La propuesta fue hecha durante la décimo tercera Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercado Común del Sur (Mercosur) -integrado por Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay- que se desarrolla en Buenos Aires, desde este miércoles y hasta el día viernes.
Cririboga destacó que las instituciones de justicia de los países suramericanos deben enfrentar y combatir, de forma conjunta, el narcotráfico, la corrupción y otros delitos comunes en la región.
“El objetivo es que los Estados podamos estructurar un sistema jurídico en el cual se proceda, por iniciativa de los fiscales generales, en casos en los que se considere operan bandas criminales internacionales”, explicó.
Asimismo, recordó que los 12 Estados miembros ya forman parte de las principales convenciones y protocolos que combaten delitos como trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico ilícito de estupefacientes, entre otros.
“Estos instrumentos internacionales facilitarían la negociación de un tratado constitutivo de la Corte Penal de la Unasur”, expresó, siempre y cuando se haga un esfuerzo por unificar los tratados con las disposiciones legales internas de cada país.
La agencia EFE reseñó que la iniciativa contempla un organismo conformado por los fiscales generales de los doce países miembros, más un Fiscal General del bloque, que sería nombrado democráticamente.
“Es una iniciativa que ha sido valorada, sin embargo, debemos construirla en conjunto (…) el objetivo es ganar el apoyo del Mercosur para que la iniciativa tome más fuerza”, acotó.
Chiriboga agregó que busca avanzar en la identificación de siete a diez delitos que a los países les interese, para constituir sobre esa base el procedimiento de los fiscales.
“Buena parte de los delitos graves que se cometen en la región obedecen al crimen organizado, por eso, los estados debemos unirnos para enfrentarlos con elementos mas contundentes”, aseveró.
Añadió que planteará la iniciativa en la conferencia de fiscales generales que se hará el día viernes, también en Buenos Aires.
Este plan ya sumó el apoyo del Fiscal General de Perú, José Antonio Peláez, quien resaltó que la Corte “brindaría a los operadores de justicia de la región, la fuerza necesaria para procesar una serie de delitos comunes”.
La Corte tendría jurisdicción en Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Guyana, Paraguay, Surinam, Uruguay y Venezuela.
(Con información de TeleSur)
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