Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Valencia, Murcia, Logroño, Cáceres, Málaga y Jerez serán algunas de las ciudades que se sumarán a la convocatoria de movimientos políticos y sociales contra la proyectada reforma constitucional.
Bajo las consignas de Madrid se manifiesta, yo quiero votar o Nuevo golpe de Estado financiero, la movilización en esta capital arrancará en Atocha y terminará en la céntrica Puerta del Sol, símbolo del Movimiento 15-M o de los Indignados.
El malestar popular tomará las calles luego de que el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el conservador Partido Popular (PP) acordaron el pasado viernes incorporar a la Carta Magna un techo de gasto para las administraciones públicas.
Entre los convocantes de la protesta figuran Democracia Real Ya y Juventud Sin Futuro, plataformas que junto al 15-M nacieron en las redes sociales de Internet para expresar su hartazgo por la situación política, económica y social de este país europeo.
Después de las últimas movilizaciones esto es una provocación, declaró al periódico madrileño Ramón Espinar, miembro de Juventud Sin Futuro, en alusión a las multitudinarias manifestaciones de mayo pasado en medio centenar de urbes españolas.
El 15-M se caracteriza por rechazar el sistema capitalista y pedir democracia participativa, recordó Espinar, para quien la propuesta del PSOE-PP de modificar la Carta Magna para incluir un techo del gasto público significa “constitucionalizar” el neoliberalismo.
Las citadas organizaciones pondrán en evidencia el malestar de una parte de la sociedad con las recientes medidas económicas acordadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la derecha, encarnada por el PP, reza la convocatoria.
Consagrar el neoliberalismo en la Carta Magna y hacerlo sin consultar a los españoles pone de manifiesto que el bipartidismo está al servicio de los mercados; es un paso más contra las mayorías sociales, denunció Espinar.
El PSOE y el PP sellaron un pacto para anexar a la ley fundamental un principio genérico de estabilidad presupuestaria, el cual impide a las administraciones públicas incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes exigidos por la Unión Europea.
Uno de los temas más controvertidos y criticados de la reforma, fijar un techo de gasto, quedó excluido de la iniciativa y figurará finalmente en una ley orgánica, norma menos rígida y más fácil de cambiar, a aprobarse antes de junio de 2012.
La coalición Izquierda Unida acusó a socialistas y populares de decidir sustituir una Constitución social por otra conservadora, que viene impuesta por los mercados y las instituciones financieras que no responden a las necesidades de los ciudadanos.
(Con información de Prensa Latina)
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