Las investigaciones están relacionadas a los nexos de Santoyo con los paramilitares, su relación con narcotraficantes y su participación en la interceptación ilegal de comunicaciones en contra de grupos defensores de derechos humanos en Medellín, departamento de Antioquia (Norte).
El Fiscal General de la República, Eduardo Montealegre, informó que solicitarán a la Corte del Distrito de Virginia (este de Estados Unidos) todos los documentos relacionados con el proceso que se le sigue al exjefe de seguridad del ahora expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Esta última decisión judicial se basa en que el Santoyo no podría ser juzgado en Colombia por los mismos hechos por los cuales es procesado en Estados Unidos.
Explicó que investigarán todo aquellos que no sea objeto de juicio en Estados Unidos, así como también los hechos que él cuente ante la justicia norteamericana, relacionada con sus cómplices en Colombia y todo lo que conlleve la jurisdicción nacional.
El presidente del Consejo de Estado colombiano, Gustavo Gómez Aranguren, calificó de “lamentable” la actuación del general retirado y afirmó que este episodio debe servir para reconstruir la integridad de las instituciones y del país.
Afirmó que la investigación será realizada con celeridad debido a la importancia del caso y también manifestó que es vergonzoso que otro país esté juzgando al uniformado por crímenes que éste cometió en Colombia.
“Es muy lamentable la extradición como primera dosis de respuesta frente a los delitos de los colombianos que infringen la ley y violan los códigos. La primera respuesta la tenemos que dar los jueces colombianos”, aseveró.
El caso Santoyo
El general Santoyo fue acusado el pasado 24 de mayo por un gran jurado federal en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Esta semana admitió haber aceptado sobornos de miembros de las AUC, a cambio de información sobre las operaciones en curso de aplicación de leyes y otros tipos de asistencia, que permitieron al grupo participar en actos terroristas y facilitar su actividad en el tráfico de estupefacientes.
También admitió haber informado a las AUC de las detenciones previstas por los cuerpos de seguridad, incluyendo las operaciones de la Dirección Antidrogas Estadounidense (DEA), así como de la realización de escuchas telefónicas no autorizadas.
El exjefe de seguridad de Uribe se enfrenta a una pena mínima de 10 años de prisión y a una máxima de 15, cuando reciba su sentencia el próximo 30 de noviembre.
Santoyo se retiró de la Policía Nacional en 2009 y conoció a Uribe en 1995, cuando formaba parte de la unidad antisecuestro de la Policía, después custodió su campaña electoral luego y prestó servicio en su primer período de Gobierno (2002-2006).
Durante la gestión Uribe, fue ascendido a General, aunque el expresidente haya afirmado no haber intercedido nunca para que le dieran cargos.
En Colombia es objeto de polémica las responsabilidades políticas que puedan tener el Senado y el Gobierno de Uribe en este tema: el primero por ascenderlo a pesar de haber sido destituido por la Procuraduría y el segundo por respaldarlo hasta nombrarlo agregado militar en la Embajada de Italia.
(Con información de TeleSur)
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