Enésimo fracaso de la Unión Europea

Por: Alejandro Inurrieta, Cuarto Poder

La cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno ha vuelto a poner de manifiesto que priman los intereses del socio mayoritario, Alemania y que el comportamiento del resto se aproxima a lo que en economía industrial se conoce como el modelo Líder-Seguidor. Esto implica que el funcionamiento de la Unión responde a la existencia de un directorio, que aporta todo el espíritu institucional, un Banco Central antiinflacionista, el desprecio del Parlamento Europeo, tics autoritarios y prepotentes, y un modelo social y económico basado en la austeridad prusiana, donde el consumo privado es castigado con penas muy severas y cualquier desviación supone de facto el repudio del culpable.

Con estos antecedentes, los resultados de la cumbre no alumbran nada nuevo, y los excesos verbales de algunos titulares de prensa, y las caras de alegría forzadas de los políticos solo esconden su propia frustración, al constatar que no se ha avanzado nada en la arquitectura institucional, ni en la verdadera unión fiscal, ni en mejorar los mecanismos presupuestarios comunes, y especialmente en que las sanciones y las amenazas han dejado de ser creíbles. Así mismo, una vez más, el país financiero por antonomasia, Reino Unido, desprecia su anexión al euro y también impide una armonización financiera real, así como la posibilidad de regular para reducir el balance financiero internacional.

Vayamos pues por partes. Desde una óptica estrictamente institucional, los avances son nulos y siguen mostrando la atrofia y el déficit democrático. El Parlamento Europeo apenas interviene en todas las discusiones sobre la reforma de los tratados o las medidas de impulso monetario y fiscal. La Comisión Europea y el Presidente del Consejo son meros convidados de piedra, y tienen que ser los Jefes de Estado Y Gobierno, los que acaban tomando las decisiones a un ritmo exasperantemente lento y fuera de toda la lógica democrática y transparente. Esta incapacidad institucional, con mecanismos que pueden bloquear cualquier acuerdo, son similares al sistema de aprobación del techo de déficit y deuda en EEUU, lo cual también está siendo castigado por los mercados financieros y es una de las razones de la rebaja extemporánea de rating a la mayoría de países europeos anunciado por Standard & Poor’s hace unos días.

En el plano estrictamente económico y financiero, solo ha habido acuerdo en reafirmar algo que ya está en el Tratado de Mastricht, y es el Pacto de Estabilidad. Se acuerda hacerlo más duro y con sanciones ahora de un supercomisario y del Tribunal de Justicia europeo. Esta vuelta de tuerca teórica, implica que los países miembros no podrán superar el 0,5% del PIB en el llamado déficit estructural, y solo en algunos casos podrán superar el 3,0% (que incluye la parte cíclica), poniéndose en marcha de forma automática las sanciones, que se cuantifican en el 0,2% del PIB. De nuevo, esto ya está vigente y no se ha podido aplicar a ningún país, incluidos Francia y Alemania. Es decir, las amenazas no son en absoluto creíbles, y además, la propia definición del déficit estructural resulta muy difícilmente medible, al margen de que plantea dudas conceptuales no desdeñables. Este acuerdo ha sido suscrito por 23 de los 27 países miembros de la UE, quedando fuera Reino Unido, pues no quiere ningún tipo de supervisión de Bruselas en su sistema financiero. La lentitud de la UE añade más incertidumbre, pues algunos países tendrán que ratificar el acuerdo, que se plasmará en un nuevo Tratado, en sus respectivos parlamentos nacionales o incluso en referéndum. En el campo de la consolidación fiscal, se sigue con la teoría errónea que la política anticíclica de consolidación fiscal es la política optima en este momento del ciclo. Pero también es notorio el fracaso en implementar una misma política de consolidación a economías con una gran varianza en dotaciones iniciales de capital físico o humano. El resultado es el que hemos visto: los países con menor dotación inicial de capital, ante un shock exógeno tan brusco, y ausencia de estabilizadores automáticos a nivel europeo y solidaridad efectiva, han sucumbido empujados por la apatía e inacción de los responsables políticos y monetarios.

