Por Atilio Borón, tomado de su blog
Lo anterior viene a cuento porque una investigación realizada por la Yeshiva University de la ciudad de New York y cuyos hallazgos fueron publicados por el prestigioso New England Journal of Medicine en Abril del año pasado constató la existencia de 13.954 afectadas por la inhalación de gases tóxicos durante sus trabajos en las ruinas de las Torres Gemelas. Los investigadores declararon en diversas fuentes que tal cifra subestima el número real de víctimas afectadas por los arduos trabajos de rescate y limpieza: se calcula que unos dos mil más no fueron registrados sea porque habrían muerto a causa del envenenamiento padecido en esas tareas o por complicaciones con otras enfermedades, o porque siendo muchos de ellos indocumentados temían que al presentarse ante los investigadores la odiada “migra”, la policía migratoria de Estados Unidos, los detectara y terminara por deportarlos.
Nada de esto mencionó Barack Obama en la demagógica visita que hiciera a la Zona Cero el Jueves 5 de Mayo, una vez confirmado el asesinato de Osama Bin Laden. El presidente habló de quienes colaboraron con heroísmo y abnegación en las tareas de rescate y limpieza, pero no dijo ni una palabra sobre la escandalosa desidia e ingratitud con que fueron (mal)tratados esos trabajadores, material de desecho en cualquier economía capitalista y mucho más en los Estados Unidos. Según el corresponsal de la BBC en New York a principios de 2008 -¡es decir, casi siete años después de producido el atentado!- sólo seis (sí, no hay error: seis) de algo más de 10.000 demandas que habían planteado los trabajadores por los graves trastornos ocasionados a su salud habían recibido alguna clase de compensación por parte de las autoridades norteamericanas. Justicia burguesa, que le dicen. O refutación práctica del discurso sobre los derechos humanos, la libertad y la justicia con que Washington permanentemente oculta sus mayores tropelías. ¿Qué credibilidad puede tener quien se comporta como un gobernante desalmado con su propio pueblo, que generosamente se involucró en un trabajo insalubre tan sólo para que, luego de terminado, se desoyeran sus justos reclamos? Como era de esperarse las protestas y presiones de las víctimas prosiguieron y recién en Abril del 2010, a casi nueve años del siniestro, se llegó a un primer arreglo mediante el cual los trabajadores, en una demanda legal colectiva –lo que en la legislación norteamericana se califica como una “class action”- podrían llegar a recibir, ¡diez años después de la tragedia!, 657.5 millones de dólares de compensación, a razón de unos 65.000 dólares por persona. Por supuesto, podrá haber algunas excepciones en donde, sobre la base de una revisión a cargo de un juez -en un proceso invariablemente largo y costoso- algunos de los damnificados podría obtener una compensación algo mayor. Pero por ahora la cifra es aquella.
Está demás aclarar que con esa suma los afectados difícilmente podrán pagar las facturas médicas acumuladas a lo largo de tantos años de total abandono por parte de los cruzados de la libertad y la justicia instalados en la Casa Blanca; va de suyo que los desafortunados que requieran un tratamiento más complicado quedarán a la vera del camino y deberán arreglarse como puedan. En Estados Unidos la salud es una mercancía más, y como lo recordaba Alfredo Zitarrosa en su “Doña Soledad”, “Usted se puede morir, eso es cuestión de salud, pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd.” Téngase en cuenta que una simple operación de apendicitis en New York puede llegar a costar fácilmente 30.000 dólares y ya está todo dicho. Ah, ¡me olvidaba!: los honorarios de los estudios de abogados involucrados en esta larga, penosa y humillante batalla legal de los rescatistas ya superan los doscientos millones de dólares; es decir, casi la tercera parte de lo que se le va a entregar a los trabajadores ya se lo apropiaron los “caranchos” que lucran con esta desgracia. Ellos no tuvieron que esperar. Conclusión: Washington puede invadir países, torturar, asesinar, promover golpes de estado y entrar en guerras sin autorización del Congreso, pero la Casa Blanca se muestra impotente para hacer justicia y compensar adecuadamente a la anónima legión de quienes se jugaron la vida y su salud en la Zona Cero con el pretexto de que el Congreso no autorizaría tales gastos. Claro que si de lo que se trata es de pergeñar un salvataje de bancos y financieras el Capitolio y la Casa Blanca, siempre sensibles ante los intereses de las clases dominantes, toman la decisión en cuestión de días, y los CEOs del casino financiero recobran sin demora sus millonarios salarios en dólares. En cambio, los que asumieron la humanitaria tarea del rescate y la limpieza del desastre de las Torres Gemelas son humillados con una espera de casi diez años y una compensación ridícula tomando en cuenta los perjuicios ocasionados y el tiempo requerido para su indemnización. Esta es la “otra historia” de los Estados Unidos, a la cual según Zinn debemos prestarle la máxima atención porque revela la inmoralidad inherente e incorregible del capitalismo y la necesidad de acabar con él lo antes posible, antes de que, como lo viene diciendo Fidel, ese sistema acabe con la humanidad.
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