EE.UU.: continúa polémica por operación “Rápido y Furioso”

Un nuevo capítulo en la investigación del operativo que introdujo armas ilegales procedentes de Estados Unidos en México entre 2009 y 2010, se abrió al difundirse pruebas del conocimiento del hecho al más alto nivel en Washington.

El diario La Opinión publicó que la revelación de un memorándum y un correo electrónico relacionados con la operación Rápido y Furioso evidencian que el fiscal general del gobierno de George W. Bush, Michael Mukasey, fue informado sobre la táctica de dejar “caminar armas”.

Unos de ellos se refiere a una futura reunión con el entonces procurador general de México, Eduardo Medina Mora, donde se especificó que “ATF (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) ha trabajado en conjunto con México”.

Esa labor se realizó “en el primer intento para controlar la llegada de armas que son infiltradas a ese país por un traficante mayor”, subrayó el rotativo.

“Aunque la entrega controlada no ha sido exitosa, (…) a ATF le gustaría expandir la posibilidad de investigaciones conjuntas y entregas controladas, porque solo entonces será posible investigar una red de tráfico completa, en lugar de un simple traficante”, advirtió el documento.

También se detalló que un agente de la ATF en México notificó a Medina Mora sobre el “intento controlado de entregar armas” y le explicó la necesidad de tener una unidad mexicana colaborando.

Mientras el mensaje electrónico, apuntó el diario, corrigió un detalle del memorándum y aseguraba que con anterioridad se dieron casos “donde se ha dejado a las armas caminar”.

Esa táctica de permitir la entrada de armamento al vecino territorio fue seriamente cuestionada luego de que se descubriera el fracaso de la operación Rápido y Furioso, que permitió el trasiego ilegal de más de dos mil armas entre 2009 y 2010 a México, las que luego se perdieron, recuerda el periódico.

Luego de lo sucedido, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderado por el republicano de California Darell Issa, inició una polémica pesquisa.

El objetivo era identificar a los responsables y verificar el nivel de conocimiento que existía sobre este asunto en el Departamento de Justicia (DOJ).

Los nuevos documentos que aluden a Mukasey fueron obtenidos tras la exigencia del comité al DOJ para que colaborara con la investigación, destaca la Opinión.

(Con información de Prensa Latina)