Los candidatos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) han despojado a la consulta de su carácter regional. Julio Borges, dirigente de Primero Justicia, admitía abiertamente en el diario El Nacional que “la gente entiende que no solamente se está escogiendo a un gobernador, que es muy importante, sino que se le está dando también un castigo a Nicolás Maduro y a los candidatos que lo representan”. La verdad es que los candidatos opositores se han desdibujado como futuras autoridades administrativas y sin excepción se proponen únicamente castigar al Presidente legítimamente electo en Venezuela, sin que sean estas unas elecciones presidenciales.
Incluso este sábado, a horas de que abran los centros electorales, siguen invocando opciones políticas nacionales, muy lejos de recoger necesidades y aspiraciones regionales, como ocurrió con las elecciones de diciembre de 2015 que llevaron a la Asamblea Nacional una franja mayoritaria de diputados de vocación golpista sin agenda legislativa, movidos por el odio y la retórica antigubernamental.
Aquellas elecciones y estas se parecen, además, en que la mayoría de los aspirantes a gobernadores adversarios del chavismo son figuras grises, carentes de arrastre propio y que actúan como repetidoras de consignas y llamados desesperados a impedir la abstención de sus filas. El analista Luis Vicente León valoraba el escenario, incluso en aquellos estados donde la oposición ganara, “lejos de las expectativas de la población opositora y la comunidad internacional y con algunas sorpresas estrambóticas en estados que nadie pensaría que el chavismo podría ganar, volviendo a generar frustración y debilitamiento”.
Pesan más de 20 consultas electorales en casi 20 años de gobierno bolivariano, en que la abrumadora mayoría de las votaciones se han saldado a favor de la Revolución. El pasado 30 de julio, la más reciente consulta popular, el chavismo cumplió un anhelado reclamo de paz después de cuatro meses de violencia opositora que generó más de cien muertos y cientos de heridos. La participación de más de 8 millones de venezolanos en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, el pasado 30 de julio, profundizó la fractura de la plataforma opositora, que se vio obligada a cambiar abruptamente su estrategia política –de “La salida” a cualquier precio del gobierno, a la vía electoral-, y matizar el discurso respecto a la legitimidad del Poder Electoral, para poder inscribir sus candidatos a las elecciones.
En cualquier caso, la persistente confrontación de la MUD deja a la cualición opositora con muy poco margen para una confrontación electoral animada con ofertas creíbles y autónomas en las regiones. La gran pregunta que cualquier observador imparcial se haría si pone atención a lo que dicen los candidatos en sus actos de campaña y en las redes sociales, es a qué se dedica en Venezuela un gobernador electo.
En estas campañas no hay pistas de cómo se van a reorganizar los servicios públicos estaduales, ni cual es la propuesta del candidato para el plan de desarrollo de la región, ni en qué se emplearían los presupuestos, responsabilidad de aquellos que ostentan una función pública en territorios tan vastos. Solo en Venezuela un candidato regional presenta como único objetivo de su agenda el cambio de gobierno nacional, lo que de facto arrastra a sus electores a una propuesta de desconocimiento del poder y al desgobierno.
Generar mayor tensión política y desgaste económico del país en vísperas de un año de elecciones presidenciales, sin un equipo sólido que le haga frente a la arremetida internacional y cada vez más fragmentado internamente, puede ser el golpe de gracia definitivo para la MUD.
(Tomado de Red58)
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