Las continuas violaciones del sistema de justicia de Estados Unidos contra cinco antiterroristas cubanos y tres presos políticos de Puerto Rico, convierten hoy a ambas naciones caribeñas en víctimas de un mismo culpable.
Fernando González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández y René González, cumplen severas condenas por informar sobre planes de acciones violentas contra la mayor de las Antillas, fraguados por grupos terroristas basados en territorio norteamericano.
Contra los Cinco -como se les conoce en el mundo- se presentaron 26 cargos por separado, 24 de ellos relativamente menores y más bien técnicos.
Uno de los 24 era el de no registrarse como agentes extranjeros ante la Fiscalía General de los Estados Unidos.
Los acusados estuvieron de acuerdo con este cargo, pero les impidieron explicar que bajo la doctrina del “estado de necesidad”, comprendida en el Derecho, debían ser perdonados por no haber cumplido aquel tecnicismo.
En el Derecho Penal se define “el estado de necesidad como aquel en el que no existe otro remedio que la vulneración del interés jurídicamente protegido de un tercero ante una situación de peligro actual de los intereses propios”.
La misión de los Cinco implicaba la protección de vidas humanas, evitar daños a propiedades y prevenir actos terroristas, incluso contra vidas norteamericanas, no solo de cubanos.
Ninguna acusación los involucra en el uso de armas, actos violentos o destrucción de la propiedad. Las desproporcionadas condenas impuestas a los Cinco contrastan claramente con las que se han aplicado en años recientes en Estados Unidos a otras personas acusadas por practicar realmente el espionaje, en ocasiones a escalas inusuales, e incluso en algunos casos vinculados a acciones armadas violentas en contra de ese país. En ningún caso ninguno de ellos fue condenado a cadena perpetua; todos recibieron sentencias inferiores a las de los Cinco. Algunos incluso cumplieron sus sentencias y se encuentran en libertad, y a otros, juzgados por espionaje, les fueron retirados los cargos por la administración del presidente Barack Obama y fueron liberados.
Entre ellos están Chalet Andel-Latid Dumeisi, acusado de ser un agente no registrado del gobierno de Saddam Hussein. Fue condenado en abril de 2004, en medio de la guerra de Estados Unidos contra Irak, a tres años y 10 meses de cárcel.
Gregg W. Bergersenun, analista del Departamento de Defensa, fue hallado culpable en julio de 2008 de suministrar información de defensa nacional a personas no autorizadas a cambio de dinero y regalos, y fue sentenciado a cuatro años y nueve meses de prisión.
También, Lawrence Anthony Franklin, coronel de la reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que trabajaba en el Departamento de Defensa, fue hallado culpable de entregar información clasificada y de defensa nacional, incluyendo secretos militares, a representantes de un gobierno extranjero.
Franklin fue sentenciado a 12 años y siete meses de prisión; sin embargo, nunca entró en una prisión federal, estuvo en libertad mientras apelaba y el Departamento de Justicia retiró los cargos que sustentaban su caso.
En declaraciones a Prensa Latina el miembro del Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico, José Rivera, para explicar las injusticias cometidas contra los boricuas presos en cárceles norteamericanas Norberto González, Oscar López y Avelino González expuso como ejemplo el caso del antiterrorista Gerardo Hernández.
Al cubano Hernández se le inventó un delito, según ellos el de conspiración, precisó Rivera.
Empero todo esto tiene como objetivo amedrentar a las personas que dan la vida por lo que creen y generar el terror para evitar las acciones en beneficio de los pueblos.
En el caso de los puertorriqueños están confinados en las cárceles norteamericanas por sedición, y por luchar por la independencia. Se les acusa de utilizar la fuerza para separar a Puerto Rico de Estados Unidos.
Según Washington -puntualizó Rivera- la isla caribeña pertenece a su país, pero no es parte de el; su sistema reconoce tener derecho a unos territorios que no son parte de ellos; entonces es imposible una acusación de ese tipo.
La condena contra Gerardo Hernández es muy similar a la razón por la cual condenan a los puertorriqueños que luchan por la independencia, recalcó.
Entre las violaciones cometidas contra nuestros compatriotas -también parecidas a las de los Cinco- están impedirles las visitas, con regularidad, de sus seres queridos y privarlos de una debida y oportuna atención médica, entre otras.
En el caso de Avelino González -líder machetero- negaron su derecho al servicio médico, lo que provocó que su estado de saludo empeorara con el tiempo.
Avelino González -según el Comité de Familiares y Amigos- está encarcelado en condiciones de “combatiente enemigo”, con 23 horas de encierro en una celda sin condiciones para su defensa; se le limita el contacto familiar a 15 minutos de teléfono y media hora de visita a la semana, y a su esposa le han denegado las visitas.
Rivera calificó de intachable la conducta de Oscar López, quien como preso ha sido tratado con extrema crueldad.
López, que compartió la celda con el cubano antiterrorista Fernando González, fue arrestado en 1981, acusado de ser miembro de una fuerza clandestina que buscaba la independencia de Puerto Rico, y condenado a 55 años por conspiración sediciosa.
En 1988, como resultado de una trampa gubernamental, se le fabricó un escenario de escape, y lo sentenciaron a 15 años adicionales, los que comenzaría a cumplir después de terminar la sentencia de 55 años, por lo que su fecha de liberación sería en el 2027, cuando tendría 84 años de edad.
Norberto González guarda prisión simplemente porque las autoridades norteamericana pretenden todo el tiempo criminalizar la lucha del pueblo puertorriqueño y a los defensores de la nación caribeña.
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