Política estadounidense contra Cuba, arbitraria y unilateral

La lista estadounidense de países que patrocinan el terrorismo la confecciona el Departamento de Estado con aquellas naciones que Washington considera como colaboradoras de organizaciones terroristas.

La inclusión en el informe supone enfrentarse a estrictas sanciones y, en el caso de Cuba, responde a consideraciones unilaterales basadas en la hipocresía y la manipulación, según analistas.

A esa conclusión llegan muchos estudiosos sobre esa parte de la política de la Casa Blanca contra la isla, que lejos de cesar se reitera años tras año desde 1982, pese a la falta de argumentos creíbles que puedan justificarla.

En la lista, que se creó el 29 de diciembre de 1979 y entonces situó a naciones soberanas como a Libia, Irak, Yemen del Sur y Siria, se incluye a La Habana por el hecho, según Wikipedia, la enciclopedia libre en internet, de que el gobierno cubano proporcionó atención médica y asistencia política a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a que miembros actuales y anteriores de Patria Vasca y Libertad (ETA) siguen viviendo en Cuba.

Esa misma publicación señala que las autoridades cubanas no proporcionaron “ni armas ni entrenamiento paramilitar, ya sea a ETA o las FARC”, mientras que otras publicaciones plantean que estas relaciones respondieron en su momento a solicitudes de las autoridades de esos países para avanzar en procesos de diálogo o por razones humanitarias.

Politólogos como el estadounidense Noam Chomsky y medios de prensa de diversos países concuerdan en que no hay una razón legítima para usar la arbitraria lista de terrorismo como arma política contra Cuba.

A raíz de la publicación del informe el 30 de mayo de 2013, algunas voces críticas estiman que al continuar haciéndolo el Departamento de Estado se basa tan solo en diferencias ideológicas.

Llama la atención que en meses próximos a la fecha para dar a conocer su enfoque unilateral del problema y carentes de argumentos para tal política, sectores contrarios comenzaron a crear un ambiente hostil a fin de reiterar una decisión que para muchos es indefendible.

El informe de 2013 sostiene que “el gobierno cubano sigue protegiendo a fugitivos buscados en Estados Unidos. El gobierno cubano también proporciona apoyos como viviendas, bonos alimentarios y atención médica a esos individuos” y descubre, por primera vez, la presencia de separatistas vascos en Cuba.

Al Departamento de Estado no le quedó más alternativa, además, de reconocer que Cuba “acoge un diálogo de paz” entre la guerrilla y el Estado colombiano, y señala que no hay “ningún indicio de que el gobierno cubano proporcione armas o entrenamiento paramilitar a grupos terroristas” .

Según el exjefe de la Oficina de Intereses de Washington en La Habana, Wayne S. Smith, el gobierno colombiano, lejos de acusar a Cuba de albergar a guerrilleros, saludó varias veces la contribución de La Habana al proceso de paz.

En el caso de los miembros de ETA, el Departamento de Estado no habla de que la presencia de los vascos en la isla respondió a una petición del gobierno español de Felipe González de acoger a unos dirigentes, en el marco de negociaciones de paz con la organización separatista.

Durante el segundo trimestre del año, grupos afines a la ultraderecha de Miami y voceros del propio gobierno comenzaron a inflar acusaciones contra La Habana basadas en que las autoridades permiten a perseguidos por la justicia norteamericana encontrar refugio en la isla.

Con una precisión sorprendente, retomaron el caso de la luchadora estadounidense Assata Shakur, quien no aparece en la lista de terroristas buscados en el país.

Fue acusada de matar a un policía estatal de Nueva Jersey hace 49 años, y súbitamente resultó calificada como una de las terroristas más buscadas por el Buró Federal de Investigación (FBI), con una recompensa de dos millones por su cabeza.

Shakur, quien huyó a Cuba en 1979 y recibió asilo político, ha declarado constantemente su inocencia. Según expertos, categorizar a Shakur como terrorista podría poner en peligro su vida a manos de los que querrían cobrar la recompensa, y ha llevado a funcionarios del Departamento de Estado a utilizar su cambio de estatus como una justificación para mantener a Cuba en la lista.

Los que siguen el tema estiman que la reiteración del caso de Cuba es un movimiento de sectores conservadores con influencia en el gobierno ante posibles movimientos del secretario de Estado, John Kerry, de propiciar cambios en la política hacia la isla del Caribe.

El énfasis puesto en que el gobierno cubano sigue protegiendo a fugitivos buscados en Estados Unidos puede convertirse en un arma de doble filo para Washington pues hay abundantes evidencias y hechos palpables de que ese país le brinda refugio a terroristas internacionales, no solo cubanos como Luis Posada Carriles.

En los últimos años, destaca la relación de autoridades estadounidense con el terrorista checheno Ilyas Akhmadov, con un abultado prontuario de acciones criminales por lo que es uno de los hombres más buscados por Rusia.

Akhmadov fue subalterno del islamista radical Shamil Basayev, quien encabezó una acción de separatistas contra Moscú, cuando tomaron más de mil rehenes en un hospital en Budyonnovsk, en 1995.

Reside Akhmadov en territorio estadounidense gracias al apoyo de importantes figuras como la exsecretaria de Estado Madeleine Albright y el senador republicano John McCain, entre otros, que justifican estas relaciones y otras con grupos como al-Nusra, presente en la lista de organizaciones terroristas, porque sirven a los intereses de la política de Washington.

Ante este doble rasero político, una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba expresa que “nuevamente, esta decisión bochornosa ha sido tomada faltando de manera deliberada a la verdad e ignorando el amplio consenso y el reclamo explícito de numerosos sectores de la sociedad estadounidense y de la comunidad internacional para que se ponga fin a esa injusticia”.

El Gobierno de los Estados Unidos insiste en mantener esta designación arbitraria y unilateral, a pesar del desplome total de las acusaciones ridículas y de los argumentos endebles que tradicionalmente ha utilizado en los últimos años como excusas para ello, señalan los cubanos.

Asimismo agregan que la Casa Blanca emplea el terrorismo de Estado como un arma contra países que desafían sus intereses, causando muertes en la población civil. Ha usado aviones no tripulados para perpetrar ejecuciones extrajudiciales de supuestos terroristas, incluso estadounidenses, resultado de lo cual han muerto cientos de civiles inocentes, subraya.

El gobierno de la isla también acusa a Washington de albergar a terroristas de origen cubano responsables de varias centenas de asesinatos, algo que Estados Unidos no niega. Desde 1959, el terrorismo procedente de Estados Unidos costó la vida a tres mil 478 cubanos.

El caso más emblemático es el de Luis Posada Carriles, reclutado por la CIA en 1961 y responsable de más de un centenar de asesinatos, entre ellos el atentado del 6 de octubre de 1976 que provocó la explosión en pleno vuelo de un avión civil en Barbados, ocasionando la muerte de 73 personas.

Muchos hoy se preguntan qué razón tenían las autoridades de la isla, a no ser su disposición a luchar contra el flagelo, para alertar a Washington con informes sobre 64 personas implicadas en actos de terrorismo contra el país y que fueron entregados al FBI, el que lejos de actuar contra estos, lo hizo contra un grupo de cinco jóvenes cubanos que ayudaron a modelar y recopilar la información.

Hoy ese grupo representa la prueba indiscutible de que lejos de propiciar y apoyar el terrorismo, las autoridades cubanas lo combaten, según expresa en un análisis Salim Lamrani, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

(Prensa Latina)