El organismo de Naciones Unidas basó su advertencia en los resultados de un informe que le había encargado al experto independiente sobre Deuda Externa y Derechos Humanos, Cephas Lumina.
“La implantación del segundo paquete de medidas de austeridad y reformas estructurales, que incluye una privatización generalizada de empresas y activos públicos, probablemente tendrá un grave impacto en servicios sociales básicos y, por extensión, en los Derechos Humanos de la población griega”, sostuvo Lumina.
A través de su informe, reproducido por la agencia Europa Press, el experto hizo especial hincapié en los efectos que estas polémicas medidas puedan tener en “los sectores más vulnerables de la población”, como “pobres, ancianos, desempleados y personas con discapacidad”.
En este sentido, Lumina instó a que “los incrementos de impuestos, los recortes del gasto público y las medidas de privatización” sean implantados “de tal forma en que no deriven en un sufrimiento insoportable”.
Además, se dirigió al Fondo Monetario Internacional (FMI), la Unión Europea (UE) y el Banco Central Europeo (BCE) para que vigilen si el cumplimiento de las medidas que defendieron tiene impacto en los Derechos Humanos, ya que “no habrá una solución duradera al problema de la deuda soberana si no se tienen en cuenta los Derechos Humanos”.
(Con información de Télam)
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