Así lo expresó durante una sesión extraordinaria del Parlamento, convocada para debatir y analizar la comunicación enviada por el Gobierno del Reino Unido a la Cancillería del Ecuador, relacionada con el caso de Assange.
En nombre de la bancada oficialista, Cordero enfatizo que se interrumpió el receso legislativo convocando esta reunión, no para tratar el asilo -ya que es una facultad privativa del Gobierno ecuatoriano- sino para defender “nuestra dignidad y soberanía” ante las amenazas de Gran Bretaña.
“Más allá de las diferencias políticas que pueda haber entre bancadas legislativas, lo que nos debe unir es la defensa de nuestra soberanía, dignidad, principios fundamentales y eternos y eso no tiene ideología, porque todos somos ecuatorianos y tenemos que defender lo que es nuestro, lo propio, lo que es parte de nuestro territorio como en este caso las embajadas, consulados que son el equivalente a nuestro propio territorio”, destacó.
El miércoles por la tarde, el canciller Ricardo Patiño anunció que recibió una comunicación del Reino Unido, a través de la cual amenazaba con irrumpir las instalaciones de la sede diplomática ecuatoriana en Londres, con el find e arrestar a Assange, quien se encuentra asilado en dicha Embajada.
“Es una amenaza insólita, absolutamente inusual en los ámbitos diplomáticos, ya que no se acostumbra entre países que tradicionalmente hemos tenido una relación armónica, por ello, es un acto de falta de amistad”, subrayó.
En ese sentido, resaltó que esperan aprobar una resolución de “rechazo y condena a esta intimidación, que no puede darse entre países porque además viola toda norma internacional, todo principio reconocido por el mundo ante las Naciones Unidas que entiende que el asilo es un acto humanitario y no puede ser entendido, por ningún país, como un acto de enemistad, de provocación”.
Cordero alertó que entrar a una embajada o consulado de un país extranjero constituye un acto no solo de enemistad, sino también una violación flagrante de la soberanía de un país.
Asimismo, anunció que en las próximas horas denunciará el caso ante la Unión Interparlamentaria y el Parlamento Latinoamericano. “No podemos permitir que se violen derechos humanos a pretexto de una ley de segunda categoría, es decir, una ley interna que acaban de descubrir en Gran Bretaña, lo que les permitiría violar la soberanía de un país para supuestamente cumplir un compromiso de la Unión Europea”.
El Reino Unido se basa en la Ley de Instalaciones Diplomáticas y Consulares de 1987, que permite revocar la inmunidad de las misiones diplomáticas acreditadas en territorio británico. No obstante, se trata de una norma nacional, que carece de prioridad sobre los tratados internacionales suscritos por la nación europea.
(Con información de TeleSur)
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