Un balance de la guerra contra el narcotráfico que libra el Estado venezolano

A la DEA se le acusa de apoyar el narcotráfico en Venezuela y dedicarse a espiar al Gobierno Bolivariano: “Veníamos haciéndole seguimiento y resulta que la DEA estaba usando como máscara la lucha contra las drogas para, incluso, apoyar al narcotráfico y hacer inteligencia contra el gobierno”, dijo Chávez en aquella oportunidad.

La realidad consecuente ratificó esas denuncias. La incautación de drogas en Venezuela se duplicó de inmediato. Mientras, durante estas labores de inteligencia de la DEA en Venezuela no se registraron capturas de capos ni personas vinculadas a organizaciones internacionales del narcotráfico. Por el contrario, a partir de 2005 las autoridades de seguridad del Gobierno venezolano han logrado capturar a más de 110 personas o capos ligados al tráfico de drogas y legitimación de capitales.

Destacan entre los más buscados: Diego Pérez Henao; Maximiliano Bonilla, alias “El Valenciano”; los hermanos Héctor y Nelson Buitrago Parada, alias “Martín Llanos” y “Caballo”; el colombiano Daniel Barrera Barrera, alias “El loco”, quien fue capturado en San Cristóbal (Táchira), y cuya captura mereció el agradecimiento expreso del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Además fue detenido el italiano Genco Fara Vito, acusado de ser uno de los integrantes de la mafia siciliana Cossa Nostra.

Asimismo se ha logrado incautar un promedio de 55,7 toneladas de droga al año, que pretendían transitar por territorio venezolano. Lo que significa un 60% de aumento en la efectividad de la incautación promedio anual, en comparación al momento en que la DEA mantenía las operaciones en el país. Además, se promulgó una ley única en el continente para intercepción, inutilización, inmovilización y disuasión de aeronaves que sirven al tráfico internacional de drogas.

Desde ese mismo 2005, se han neutralizado alrededor de 100 aeronaves que utilizaban el espacio aéreo venezolano para el tráfico de sustancias ilícitas. Se detuvo también al empresario español Rafael Rubén Núñez Cencerrado, quien era uno de los más buscados de España pues se le acusaba de estar relacionado directamente con capos de los principales carteles de la droga colombianos.

Se capturó en Anzoátegui a Jorge Milton Cifuentes, alias “JJ” o “Jota”, solicitado por EEUU. Igual suerte corrió Vasily Kotosky Villarroel Ramírez, que poseía “difusión roja por Interpol Venezuela y color verde por Estados Unidos”, acusado de ser líder del cartel de los 40, financista y legitimador de los capitales ilícitos del cartel mexicano de Sinaloa, organización que lideraba el famoso capo Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Según el Informe Mundial de Drogas que publicó la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2016, desde hace ochos años Venezuela se ubica entre los 10 primeros países con las mayores incautaciones de drogas en el mundo, y a su vez se encuentra en el sexto lugar en incautaciones de droga en América Latina.

Sólo en 2017 la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela informó que se han realizado 5 mil 647 procedimientos relacionados al tráfico ilícito de drogas, se han incautado 727 bienes pertenecientes a las organizaciones criminales que están siendo utilizados por los organismos de seguridad del Estado para atacar precisamente el narcotráfico. La corrupción relacionada con este comercio ilícito ha sido atacada: este mismo año se detuvo un gran número de funcionarios públicos de puertos y aeropuertos y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Cada año Venezuela desmantela decenas de laboratorios clandestinos usados para el procesamiento de drogas ubicados en la frontera con Colombia. Como muestra, hace solo cuatro meses la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la ONA, durante el inicio de la Operación Paso del Tornado II, localizaron dos campamentos de narcotraficantes y 26 laboratorios de droga a unos 700 metros de la frontera con Colombia, en el municipio Jesús María Semprún.

Venezuela, la DEA y la lucha integral contra las drogas

La ruptura con la DEA tampoco aisló a Venezuela de la lucha antidroga, pues mantiene en ese ámbito alrededor de 50 acuerdos internacionales con 37 países, colabora plenamente con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (instancia que depende de la Organización de Estados Americanos -OEA-), con la Comisión de Estupefacientes de la ONU y la Interpol.

Estos acuerdos se establecieron con Italia, Siria, República Dominicana, Gambia, Rusia, Ecuador, Guyana, Países Bajos, Argentina, España, entre otros, concretando planes de estrategia antidroga integral.

Venezuela forma parte de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988; la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el protocolo de 1972; y la Convención de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971.

A su vez forma parte de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y sus protocolos contra la trata de personas y contrabando de migrantes, además de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Venezuela creó una nueva Ley Orgánica de Drogas, que sustituye la antigua Ley Orgánica Contra Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que aumentó el periodo de 8 a 30 años de prisión las sanciones potenciales para delitos como el tráfico de droga y otros afines.

La lucha del Gobierno Bolivariano contra el narcotráfico ha sido reconocida internacionalmente. En el año 2010, por ejemplo, el Grupo de Países de América Latina y el Caribe (Grulac), en su declaración realizada el día 8 de marzo del presente año, en el tema 7 de la agenda titulada “Reducción de la Oferta”, destacó los esfuerzos de la República Bolivariana de Venezuela al haber instalado casi la totalidad de un sistema de radares (10 en total) para reforzar el control de su espacio aéreo y combatir así el tráfico ilícito de drogas y la destrucción sistemática de pistas no autorizadas para reducir el tráfico de drogas por vía aérea.

Pero sin duda uno de los reconocimientos más destacables es que durante muchos años consecutivos la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) ha declarado a Venezuela como país libre de cultivos ilícitos.

La triste realidad es que la misma DEA declaró que la producción de cocaína en Colombia aumentó un 35% entre 2015 y 2016, pasando de 250 toneladas a 710 toneladas, “los actuales niveles de producción son los más altos reportados” y los cultivos de hoja de coca aumentaron 18% en 2016. Lo que da toda la razón al vicepresidente Tareck El Aissami cuando dice que “somos víctimas del narcotráfico porque estamos entre el mayor país productor de drogas y el principal consumidor de drogas”.

A pesar de esta realidad geoestratégica, la gran mayoría de la droga que se produce en Colombia, un 80%, sale por el Pacífico colombiano para evitar los controles que ha implementado el Gobierno venezolano.

La matriz del “narcoestado” en sí no tiene asidero real, lo que recuerda a las palabras del presidente Chávez: “La DEA no es absolutamente necesaria para la lucha en contra del tráfico de drogas”. La continuidad de esta decisión soberana, entre otras, no sólo busca proteger el territorio de la fábrica del narcotráfico global que representa Colombia, sino impedir que bajo esa narrativa se ponga sobre el tablero una aventura armada contra el país al estilo de la invasión a Panamá en 1989.

(Con información de Misión Verdad)