El vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, Juan Carlos Araúz, consideró hoy que el país tiene que “adecuarse a las exigencias del mercado” si quiere seguir siendo “competitivo” en el negocio de los servicios internacionales.
“Si Panamá asume su posición de ser un país de servicios y quiere garantizar su competitividad, sus productos (legales y financieros) no pueden escapar de estas reflexiones”, indicó Araúz.
El Colegio Nacional de Abogados participará este martes, junto con la Asociación Bancaria Nacional, la Asociación de Abogados Internacionales y la Cámara de Comercio, en una reunión convocada por el Gobierno para analizar el impacto que han tenido los llamados papeles de Panamá y hacer una revisión de la estructura y funcionamiento del sistema financiero y fiscal.
La revelación hace una semana de que cientos de personalidades de todo el mundo contrataron los servicios de la firma panameña Mossack Fonseca para crear sociedades “offshore” u opacas al fisco, ha evidenciado que “es el momento de reformular las estrategias de mercado”, consideró el abogado panameño.
Si Panamá no acomete reformas , sus productos corren el riesgo de sufrir “falta de credibilidad y reputación en el mercado”, añadió Araúz.
La economía panameña se basa en el sector servicios y la mayor parte de las gestiones en este campo requieren los servicios de un abogado. Según Araúz, en Panamá hay cerca de 22.500 letrados, lo que significa que uno de cada 151 panameños se dedican a esta profesión.
La construcción del Canal de Panamá a principios del siglo XX, la aprobación en 1927 de la ley de sociedades anónimas y la constitución a finales de 1940 de la Zona Libre de Colón, ubicada en el Caribe panameño y considerada la más grande del continente, han provocado que “servir a la comunidad internacional forme parte de la identidad nacional”, afirmó el abogado.
A raíz del escándalo mundial por las filtraciones, Francia volvió el viernes pasado a incluir a Panamá en su lista de paraísos fiscales, de la que había salido el país en 2011, una decisión que ese mismo día el presidente panameño, Juan Carlos Varela, tildó de “equivocada e innecesaria”.
El Gobierno de Varela ha defendido que el escándalo deriva de las actividades de una firma de abogados panameña, no del país, y ha señalado que en aras de profundizar las medidas que ha adoptado en los últimos años en favor de la “transparencia” hará una revisión de sus sistemas financiero y fiscal.
(Con información de EFE)
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