El campo de detención de Guantánamo, ubicado dentro de la base ilegal que Estados Unidos mantiene en Cuba, cumplió una década el pasado enero a pesar de la promesa del presidente Barack Obama de cerrarla casi al inicio de su mandato.
Durante uno de sus primeros actos oficiales después de asumir el gobierno, el 22 de enero de 2008, Obama firmó una orden ejecutiva que disponía la clausura del centro de detención “en el lapso de un año”. Tras tres años de gobierno no se ha clausurado la prisión de Guantánamo.
Cuatro meses después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, llegaron a esa prisión militar los primeros prisioneros capturados en Afganistán, por órdenes del entonces mandatario George W. Bush.
No pueden olvidarse aquellas imágenes de los prisioneros arribando encadenados de pies y manos, enfundados en trajes enterizos de color naranja y con capuchas blancas sobre sus cabezas.
Sistemáticamente se ha acusado a Washington de constantes abusos y torturas consumados en Guantánamo, en nombre de la “guerra contra el terrorismo”.
Entre muchas, la organización no gubernamental “Justice Campaign” ha denunciado a los militares norteamericanos por privación del sueño, aislamiento, ejecuciones simuladas, ahogamientos, agresiones acústicas, humillaciones sexuales, empleo de perros entrenados y diversos métodos abusivos empleados para debilitar las defensas psicológicas de los detenidos.
Meses después, el Congreso aprobó una enmienda para bloquear los fondos necesarios para la transferencia de los detenidos hacia otros centros penitenciarios.
Según datos del Pentágono, citados por la agencia AFP, 171 hombres de 20 países permanecen encerrados en Guantánamo de acuerdo a cifras de mayo de 2011. Cerca de la mitad de ellos son yemeníes, con otros detenidos de Afganistán, Argelia y Arabia Saudita.
Cada uno de los detenidos le cuesta a los contribuyentes 800 mil dólares anuales, contra 25 mil dólares gastados por servicios similares en las cárceles federales.
48 detenidos no recibieron aprobación para ser transferidos, pero tampoco pueden ser enjuiciados por falta de evidencia.
La propuesta de Obama en 2008 de cerrar el centro de detenciones de la ilegal base de Guantánamo parece haber caído en saco roto pues el último día de 2011 firmó la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2012, iniciativa que prohíbe el traslado de prisioneros a cárceles en territorio norteamericano. También su firma a favor de las detenciones ilimitadas aniquila aquella promesa.
En la actualidad existen casos en los cuales ni siquiera el gobierno de Estados Unidos sabe los motivos de algunas detenciones. Uno de ellos ha sido el de un anciano de 89 años con demencia senil que vivía en un complejo residencial en el cual apareció un teléfono por satélite, otro es el de un padre que iba a buscar a su hijo al frente talibán; y un tercero es el de un mercader que viajaba sin documentación. Son algunas de las historias de los detenidos, pero existen muchas más.
La existencia de la base naval en Guantánamo es resultado del ilegal Convenio para las Estaciones Carboneras y Navales, que en 1903 se firmó entre el Gobierno de Estados Unidos y el de Cuba. Ese texto establecía el derecho “a hacer todo cuanto fuere necesario para poner dichos lugares en condiciones de usarse exclusivamente como estaciones carboneras o navales y para ningún otro objeto”.
Treinta y un años más tarde, el 29 de mayo de 1934, bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, fue firmado un nuevo Tratado de Relaciones, que derogó el de 1903.
No obstante, en ese nuevo documento, Washington garantizó la permanencia de la Base Naval de Guantánamo y la plena vigencia de las normas que regían su “arrendamiento”.
La base es ilegal por constituirse en la figura jurídica del arrendamiento, nunca se le otorgó a Estados Unidos un derecho perpetuo sino temporal sobre esa parte del territorio cubano.
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