El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dio a conocer este martes que en el país han avanzado lo suficiente en el respeto a los derechos humanos, por lo que podría cesar la oficina de las Naciones Unidas (ONU) que se encarga de ese tema.
El presidente colombiano se reunirá el jueves en Bogotá a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Navi Pillay, a quien le plantearán que no será renovado el mandato de su oficina en territorio colombiano.
“Le voy a decir que estamos discutiendo si realmente vale la pena prolongar ese mandato o si se prolonga sería por muy corto tiempo, porque Colombia ha avanzado lo suficiente para decir no necesitamos más oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas en nuestro país”, dijo el dignatario colombiano.
Santos añadió que “esas necesidades que tenía el país de tener una oficina de las Naciones Unidas para los derechos humanos han venido desapareciendo”.
Pillay inició este martes una visita a Colombia durante la cual se reunirá con representantes del gobierno y con colectivos pro-defensa de los derechos humanos. La alta comisionada tiene previsto ofrecer una rueda de prensa el viernes para ofrecer un balance sobre los resultados de su visita a la nación colombiana.
La oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos se estableció en Colombia en 1997 y su mandato ha sido renovado en varias ocasiones. El actual vence el próximo 31 de octubre.
El mandatario colombiano aseguró que la alta comisionada “va a encontrar un país que precisamente tiene los derechos humanos como uno de sus objetivos fundamentales, como una de sus prioridades, así como el respeto por esos derechos humanos cada vez más evidente”.
A mediados de junio la oficina en Colombia de la alta comisionada de la ONU cuestionó la reforma aprobada por el Congreso que amplió el fuero militar.
La oficina notificó a través de un comunicado que “si dicha ley era aceptada ésta podría llevar a que casos de falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales) actualmente investigados bajo el régimen penal, puedan ser transferidos para investigación y juicio de autoridades del Ministerio de Defensa Nacional en lugar de que sean investigados, como corresponde, por una autoridad independiente”.
La Fiscalía colombiana mantiene en investigación mil 295 crímenes atribuidos al Ejército, 26 a la policía y 12 a la Armada Nacional (Marina colombiana). Por otra parte, un grupo de 39 madres de los conocidos falsos positivos del “Asesinato de Soacha” pedirán a la Corte Penal Internacional que intervenga en los casos de los militares acusados por estos crímenes. El “Asesinato de Soacha” registró la muerte de 11 jóvenes que fueron hallados en Santander (región nororiental de Colombia), el 23 de septiembre de 2008.
(Telesur)
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