la calidad de los servicios que prestamos en este sistema”, subrayó, e informó que en los últimos tiempos han aumentado las personas censadas, pero que a partir de la Tarea Ordenamiento, cuando el servicio dejó de costar 1 CUP, se suscitó más del 48% de bajas de los beneficiarios.

“Personas que fueron acogidas por familiares o que no veían una relación calidad-precio adecuada. Pero estamos convencidos de que el SAF es un sistema del barrio, que con la visión del Comandante en Jefe va a ayudar a las personas que hoy viven solas, que no tienen capacidad de cocción, por lo cual lo tenemos que seguir defendiendo”, dijo.

Explicó que en este sistema participan varios organismos, desde trabajadores sociales que velan por la situación en que llegan las personas; el Inder, vinculado a la recreación, y Salud Pública, a la atención médica (pues muchos no asisten a los consultorios médicos), hasta los Gobiernos locales, que tienen que revisar si la persona beneficiada responde exactamente a los que deben acogerse al SAF.

“Hay lugares donde nos han comentado: el sistema está restringido, no pueden entrar otras personas. Pero no, eso lleva una evaluación en los Gobiernos territoriales. Y cuando la comisión de prevención decide que hay una persona que demanda y necesita el servicio, hay que acogerle.

“¿Qué hemos evaluado? Las capacidades de las que disponemos, porque los recursos son limitados. Hay una propuesta de que también centros laborales con condiciones, que hoy muchos lo hacen, pero no lo declaran, se sumen. Hay ejemplos, como la sociedad fraternal Quisicuaba. Todo el que pueda incorporarse a este servicio que lo haga. Somos los responsables, pero tenemos que ampliar la atención a estas personas, y donde no exista una unidad de la gastronomía popular que pueda prestarlo, buscar alternativas”.

La ministra explicó que el SAF se ha mantenido también en las prioridades de organismos internacionales.

“Con mucha frecuencia, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) aporta arroz, granos, aceites. Hay 22 municipios que se benefician con proyectos vinculados a equipamientos y acabamos de distribuir –salvo en Santiago de Cuba, que tenía pendiente un traslado que ya concluyó– todos los donativos chinos, insumos en condiciones óptimas de inocuidad para la prestación de ese servicio (platos, utensilios de cocina, termos para que las personas se puedan llevar esos alimentos al hogar).

“Hoy lo que hacemos es un llamado a que consuman los alimentos en los establecimientos. Cuando la Covid, estimulamos y defendimos llevar la alimentación al hogar, pero ya estamos en otra etapa. Este es un lugar donde hay que socializar. De hecho, cambiamos el logo, el cual antes mostraba un recipiente con alimentación, y luego sumamos un corazón, porque es un lugar para que reciban amor.

“Es para que se les dé cariño, para que se sientan acogidos, para que jueguen, para que compartan, para que socialicen. Ahora estamos regresando a eso. Nos cuesta un poco de trabajo, porque algunos beneficiados no quieren recibirlo. Hay personas que sí necesitan que se les lleven los alimentos, porque no pueden moverse físicamente.

“Creo que, en el sistema de atención a la familia, estamos en condiciones de transformar la calidad del servicio. Aunque lo queremos, la situación es compleja en todo el país. Al menos, debemos lograr la estabilidad de los aportes nutricionales que tiene que dar el SAF.

“Es importante cuando la unidad se diversifica, que presta otro servicio gastronómico, que puedan sostener un poco más ese costo de esa ingesta. Las empresas de comercio también transitan por una situación similar. Además, la gastronomía popular, que no será tan popular como antes, todavía tiene alternativas. Unos avanzan más, otros menos, y ahí tiene que estar el empeño de los municipios, como la empresa estatal, para lograr una relación favorable con estos actores no estatales o estatales, e incorporar servicios con elaboración y valor agregado en las unidades gastronómicas”, consideró la ministra.

Sobre qué se ha seguido haciendo para que todos los actores del comercio en el país, ya sean estatales o privados, brinden a la población la posibilidad a la población de pagar de cualquier forma posible y que además sea un comercio cada vez más cercano a las necesidades de la gente, Díaz Velázquez explicó que como parte del proceso de bancarización que llevó a cabo el Ministerio de Comercio Interior, desde su responsabilidad, en noviembre de 2023 emitió una resolución, la 93,  que establece que todos los prestadores de servicios vinculados a esta actividad debían garantizar un canal de pago electrónico. Esta norma entró en vigor en febrero.

En este proceso, dijo, se han visitado formas de gestión estatal, se han mantenido reuniones con organismos y se ha realizado un seguimiento. En el cierre del mes de abril, se efectuaron más de 8,169 acciones de control, un incremento significativo con respecto a las 2,612 del mes anterior.

Sin embargo, crecen las denuncias de la población por la falta de acceso a estos canales de pago. La información se ha comunicado por diferentes vías, incluyendo líneas únicas del banco, el ministerio y redes sociales. También se ha trabajado junto al Ministerio de Finanzas en tareas de inspección, señaló.

