Además, el gobernador señaló que fueron separados de sus cargos y están sometidos a investigación por el suceso el director de la cárcel, Jerónimo Miguel Andrés Martínez; el subdirector, Juan Hernández, y el jefe de seguridad del penal, Óscar Devece Laureano.
También fue destituido e investigado el comisario general de Administración Penitenciaria de Nuevo León, Ernesto García Guerrero, y 18 guardianes que en ese momento se encontraban en la cárcel.
En una rueda de prensa, Medina lamentó “la pérdida de vidas humanas” ocurrida este domingo y anunció la instalación de una mesa de apoyo para sus familias.
Leyó los nombres de los presos que murieron en la cárcel, excepto el dos víctimas que están en proceso de identificación, y adelantó que el suceso podría haber sido propiciado por un nuevo caso de corrupción e irregularidades por parte de algunos de los funcionarios de prisiones.
“Para nosotros es duro confirmar que la traición, la corrupción y la complicidad de algunos pueden entorpecer el trabajo de los buenos policías, militares y marinos que a diario arriesgan su vida por la seguridad de los neoleoneses”, agregó.
Asimismo, confirmó las condiciones de hacinamiento de la cárcel de Apodaca y detalló que la mayoría de los fugados, 25, estaban presos “por delitos federales”, entre ellos delincuencia organizada y narcotráfico, y cinco por delitos del fuero común.
Los fugados son integrantes de la organización criminal Los Zetas, incluido el líder de ese grupo en Monterrey detenido en 2011, y la mayoría de las víctimas fatales pertenecerían al Cartel del Golfo, precisó el gobernador al corregir una versión difundida este domingo.
Las autoridades habían señalado ayer que la mayoría de los muertos en el motín eran miembros de Los Zetas, un grupo que nació como un brazo armado del cartel del Golfo, pero que en marzo de 2010 rompió con esa organización y desde entonces mantiene un cruenta lucha por el control de varias regiones del país.
Medina lamentó que el aumento en los últimos años de reclusos “especialmente relacionados con el narcotráfico, la delincuencia organizada, la portación y el uso ilegal de armas, a los que se agregan el robo con violencia, la extorsión” y “el secuestro”.
Para la recaptura de los fugados, Medina pidió la colaboración de la ciudadanía y ofreció “hasta diez millones de pesos (787.400 dólares)” por información que dé con su paradero.
El portavoz de Seguridad del Gobierno de Nuevo León, Jorge Domene, dijo anoche que las 44 personas que murieron fueron agredidas con “objetos punzocortantes y contundentes, entre estos, piedras y barrotes”.
El funcionario explicó que, de acuerdo con las indagaciones, se tiene información de que el enfrentamiento “obedeció a una riña entre grupos rivales de la delincuencia organizada que están en el interior del penal”.
(Con información de La Radio del Sur)
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