Si el escritor Ernest Hemingway viviera, el presidente Donald Trump le prohibiría tomarse un daiquirí en el hotel Ambos Mundo de La Habana.
A partir de este jueves, los estadounidenses que visiten Cuba no podrán hospedarse en determinados hoteles, consumir algunos productos o visitar ciertos establecimientos vinculados con empresas bajo gestión del sector militar de la isla.
El departamento del Tesoro y del Gobierno publicaron las nuevas regulaciones que ejecutan el memorando presidencial anunciado por Trump en la ciudad de Miami en junio, cuando se reunió con el sector más radical de la comunidad cubanoamericana.
El Departamento de Estado publicó una lista con todos los organismos sujetos a sanciones y asegura que la mantendrá actualizada.
Entre las entidades vetadas se encuentran CIMEX y GAESA, corporaciones que manejan desde tiendas minoristas y navieras hasta alquileres de carros y joyerías.
Además del Ambos Mundos, otros hoteles icónicos como el Telégrafo (Habaguanex) y el recién inaugurado Manzana Kempinski (Gaviota) también quedan prohibidos para los estadounidenses.
Las nuevas regulaciones afectan de igual manera a más de un centenar de hoteles, tiendas y marinas en La Habana, Santiago de Cuba, Varadero, Pinar del Río, Baracoa, Holguín y los cayos de Villa Clara.
Los estadounidenses deberán diferenciar ahora entre el Ron Varadero (sujeto a sanciones) y el Havana Club (permitido hasta el momento), a riesgo de violar las leyes de su país.
Aparentemente, tomar refrescos de la marca de Tropicola sería un riesgo, mientras consumir TuKola, mucho más popular, no tendría consecuencias.
“Trump no restringirá la clase de armas de asalto que los estadounidenses pueden comprar, pero si les dirá el tipo de refresco que pueden comprar en Cuba”, dijo en su cuenta de Twitter Ben Rhodes, asesor del presidente Barack Obama y uno de los artífices del deshielo de su administración con Cuba.
En la misma línea del memorando de Trump, las regulaciones hacen más difícil los viajes de los estadounidenses a Cuba, pero no los prohíben del todo.
Aún se mantienen más de una decena de categorías por las cuales los norteamericanos pueden visitar la isla.
“Los estadounidenses pueden estar seguros de que todavía es completamente legal visitar Cuba”, dijo en un comunicado Collin Laverty, presidente de Cuba Educational Travel, uno de los grupos que se dedica a organizar viajes entre los dos países.
“Los vuelos comerciales, cruceros, hoteles Marriot, Airbnb y los turoperadores continúan operando como de costumbre y toma solo unos minutos asegurar que su viaje a la isla es legal”, añadió Laverty.
Sin embargo, Trump cerró la la principal vía de entrada que estaban utilizando cientos de miles de estadounidenses desde que Obama flexibilizara los permisos de viaje: los intercambios pueblo a pueblo de manera individual.
Las nuevas regulaciones obligan a que todos los viajes en esa categoría se lleven a cabo bajo los auspicios de una organización que esté sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos.
Asimismo, los viajeros deberán estar acompañados por una persona sujeta a la jurisdicción estadounidense que sea representante de la organización patrocinadora.
No queda claro cómo se verificará el cumplimiento de regulaciones tan confusas ni el nivel de recursos que deberán invertir Washington para lograrlo.
Pero es seguro que las medidas tendrán un impacto directo en los alquileres y paladares privados que habían visto subir la demanda de sus servicios por una avalancha de visitantes estadounidenses con mayor poder adquisitivo que los turistas tradicionales de la isla.
Los años de deshielo entre Cuba y Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama terminaron sin que se lograran concretar negocios de calado entre los dos países.
Más allá del restablecimiento de los vuelos directos, el contrato con Sheraton para gestionar dos hoteles en La Habana y la llegada de Airbnb, la lista emprendimientos entre los dos países es corta.
A pesar de la voluntad manifestada por ambas partes, la permanencia del grueso de las leyes del bloqueo, la desconfianza del empresariado estadounidense y las características de la gestión de la economía cubana hicieron muy difícil que se dieran pasos más abarcadores.
Ahora Trump pretende hacer las cosas aún más difíciles para quienes todavía buscan abrirse una brecha.
Las delegaciones comerciales de estadounidenses a Cuba tenían como punto obligado la Zona Especial de Desarrollo Mariel, un puerto cercano a la capital donde la isla concentra sus esperanzas de inversión extranjera y producción de bienes con mayor valor agregado.
Varios puertos de Estados Unidos firmaron convenios de entendimiento con el de Mariel con vistas al mercado caribeño una vez concretados los planes de infraestructura cubanos.
Pero el departamento de Estado incluyó tanto a la Terminal de Contenedores de Mariel, S.A. (Puerto) como a la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) en su lista de entidades sancionadas.
En ese sentido, el Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC) de Estados Unidos consideró contraproducentes las restricciones de la administración Trump.
A través de un comunicado, el vicepresidente del NFTC, Jake Colvin, manifestó que restringir a las compañías de la participación en la Zona Especial de Desarrollo Mariel impide que los estadounidenses tomen parte en una actividad económica potencialmente beneficiosa para los trabajadores y el pueblo cubano.
“Cualquiera que conozca cómo funciona la economía cubana sabe que esas regulaciones adicionales para las compañías estadounidenses solo harán más difícil negociar con Cuba”, opinó por su parte James Williams, presidente de la coalición Engage Cuba, que se dedica a cabildear en Washington a favor del fin del bloqueo.
“Las nuevas sanciones podrían costar miles de millones a la economía estadounidense y afectar miles de puestos de trabajo”, añadió Williams.
Sin embargo, las medidas de Trump dan algunas garantías para los acuerdos ya firmados, incluso con empresas que ahora aparecen en la lista de sanciones. Ese sería el caso de Marriot y su filial Sheraton, que se hicieron con la gestión de los hoteles Quinta Avenida e Inglaterra, propiedad de Gaviota, una de las empresas públicas gestionadas por las Fuerzas Armadas de Cuba.
El impacto concreto de las nuevas regulaciones se desconoce, pues las empresas bajo sanciones tienen presencia en casi todos los niveles de la economía cubana, incluido el sector privado que Washington ve con buenos ojos.
(Tomado de Diario del deshielo)
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