Honduras: Comisión de Verdad exige a EEUU acceso a la información sobre golpe de Estado

La Comisión de Verdad (CdV) de Honduras y el Centro de Derechos Constitucionales (CCR) de Estados Unidos, juntaron esfuerzos para tratar de conseguir todas las informaciones disponibles acerca del conocimiento y posible involucramiento de instituciones y agencias norteamericanas en el golpe de Estado. Mientras tanto, no para la violación a los derechos humanos en el país centroamericano.

La constante y sistemática violación a los derechos humanos en Honduras y la necesidad de averiguar el nivel de conocimiento y participación que tuvo Estados Unidos en el golpe del pasado 28 de junio de 2009, fueron los temas abordados durante una participada conferencia de prensa que se desarrolló recientemente en el National Press Club en Washington.

Según Anjana Samant, miembro del equipo de abogados del CCR, esta organización presentó una demanda ante la corte federal del Distrito de Columbia, solicitando al Departamento de Defensa y a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) compartir cualquier documento e información sobre el golpe de Estado que derrocó al presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya Rosales.

La demanda y las más de 200 solicitudes de información fueron presentadas bajo el Acta de la Libertad de Información (FOIA) vigente en Estados Unidos.

También se pidieron informaciones sobre el papel que jugaron el ex jefe del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas hondureñas, Romeo Vásquez Velásquez y la empresa privada (COHEP), así como conocer “los gastos estadounidenses en Honduras para defensa, contratos de construcción y mejoras a infraestructura existente para ser usada con fines militares, policiales o antinarcóticos”, se lee en la demanda.

Además, el CCR pidió a la CIA toda la documentación existente acerca del ex gerente de Programa Nacional de Desarrollo Sostenible (Pronaders), Roland Valenzuela, quien fue asesinado el año pasado después de haber asegurado públicamente tener las pruebas del involucramiento de la empresa privada y Estados Unidos en el golpe.

Finalmente, la abogada del CCR dijo que, a raíz de la estrecha relación existente con el ejército hondureño, hay fuertes posibilidades de que las agencias militares de Estados Unidos tuvieran informaciones muy claras acerca de lo que se estaba preparando.

“Consideramos que todas estas informaciones deben ser públicas, para tener una idea exacta de lo que pasó, y para que el gobierno de Estados Unidos vuelva a examinar su política hacia Honduras, porque está claro de que tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir.

Estados Unidos ya normalizó sus relaciones con Honduras y actúa como si todo ya volvió a la normalidad, lo cual es falso, porque en ese país hay una violación sistemática de los derechos humanos. Necesitamos tener todas las informaciones para seguir presionando al gobierno”, dijo Samant a esta Lista Informativa.

Comisión de Verdad sigue investigando

Durante su comparecencia ante los medios, el secretario ejecutivo de la Comisión de Verdad (CdV), Thomas Loudon, dijo que esta instancia sigue exigiendo a agencias del gobierno estadounidense el acceso a las informaciones que están vinculadas con el golpe de Estado en Honduras.

“Son ochos meses que estamos pidiendo al Departamento de Estado, de Defensa, a la CIA y a muchas otras instancias, que nos digan qué conocimiento tenían de lo que ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009.

Para la CdV -continuó Loudon– es evidente que hay un involucramiento de estas agencias. Los cables de Wikileaks ya evidenciaron ese elemento y para nosotros es importante conocer los detalles y los nombres de los actores que impulsaron el golpe.

El pueblo de Honduras no solamente quiere denunciar las violaciones sufridas, sino conocer también quiénes fueron los responsables y cuáles fueron las causas estructurales que originaron el golpe”, explicó el secretario ejecutivo de la Comisión de Verdad.

La Comisión de Verdad tiene previsto dar a conocer su informe preliminar el próximo 28 de junio, segundo aniversario del golpe de Estado, y el informe final en octubre de 2011.

Tomado de Contrainjerencia