Varios países de América, Europa, Asia y África asistirán este martes en Ginebra (capital, Suiza) al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde uno de los temas cruciales será la marcha del proceso de paz en Colombia.
En total son 13 las naciones que serán evaluadas por este mecanismo encargado de investigar periódicamente, aproximadamente cada cuatro años y medio, si los Estados miembros cumplen las obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.
Sobre la mesa hay varios asuntos, pero uno de los prioritarios es el diálogo iniciado el 19 de noviembre pasado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, encabeza la delegación de ese país, integrada por unas 30 personas, que viajaron a la capital suiza para la exposición de su informe en el Palacio de las Naciones.
Garzón adelantó que la principal carta de presentación será la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que muestra como logros la reparación (indemnización) a cerca de 200 mil víctimas y la restitución de 12 mil hectáreas a desplazados.
Por su parte, la directora del Programa Presidencial de Derechos Humanos, Alma Bibiana Pérez, manifestó que “Colombia es un país que reconoce que enfrenta grandes retos como la desigualdad social y la impunidad, con progresos en atención a víctimas del conflicto, en reducción de la pobreza, se creó el Sistema Nacional de Derechos Humanos”.
Otro de los temas que saldrá a relucir en Suiza será el de los casos conocidos como “los falsos positivos” o asesinatos extrajudiciales reportados luego como guerrilleros caídos en combate. El vicefiscal Jorge Perdomo anticipó que dentro de la reforma al fuero militar se estudia expedir una directiva para garantizar que los procesos por ejecuciones extrajudiciales sean llevados ante la justicia ordinaria.
Dentro de los desafíos en esa nación latinoamericana figuran también otros asuntos importantes, como la reducción de los elevados índices de pobreza, en un país considerado entre los más desiguales del mundo, la impunidad en los crímenes contra sindicalistas y periodistas y las desapariciones forzadas.
El representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, considera que la situación en Colombia ha cambiado en los últimos 10 a 15 años. “Hay un cambio de realidad para las víctimas de violaciones de derechos humanos”, afirmó al tiempo que, en cuanto a los desafíos que persisten, destacó la impunidad y la desigualdad social.
La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos excluyó a Colombia de la lista negra de países donde más se vulneran los derechos humanos, por primera vez en 12 años.
El proceso de paz colombiano, que cuenta con Cuba y Noruega como países garantes, busca, además de poner fin a un conflicto armado de casi medio siglo, resolver otros asuntos como el acceso a la tierra, el narcotráfico, la participación política de los guerrilleros y la reparación a las víctimas de la guerra.
La búsqueda de un acuerdo fue una de las recomendaciones hechas al Estado sudamericano durante su anterior Examen Periódico Universal, en 2008.
El 15 de marzo de 2006 la Asamblea General de la ONU creó el Consejo de Derechos Humanos en sustitución de la Comisión de Derechos Humanos, una institución que había caído en el descrédito y la falta de legitimidad por la manipulación política impuesta por Estados Unidos y sus aliados.
La resolución de la Asamblea estableció que este Consejo realizara un examen periódico, basado en información objetiva y fidedigna, sobre el cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos de manera de garantizar la universalidad y la igualdad de trato de todos los miembros. En ese sentido, surgió el EPU en 2007.
Las sesiones se celebran habitualmente entre los meses de enero – febrero, mayo – junio y octubre – noviembre.
El Consejo nombra a un grupo de trabajo integrado por delegados de sus 47 países miembros y encabezado por una troika de relatores. Cada país examinado debe presentar un informe sobre los logros, dificultades, retos y prioridades en esta materia, además de otros dos textos preparados por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
A partir de ahí se inicia un diálogo interactivo en el que participan la troika, el Estado examinado, los miembros del grupo de trabajo y los países observadores.
Generalmente los presentes hacen recomendaciones que el país evaluado tiene la facultad de aceptar y las cuales son examinadas en el próximo período.
Entre el 22 de abril y el 1 de mayo serán examinados Burkina Faso, Cabo Verde, Colombia, Uzbekistán, Tuvalu, Alemania, Yibuti, Canadá, Bangladesh, la Federación Rusa, Azerbaiyán, Camerún y Cuba.
(VTV)
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