Agregó que a pesar de las acciones de control, persisten problemas. Las empresas estatales, que deben dar el ejemplo, reportan niveles altos de despliegue, pero aún hay denuncias de establecimientos que no permiten el pago electrónico. 

“Esto ocurre también en el sector agropecuario, incluso de empresas estatales, las panaderías y otras formas de gestión estatal”, dijo la ministra, aunque reconoce que hay un despertar en este sentido.

“Incluso cuando los clientes solicitan el servicio, a veces no se les cobra correctamente o les cobran recargos por usar canales electrónicos. En este período, se han cerrado 476 establecimientos por incumplir estos requerimientos, pero se considera que es una cifra insuficiente. Hay provincias donde el nivel de enfrentamiento es bajo. Es necesario continuar trabajando para lograr el cumplimiento de estas políticas en todo el país, abordando también temas como la falta de efectivo, pero sobre todo, la transparencia fiscal.

“Hay formas no estatales que tienen niveles de importación que cuando usted va a su cuenta fiscal no han hecho operaciones, por tanto, el código que tienen no se utiliza. Es un tema de respeto a lo que el Estado ha establecido, los gobiernos legislan y se tienen que respetar las normas”, afirmó la ministra.

Díaz Velázquez informó que se ha hecho retiro de licencia en 360 establecimientos. “La cuantía de las multas por el decreto 184 está en el rango de 25 a 100 pesos. Por supuesto, eso no tiene ningún efecto, pero estamos en la modificación del decreto. Las multas serán cuantiosas, a los cierres le vamos a poner término también. Tiene que haber un rigor y no pocas violaciones también hemos encontrado en las ventas de garaje, donde bajo un esquema de una resolución que se aprobó para buscar una vía de ingreso, están comercializando alimentos y lotes de productos importados, se realizan en los días no establecidos, en los parques…

“Esta actividad también tiene que acogerse a un canal de pago electrónico porque es una actividad comercial, aunque hoy no tenga una autorización. Por tanto, seguimos en un combate y en medio de ese escenario y de muchos actores económicos, donde usted tiene que, a veces determinar dónde está la ilegalidad; a veces los propios trabajadores no saben decirte si es una mipyme o trabajador por cuenta propia proliferan bodegones ilegales, es muy complejo”, explicó la ministra, quien destacó que hay muchos actores que sí actúan en legalidad, “otros incluso agradecen cuando llegamos y los alertamos”.

“Volvemos a hacer un llamado. Ya se aprobó la política de comercio. Cuba hoy tiene un código de comercio de 1888, por supuesto desactualizado, y en el contexto económico, si bien las leyes y las normas el solo hecho de aprobarlas implica que usted la tiene que cumplir, nosotros vamos a ese ordenamiento como la principal misión que tiene nuestro organismo. Hoy se descentralizan facultades en organizaciones que funcionan y donde el ministerio no interfiere, excepto en el cumplimiento de los programas fundamentales y el desarrollo que tienen que tener estas organizaciones, sobre todo para poder garantizar el comercio minorista.

“Pero nuestro principal papel en lo adelante con la política es lograr un ordenamiento en el comercio interno con toda la fuerza y medios que contamos. Hay una estructura que está llegando a nivel de municipio y es impostergable para poder lograr que haya igualdad de condiciones para los actores del comercio sin renunciar al comercio por las formas de gestión no estatales es un comercio importante también, pero que se haga en un ámbito de legalidad”, dijo

De cara a la rendición de cuentas, la ministra subrayó que hoy “hay que abordar qué nos ha faltado del punto de vista de la rectoría, que tiene que ver con el cumplimiento de los programas, como la canasta familiar normada y los productos de aseo, y otros que tienen afectaciones y que los beneficiados, por supuesto, no sienten como la canasta, pero sí hay dificultades.

En ese sentido, mencionó el programa de la canastilla con serias afectaciones, y el programa de materiales de la construcción. Asimismo, la reparación de equipos de cocción, que hoy es de las estructuras que se defiende, que pasen a mipymes estatales para que puedan tener autonomía y busquen soluciones de innovación.

“Además del comercio electrónico y los pagos electrónicos, tenemos la responsabilidad de ordenar el comercio electrónico con pagos desde el exterior”, sostuvo.

“Hemos avanzado en la digitalización del registro de consumidores, lo que también nos permite una interoperatividad que vamos a lograr con el Ministerio de Trabajo para, una vez determinadas esas personas en situación de vulnerabilidad, hacer distribuciones más efectivas y cambiar esa política de subsidio a personas.

El registro central comercial es la entidad que tiene la mayor responsabilidad de emitir las licencias y autorizaciones de forma digital, lo que conlleva riesgos al no ir a comprobar si se cumplen los requisitos. Este será uno de los principales retos que vamos a tener en los próximos días, dijo.

La mayoría de nuestros colectivos y trabajadores, aun en medio de estas condiciones difíciles, siguen apostando por ser un comercio del pueblo, concluyó.

En video, la Mesa Redonda