La ley permitirá al Estado controlar el sector de los hidrocarburos, un interés estratégico para el país. Después de su votación en el Senado, el proyecto será enviado a la cámara de diputados, que muy posiblemente lo transformará en ley el 3 de mayo.
Al mismo tiempo según el senador Marcelo Fuentes, “el oficialismo es consciente de que la sola expropiación no soluciona el problema, sino que es el inicio de la solución, para dar soberanía energética al Estado argentino”.
El proyecto goza de un amplio respaldo popular. De acuerdo con los sondeos de opinión, dos tercios de los argentinos apoyan la decisión de la nacionalización de facto de YPF y la restauración de la independencia energética, entre otras cosas porque consideran que la anterior privatización condujo a la aguda crisis económica de 2001-2002.
El proyecto también estipula la expropiación de las acciones de la petrolera española en YPF Gas, la mayor distribuidora minorista de gas licuado de petróleo envasado de Argentina.
La Unión Europea ya confirmó su respaldo a España y anunció sanciones contra Argentina en el caso de que haga efectiva la expropiación. El profesor de economía política Julio Gambina no cree que vayan a derivarse consecuencias negativas para Buenos Aires, dado que otras petroleras extranjeras quieren colaborar con la nación latinoamericana.
“Todo indica que la UE e incluso EE. UU. no va a ir más allá de alguna declaración crítica”, dijo Gambina a RT.
La petrolera YPF, participada por Repsol en un 57,43%, es el primer contribuyente al fisco argentino, el mayor productor de hidrocarburos del país y uno de los principales empleadores, con una plantilla de 13.500 trabajadores y miles de empleos indirectos.
(Con información de Russia Today)
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