En el campo monetario y bancario, de nuevo, la presión de Alemania ha dejado al BCE prácticamente como está. No será un prestamista de última instancia, comprará deuda a escondidas, y su aportación al fondo de estabilidad no llegará a los límites que se pretendían. Tampoco se ha llegado a un acuerdo sobre eurobonos, y solo se ha logrado alumbrar un Fondo de Estabilidad de 500.000 millones de euros, apoyado por el FMI, y por supuesto sin tener carácter de entidad bancaria. Este fondo ya nace viciado, pues por ejemplo, solo España va a necesitar más de 100.000 millones de euros para sanear la banca, ante el deterioro de su cartera inmobiliaria. La UE, en este punto, no aporta ninguna solución a la crisis de sobreendeudamiento de deuda privada y pública, abandonando la idea de quitas ordenadas y las cláusulas que comprometían al sector privado en las posibles pérdidas de bonos privados y públicos. Tampoco compromete ninguna medida para reducir el balance financiero de la UE, ni para regular los mercados OTC.

Si analizamos las posibles soluciones al déficit de Unión Fiscal, los resultados son aún peores. No hay armonización fiscal real, ni en sociedades, renta o IVA. Tampoco hay reglamento para un presupuesto comunitario verdadero, que supere la broma del 1% para la agricultura y algo de I+D que hay ahora. Alemania, pero también Reino Unido, han puesto todas las trabas para entregar la política presupuestaria y fiscal a Bruselas.

Como colofón a este análisis de urgencia, cabe señalar que, de nuevo, no se han puesto las bases para una política de crecimiento común, que mejore las condiciones de financiación, que genere empleo transfronterizo o que garantice la reducción de las trabas al comercio y que pueda cerrar el gap tecnológico y de infraestructuras que existe en la UE. Como ejemplo, una pequeña simulación nos muestra lo que supone la exigencia por ley de un déficit estructural del 0,5% del PIB para España.

Si España alcanza el pleno empleo con un crecimiento a largo plazo del 2-2,5%, esto implica que, entonces, la economía española asumiría que su mejor escenario posible a largo plazo sería el siguiente:

1. La tasa de paro no bajaría del 10-12%, o lo que es lo mismo, en torno a 1,8-2,0 millones de parados/as.

2. La tasa de actividad global se situaría alrededor del 60%

3. La tasa de empleo no superaría el 65%

4. La productividad aparente del factor trabajo crecería alrededor del 0,5% por año, lo cual no permitiría dar el salto de modelo de crecimiento.

5. Gasto educativo y sanitario y servicios sociales se situarían en niveles de país emergente, o incluso por debajo, sin que pudiese llegar a niveles de convergencia cerca del 80-90%.

6. Los gastos en I+D+i no alcanzarían los umbrales del 5%

Si el punto de partida es éste, y en un contexto estático, la evolución del gasto público e ingresos públicos, partiendo de la experiencia histórica y con la capacidad recaudatoria que tenemos, seguiría los siguientes pautas:

* En primer lugar, dada la elasticidad actual de los ingresos fiscales al crecimiento, algo superior a la unidad, y la de los gastos, superior a la de los ingresos, la reducción de la participación de los gastos públicos a la regla de gasto debe ser muy drástica. Esto es así, suponiendo que no hay cambios apreciables en la presión fiscal normativa y se hacen permanentes las rebajas fiscales aprobadas.

* En segundo lugar, en un contexto razonable, y con el crecimiento esperado, el déficit medio incurrido en el pasado ha sido del 6.5%, lo cual implica que hay que reducir en 5 pct la participación de los gastos en el PIB, puesto que la imposición no se modifica. Esto se cuantifica en que la participación del gasto se debería caer cerca del 33% del PIB, teniendo en cuenta que en la serie histórica, no ha superado el 40%. Esto puede suponer cerca de 60-70 mil millones del PIB por año. Adicionalmente, en este contexto, y sin cambios en la pirámide de la población, en la natalidad y en el proceso de innovación, muy difíciles en el estado estacionario o de pleno empleo propuesto, el descenso en la cobertura sanitaria o educativa y en dependencia, puede acercarse al 3-4% por año.

* Por último, el déficit máximo permitido (0,5% del PIB), rondaría los 5.000-6.000 millones de euros por año.

En conclusión, la UE no ha solucionado ninguno de sus graves problemas, la tiranía del modelo social y económico de Alemania va a estrangular muchas economías, hundir muchas empresas y perpetuar el déficit democrático, mientas se mantiene la primacía financiera de Reino Unido y el trasvase de renta y riqueza hacia Alemania. Por tanto, sorprende la euforia de algunos que solo responde a intereses espurios, que se esfumarán ante el próximo ataque contra la deuda y el euro. Mientras, el balance financiero muncial y su regulación seguirán intactas, gracias al poder de negociación de Reino Unido, que solo sueña con la ruptura formal de la UE y el euro.

(*) Alejandro Inurrieta es economista y director ejecutivo de Inurrieta Consultoría Integral.