Diálogo entre Gobierno y FARC se reanuda en La Habana

El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC reanudaron este miércoles sus conversaciones en La Habana, tras un receso de cinco días, con un llamado de los rebeldes a que toda la sociedad colombiana se incorpore a este proceso para asegurar una “paz duradera”.

Los diálogos, cuya primera ronda se desarrolló entre el 19 y el 29 de noviembre, se reanudaron en medio de nuevas tensiones por el límite de un año para negociar fijado por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tras un ataque militar que mató a unos 20 rebeldes y una polémica sobre posibles secuestrados en manos de las FARC.

“Nuestro empeño apunta a que las voces de todos los colombianos resulten bienvenidas en el proceso de conversaciones. Sólo así creemos que puede crearse una paz duradera”, dijo la guerrilla en una declaración leída por su delegado, Marcos Calarcá, antes del inicio de esta segunda ronda de pláticas.

La delegación del gobierno colombiano, encabezada por el exvicepresidente Humberto de la Calle, evitó a la prensa ingresando por una puerta posterior al Palacio de las Convenciones de La Habana, sede de las negociaciones.

El jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, también entró por una puerta trasera, acompañado por Ricardo Téllez y Jesús Santrich, mientras Calarcá leía la declaración, tal y como observaron periodistas de AFP.

Por su parte, Calarcá dijo que “todos hemos sido partícipes y víctimas de un conflicto que pesa ya bastante en los hombros de la nación entera. Definitivamente la paz no podrá ser resultado de un diálogo alejado del pueblo de Colombia, de una decisión por las alturas, de imposiciones unilaterales”.

Antes de partir desde Bogotá hacia La Habana el martes, De la Calle reclamó a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que aclaren su posición respecto al secuestro, luego que una guerrillera dijera que mantienen “prisioneros de guerra” a pesar de que en febrero anunciaron que abandonaban esta práctica.

“Las FARC tienen que responder a las víctimas, tienen que clarificar el problema del secuestro”, subrayó De la Calle, en reacción a las declaraciones de Sandra Ramírez, viuda del fundador de las FARC Manuel Marulanda, quien dijo a la prensa cubana que su grupo tenía en su poder a militares y policías colombianos, a los que considera “prisioneros de guerra”.

Las declaraciones de Ramírez fueron desmentidas inmediatamente por Ricardo Téllez, miembro del equipo negociador de las FARC, quien reiteró que su grupo ya no tiene ni uniformados ni civiles en su poder.

Las FARC dijeron este miércoles en su declaración que “nos parece normal que en un comienzo las posiciones se presenten lejanas”, pues “la Mesa de La Habana es el punto de encuentro de dos maneras de ver la problemática nacional”.

“El esfuerzo consiste en poner a prueba el arte de ensartar perlas, como definía (el político colombiano) John Agudelo Ríos al oficio de acercar posiciones, flexibilizar y construir salidas satisfactorias para las dos partes”, agregó el texto leído por Calarcá.

Tanto el gobierno como la guerrilla coincidieron en que hubo avances en la primera ronda. El propio Santos afirmó el que el primer encuentro fue “positivo”, pero advirtió el domingo que las negociaciones deben culminar en noviembre de 2013, como plazo máximo.

En la primera ronda, las partes acordaron convocar a un foro sobre desarrollo agrario, del 17 al 19 de diciembre en Bogotá, y poner en marcha un sitio ‘web’ (mesadeconversaciones.com.co) para facilitar la difusión de los comunicados conjuntos y otras informaciones de la mesa, así como abrir un espacio de participación de la sociedad colombiana en el proceso de paz.

Las conversaciones han estado destinadas hasta ahora al complejo tema agrario, primer punto de la agenda y causa del conflicto que llevó en 1964 a la creación de las FARC, que ahora tienen unos 9.200 combatientes.

La agenda incluye otros cuatro puntos: drogas ilícitas, participación política, abandono de las armas y reparación a las víctimas.

El conflicto colombiano, el más antiguo en América Latina, ha causado unos 600.000 muertos, 15.000 desaparecidos y cuatro millones de desplazados, según cifras oficiales.

(Con información de AFP)