El objetivo de Estados Unidos, precisan los cables, era obligar a Ecuador a retroceder en su decisión de no contratar a la Empresa Occidental Petroleum OXY, independientemente de que el proceso jurídico estaba en marcha.
La embajadora estadounidense Kristie Kenny y la diplomática Linda Jawell no tuvieron límites para presionar a funcionarios del más alto nivel, empezando por el Jefe de Estado, ministros y autoridades judiciales, agrega la investigación de cables hasta ahora inéditos.
Lo más grave es que algunos de ellos cedieron a las “presiones”, respondiendo a las directrices e intereses de Washington, mientras el ex procurador general del Estado, José María Borja, jugó con sus propias reglas por lo que fue puesto en la mira, según cables.
La carta de presión permanente fue la suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Ecuador, que se empezaba a negociar en el 2004, año en el cual se ventilaban también dos juicios en contra de la Petrolera Oxy. Uno de estos juicios era por la demanda que la Petrolera OXY entabló en contra del Estado ecuatoriano para exigir se le devuelvan 75 millones de dólares por las recaudaciones del IVA, y el otro por alteraciones contractuales, entablado por Petroecuador.
Este último acusaba a la petrolera estadounidense de sobreexplotación de pozos y la cesión de derechos a la empresa canadiense Encana, en violación de los contratos suscritos.
Sobre el primer caso, los árbitros internacionales fallaron a favor de Oxy en julio de 2004, el procurador Borja anunció la apelación ante las Cortes de Queens, en Londres, y solicitó la investigación de todas las empresas que operaban en el país.
La postura del Procurador dio rienda suelta a una serie de movimientos diplomáticos de Estados Unidos en distintos niveles y espacios para blindar los intereses de ese país, el contrato de Oxy, y restringir las acciones de Borja.
La Embajada aclaró al entonces presidente los costos para el gobierno de una posible caducidad del contrato de Oxy y “Gutiérrez dijo que entendía, pero que el Partido Social Cristiano (PSC) e Izquierda Democrática (ID) le habían amenazado con un juicio político en el Congreso si no se declara la caducidad”.
Kenny insistió al gobierno ecuatoriano “que una aparente represalia del gobierno del Ecuador contra Oxy podría tener graves consecuencias para el Ecuador en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) y los beneficios del ATPDEA”, agrega el cable.
La embajadora de Washington reportó el 10 de septiembre: “El inminente riesgo apresuró a Gutiérrez a tomar la decisión y ordenar a su ministro de Energía, Eduardo López, que bajo ninguna circunstancia debe declararse nulo el contrato”.
Las afirmaciones de Gutiérrez no convencieron y a la presión del TLC y el ATPDEA se sumaron: “Solicitar a Washington que envíe un fuerte mensaje al gobierno sobre los riesgos de contar con el apoyo de la comunidad internacional, tanto de inversores como de prestamistas multilaterales”.
(Con información de Prensa Latina)
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