Según la organización, de continuar la actual tendencia, otras 15 millones de adolescentes, con edades entre 15 y 19 años, sufrirían hasta entonces estos procedimientos, definidos como cualquier alteración o lesión de los genitales femeninos por razones diferentes a las médicas.
Las consecuencias de la práctica, que suele realizarse fundamentalmente en algún momento entre la infancia y los 15 años, incluyen sangramiento, quistes, infecciones, infertilidad y complicaciones en el parto.
El problema se concentra en 30 países, fundamentalmente de África y del Medio Oriente, aunque también está presente en otras partes del mundo, con mucha frecuencia vinculado a creencias religiosas y tradiciones.
“Nunca antes ha sido más urgente, o más posible, poner fin a la dañina práctica, lo cual se traduciría en prevenir un sufrimiento inmensurable y en potenciar el poder de las mujeres y niñas”, afirmó el secretario general de la ONU en su mensaje de 2016 por el Día Internacional de la Cero Tolerancia con la Mutilación Genital Femenina.
La Asamblea General estableció en su resolución 67/146 de 2012 la celebración cada 6 de febrero, para llamar la atención sobre procedimientos que reflejan la desigualdad de género y constituyen una forma extrema de discriminación.
Ban reconoció este año que los gobiernos prestan una mayor atención al tema y mejoran los métodos de recolectar estadísticas, lo que explica el incremento de la cifra de personas afectadas.
En 2014, los datos reflejaban a alrededor de 130 millones de mujeres y niñas viviendo con la alteración o el daño de sus genitales externos, 70 millones menos que los estimados actuales, aunque este escenario también sugiere que se trata de un problema mayor del pensado.
Naciones Unidas espera que la adopción de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible lleve a la eliminación del fenómeno.
La comunidad internacional aprobó en septiembre de 2015 el instrumento de progreso humano, que incluye entre sus 17 objetivos la erradicación durante los próximos 15 años de prácticas negativas como el matrimonio infantil, temprano y forzado, y la mutilación genital femenina, propósito recogido en la quinta meta.
El Consejo Económico y Social de la ONU fue sede este año de un evento que reunió a altos funcionarios de la organización, diplomáticos, activistas y víctimas de la mutilación, muchas de ellas convertidas en luchadoras por un mundo libre del flagelo.
“Me quitaron mi identidad y dignidad, cuando crecí, me di cuenta que me faltaba algo”, dijo Inna Modja, una joven cantante de origen maliense.
Según la promotora del fin del fenómeno, a los cuatro años lo sufrió en carne propia, y fueron la música y una operación las que le permitieron recuperar la confianza.
Modja declaró a Prensa Latina que la confrontación no es el camino para la eliminación, dado el componente cultural y religioso muy arraigado en algunas comunidades. Se trata de conversar con las personas, más bien de explicar y generar conciencia, insistió.
También la keniana Keziah Bianca Oseko expuso sus experiencias y calificó de bárbara a la ablación genital.
“El trauma que viví me llevó al activismo, y ahora sé cómo levantarme y luchar por los derechos de las mujeres”, afirmó en el foro, en el que intervino el Secretario General de Naciones Unidas.
De acuerdo con Oseko, alguna vez sintió “que nunca podría convertirse en una mujer, porque le faltaba algo”.
En entrevista con Prensa Latina, la activista y abogada colombiana Patricia Tobón aseveró que el fenómeno también afecta a Latinoamérica, y pudiera tener mucho más impacto del imaginado.
La indígena del pueblo Embera precisó que en su país se conoció por primera vez de esta práctica en 2007, y existen decenas de casos documentados (51 en 2013 y 2014).
“Siempre se pensó que era una situación exclusiva de los países africanos y asiáticos, pero también es un asunto de América Latina”, dijo la experta en derechos constitucionales, quien viajó a la ONU para la celebración del Día Internacional de la Cero Tolerancia con el problema.
De acuerdo con Tobón, los Embera, etnia que en Colombia tiene unas 250 mil personas distribuidas en 16 departamentos, habitan además en Panamá y Ecuador, por lo que resulta necesario evaluar la situación de las mujeres y niñas de este grupo originario en las vecinas naciones.
Tampoco podemos perder de vista que en las Américas existimos más de 00 pueblos indígenas, con mucha frecuencia radicados en zonas selváticas y otras donde el acceso a la salud enfrenta grandes obstáculos, y la mutilación genital pudiera ser una preocupación, subrayó.
Para la activista, resulta conveniente a nivel regional incorporar a los programas de atención a las mujeres y la infancia la revisión de la práctica de la alteración o el daño de los genitales externos femeninos por razones no médicas.
Tobón resaltó la movilización global para combatir la ablación genital, la cual consideró sin precedentes.
UN MAYOR COMPROMISO
Funcionarios de Naciones Unidas, activistas y víctimas de la mutilación genital femenina reclamaron un mayor compromiso con la erradicación de esa práctica, en el contexto de los eventos por el Día Internacional.
Están en curso acciones para eliminar el problema, lo cual pasa por una responsabilidad colectiva, afirmó en un encuentro con periodistas Nafissatou Diop, coordinadora del Programa Conjunto para enfrentarlo, del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y del Fondo de Población de la ONU (Unfpa).
Según Diop, la iniciativa consiste en ayudar a 17 países, 16 de África y Yemen, con recursos y asistencia técnica, dirigidos a impulsar el cese de la alteración o el daño de los genitales externos femeninos, situación presente con mayor fuerza en naciones como Gambia, Mauritania, Indonesia, Somalia, Guinea y Djibuti.
En declaraciones a Prensa Latina, la experta celebró que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible incluya entre sus metas la erradicación del fenómeno.
La Agenda adoptada en septiembre por los líderes mundiales recoge el fin de esta práctica durante los próximos 15 años, una muestra del compromiso de la comunidad internacional, que debe traducirse en hechos, advirtió.
Diop mostró expectativas de que ese paso represente un incremento de las inversiones humanas y financieras para poner fin a la mutilación genital de mujeres y niñas, considerada por la ONU una violación de los derechos humanos.
De acuerdo con la funcionaria, el componente cultural y religioso del problema tiene que tratarse sobre la base de la educación y del diálogo.
No necesitamos confrontaciones, sabemos del aspecto cultural presente, enraizado en la discriminación histórica de la mujer, pero con el aporte de los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades podemos cambiar la situación, acotó en un criterio que genera consenso.
(Conformación de Prensa Latina)
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