Lenta masacre de una familia mexicana por pedir justicia

Protestaron por los efectos de la guerra contra el narco y los feminicidios y uno a uno están siendo asesinados.

Oponerse a la militarización en México puede pagarse con la muerte. La familia Reyes Salazar lo sabe bien. Han perdido a seis de sus integrantes en 15 meses; los últimos tres, el pasado febrero. Esos asesinatos les hicieron huir de su lugar de origen, el Valle de Juárez -una explanada algodonera que discurre cien kilómetros al este de Ciudad Juárez, siguiendo la frontera con EEUU-, donde encabezaban la lucha social contra la presencia militar en la región.

Unos pidieron asilo político en el país del norte, como Saúl Reyes y su familia. Otras dos hermanas, Olga y Marisela Reyes, se exiliaron a la capital mexicana. Desde allí, continuaron con su activismo. El fin de semana, uno de los yernos de Marisela regresó a Juárez. Eran sólo unos días, lo justo para hacer unos trámites. Se quedaron en casa de unos amigos del pueblo, en Guadalupe Bravos, Valle de Juárez.

El domingo por la noche un grupo de ocho hombres armados asaltó la casa. Buscaban al nieto de Marisela. Como no lo encontraron, se llevaron a Isela Hernández, cuñada de Josefina Reyes, delante de sus dos hijas, de 13 y 16 años. Para ello, golpearon brutalmente a su marido, que se encuentra ingresado en un hospital en El Paso, Texas. Hasta ahora, nadie ha llamado pidiendo rescate, ni saben quiénes formaban parte de ese comando que llegó con la cara tapada, vestidos de negro y empuñando armas de alto calibre. Sin embargo, en las cercanías del pueblo hay retenes militares y nadie los detuvo.

“No sé quiénes son, pero esto ya es demasiada saña, ¿qué más quieren?”, espetó Marisela Reyes a Público al enterarse de la noticia. “No soportan que sigamos denunciando los hostigamientos y los abusos que están pasando en Juárez. No les interesa que nadie les saque sus trapitos al sol, que digamos la verdad”, explicó. El mismo domingo que tuvo lugar el secuestro, Marisela y Olga Reyes participaban en Ciudad de México en dos marchas ciudadanas que criticaban la estrategia bélica del Gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico, que en los últimos cuatro años se ha cobrado la vida de más de 40.000 personas.

“Vamos a seguir en las calles”

Aún así, Marisela asegura que no se van a rendir. “No podemos volver a Juárez por ahora, pero sí vamos a seguir en las calles. Le exijo (al Gobierno) que retire sus militares, que termine con esta pinche guerra estúpida y sucia que tiene”, señala con una entereza forjada a base de golpes.

El acoso empezó con su hermana, Josefina Reyes, que durante una década denunció los feminicidios ocurridos en el Valle de Juárez y fue una de las primeras en abanderar la oposición a un basurero nuclear que iba a ser instalado en la zona. Su activismo se radicalizó contra la militarización que ha sufrido la región durante el mandato del presidente Calderón. Por convicción y por necesidad. Un día de agosto de 2008, contaba ella misma, el Ejército se llevó a su hijo Miguel Ángel, acusado de pertenecer a un grupo de narcotraficantes. En noviembre de 2009, asesinaron a otro de sus hijos, Juan Manuel, este, sin ningún vínculo con el crimen organizado. Por eso protestaba, hasta que la callaron para siempre, el 3 de enero de 2010.

Pero el eco de su voz resonó en su familia, que exigió la aclaración del caso y no dudó en elevar su crimen hasta las instancias internacionales. Aunque como ya es habitual en este país, nunca se hizo justicia. Su asesinato y el de sus hijos aún están por aclarar. Y esta impunidad trajo aparejadas más muertes. En agosto, hombres armados asaltaron la panadería que regenta la familia en Guadalupe, en el Valle de Juárez. Su hermano, Rubén Reyes, que estaba al cargo, se negó a ir con ellos y le dispararon nueve tiros con un kalashnikov.

No fue suficiente. Los primeros días de 2011 incendiaron la casa de otra hermana, Ruth, en el mismo municipio. Y en febrero aparecieron los cadáveres de Malena Reyes, Elías Reyes y su esposa, Luisa Ornelas. Habían sido secuestrados tres semanas antes, cuando un comando armado los interceptó mientras viajaban desde Ciudad Juárez a Guadalupe. Ahora temen que pase lo mismo con Isela Hernández.

Asesinatos impunes

Junto al coraje, entre la sociedad juarense crece la desconfianza hacia las autoridades. “¿Cómo es posible que se cometan crímenes todos los días en un valle que está totalmente militarizado, con retenes y el Ejército patrullando todos los días?”, se pregunta Gero Fong, portavoz del Frente Plural Ciudadano, una organización cívica de Ciudad Juárez. La indignación ya llegó en su momento hasta las Naciones Unidas. “La sevicia y la forma reiterada e insolente de actuar de los perpetradores sólo se explican por la impunidad que rodea al asesinato de Josefina”, dijo Javier Hernández, representante del Alto Comisionado de la ONU en México.

“Dudamos si es nada más la persecución de un grupo de delincuentes que actúa, o si hay algo más, porque esto es demasiada saña, demasiada ira”, señaló el visitador de Derechos Humanos del estado de Chihuahua, Gustavo De la Rosa.

Y es que la búsqueda de justicia en México parece atraer más castigo para quienes se empeñan en hacer que la Policía trabaje y conduzca a los asesinos a prisión. Pero los Reyes, aunque no estén en Juárez, no abandonarán sus exigencias de justicia y ya están tramitando su caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

(Con información de Prensa Latina)