Mediante la llamada Ley Patriota, aprobada tras los atentados terroristas del 2001, el FBI y la Agencia Central De Inteligencia recibieron autorización para escuchar conversaciones telefónicas, leer correos electrónicos, investigar archivos médicos, financieros y estudiantiles y entrar en hogares y oficinas sin notificar a los dueños.
Varias de esas iniciativas fueron desafiadas en los tribunales por organizaciones defensoras de los derechos civiles y gremios de abogados que las consideran inconstitucionales.
(Con información de Democracy Now y Prensa Latina)
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