Las autoridades escandinavas cubrieron su presunta complicidad en la llamada “rendición extraordinaria” del cuestionado programa antiterrorista de Estados Unidos, al denegar información sobre tales operaciones a dos organizaciones humanitarias que realizaban una pesquisa sobre el tema.
De acuerdo con las denuncias, Estocolmo se negó a liberar datos sobre el tráfico aéreo, que podrían mostrar las rutas de aviones de la Central de Inteligencia estadounidense en plena faena de traslado de prisioneros sospechosos de terrorismo.
En ese sentido, una investigación sobre los vuelos secretos de la CIA llevada a cabo por grupos de derechos humanos apuntaló la postura reacia del Gobierno sueco ante el polémico asunto.
Los activistas identificaron 54 aviones registrados en Estados Unidos supuestamente involucrados en vuelos de entrega y en virtud del derecho a la información, presentaron solicitudes a 28 países, en su mayoría europeos, sobre el trasiego aéreo.
La maniobra que pretendía obtener datos sobre los movimientos de las aeronaves obtuvo la negativa de Suecia, Canadá y Portugal, en tanto 13 Estados ni siquiera respondieron a la petición.
En 2001, Suecia se vio salpicada por un escándalo de torturas a dos ciudadanos egipcios durante un vuelo de la CIA que partió del país escandinavo rumbo al Cairo.
El primer ministro sueco de aquel entonces, Göran Persson, reconoció más tarde que en el incidente no había mediado orden de deportación alguna.
Según dijo en aquella ocasión, él había confiado en las garantías de Egipto para proteger a los prisioneros, pero admitió que se había equivocado.
En el marco de la llamada Guerra contra el Terrorismo, otras naciones europeas como Polonia, Lituania, Macedonia o Rumanía se vieron envueltas en escándalos por su respaldo al programa de rendición de la CIA, tras los atentados contra las Torres Gemelas en 2001.
(Con información de Prensa Latina)
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