EE.UU.: la ley ¿y el orden?

Por: Randy Saborit Mora, Prensa Latina

La Constitución estadounidense permite portar armas en un país donde cada año casi 100 mil individuos mueren o sufren heridas de balas.

A 12 mil víctimas mortales llegó en 2010 la cifra de personas que recibieron disparos en esta nación, donde han ocurrido 52 de las 72 masacres reportadas en el mundo entre 1996 y 2008.

Jared Lee Loughner ultimó a media docena de personas y lesionó a otras 14, incluida la congresista Gabrielle Giffords, durante un acto político celebrado en Tucson, ciudad del suroccidental estado norteamericano de Arizona, el pasado 8 de enero.

Estados Unidos constituye el primer lugar del orbe con más pistolas en manos de civiles y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés) cuantifica más de 200 millones.

Masacre a fuego lento

Para la directora de International Action Network on Small Arms, Rebecca Peters, “las armas de fuego ligeras están causando una masacre lenta”, citó el diario californiano La Opinión semanas atrás.

“La tasa de criminalidad por revólveres es más alta en regiones donde existen menos leyes para su control y abunda la pobreza”, explicó al referido rotativo Andrés Soto, miembro directivo de Violence Policy Center (VPC, siglas en inglés), organización que solicita un control de las armas en esa nación.

Desde la aprobación de la Ley Brady en 1993, la cual exige verificar los antecedentes penales de los compradores de armamentos, los delincuentes han encontrado soluciones para saltar la barrera de esa norma jurídica.

Al respecto, un estudio del Instituto Nacional de Justicia reveló que los habitantes de este país roban casi 500 mil fusiles cada año.

Esa agencia federal descubrió asimismo que el 89 por ciento de las pistolas recuperadas durante las investigaciones de crímenes habían cambiado de dueños al menos una vez antes de ser aseguradas por la policía.

Datos del FBI indican que al concluir el 2010 más de un millón de ciudadanos estaban registrados como impedidos para obtener escopetas debido a sus problemas mentales, y otros dos mil 92 por ser adictos a las drogas.

Investigadores sobre este tema, del Instituto Cato, opinan que ninguna legislación para el control de armamentos ha demostrado efectividad.

“Si la Constitución dice que tenemos el derecho a poseer armas, entonces eso es lo que significa”, ironizó Robert Levy, analista de esa institución, en declaraciones a La Opinión.

Más armas a la venta

En el último trienio la venta de armas aumentó en los establecimientos particulares de Estados Unidos, donde en un día promedio, los ciudadanos adquieren hasta siete mil 906 de manera legal.

Fabricantes de armas como Smith y Wesson, una de las tres compañías más grandes del país, reportan que sus comercializaciones se incrementaron en el 25 por ciento en 2010.

Durante los primeros dos años de la administración del presidente Barack Obama se fabricaron más de un millón de pistolas en toda la Unión, 1,5 millones de fusiles y un millón de escopetas.

Durante el 2010, 14 millones de individuos llenaron el formulario requerido para obtener un revólver, mediante el cual se verifican los antecedentes penales del comprador.

Sin embargo, Andrés Soto, miembro de VPC, considera “evidente que millones de personas no tienen un arma en sus manos, lo que estamos presenciando es que hay más en las manos de unos cuantos”.

Las leyes actuales prohíben a adictos, enfermos mentales o criminales, el derecho a poseer un arma, pero no obliga a las casas de empeño o a los coleccionistas privados del país a revisar la historia penal de sus clientes.

Tal amparo legal permite que los más de 64 mil negociantes así clasificados puedan comerciar de forma lícita armamento que caen después en manos de traficantes.

El “rifle” en política de Washington

Varios expertos han denunciado la influencia en la vida política estadounidense de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, siglas en inglés), organización con la filosofía de que “los hombres con las armas hacen las reglas”.

La NRA es uno de los grupos de cabildeo más influyente en esa nación, al cual no le interesa ni le conviene que el Congreso destine más fondos a agencias de control de armamentos, comentó William Vizzard, profesor de justicia penal en la Universidad Estatal de California.

La razón principal del retraso tecnológico en la Agencia de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés) es el poder político de la NRA, dijo Vizzard a la prensa.

“Abiertamente es el lobby (el NRA) más poderoso en Estados Unidos y son ellos quienes dictan la política entorno a las armas y la agencia ATF”, señaló Andrés Soto, miembro directivo del Violence Policy Center.

Con 138 años de historia, la NRA demuestra la influencia en el poder que tiene para la movilización del voto, en lo fundamental en las zonas rurales y sureñas, donde arrastra a más de tres millones de sus miembros hacia el tema de su interés.

El expresidente William Clinton (1993-2001) sostuvo que cuando en 1994 decidió prohibir 19 tipos de armas y los cargadores con capacidad superior a las 10 municiones, pensó que era lo correcto, aunque varios dirigentes demócratas del Congreso le advirtieron que la medida podría costarles varios asientos.

Clinton insistió y los demócratas sufrieron un revés histórico al perder 54 escaños de la Cámara de Representantes, una derrota que facilitó a los republicanos controlar el Capitolio.

“Estaban en lo cierto (los demócratas), y yo estaba equivocado”, escribió al respecto el exmandatario en su libro de memorias Mi vida.