Más allá de las 90 millas: historias que no se olvidan

La confrontación histórica entre Cuba y Estados Unidos, que comenzó mucho antes del triunfo de la Revolución, ha marcado los flujos naturales de personas entre dos países vecinos que están separados por apenas 90 millas de mar.

Sin embargo, a partir del 1ro. de enero de 1959, la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba comenzó a utilizarse como un arma contra el proceso revolucionario que emprendió el país.

Desde incentivar la salida de menores de edad con falsa propaganda sobre supuestos cambios en la patria potestad, hasta tolerar el secuestro de embarcaciones y aeronaves cubanas para llegar al territorio estadounidense, es larga la lista de acciones agresivas en esta materia aplicada por sucesivas administraciones estadounidenses, que llevan sobre sus hombres el peso de la muerte de cientos de personas inocentes.

En todo ese proceso, los principales afectados han sido los pueblos cubano y estadounidense, unidos por profundos lazos históricos y culturales, así como las familias que se dividen entre uno y otro lado del Estrecho de la Florida.

Este viernes se cumple el primer aniversario del último de los acuerdos migratorios firmado entre los dos países, que dio continuidad a los rubricados después de las crisis de Mariel, en los años 80, y los balseros, en los 90 del siglo pasado.

Uno de los pasos más trascendentales fue poner fin a la llamada política de pies secos-pies mojados.

La declaración del Gobierno Revolucionario emitida ese mismo 12 de enero, asegura que esa política  «constituía un estímulo a la emigración irregular, al tráfico de emigrantes y a las entradas irregulares a Estados Unidos desde terceros países de ciudadanos cubanos que viajan legalmente al exterior, y al admitirlos automáticamente en su territorio, les confería un trato preferencial y único que no reciben ciudadanos de otros países, por lo que también era una incitación a las salidas ilegales».

Asimismo, señala que su «implementación y la de otras políticas provocó crisis migratorias, secuestros de naves y aeronaves y la comisión de delitos, como el tráfico de emigrantes, la trata de personas, el fraude migratorio y el uso de la violencia con un impacto extraterritorial desestabilizador creciente sobre otros países de la región, utilizados como tránsito para llegar a territorio estadounidense».

El comportamiento de los flujos migratorios tras la entrada en vigor de esa medida, que ha llevado las salidas ilegales por medios rústicos casi a cero, demuestran la posición defendida hasta el cansancio por Cuba de que eran las políticas estadounidenses los principales estímulos para una migración desordenada e insegura.

Pero, a pesar de los avances logrados –entre los que se incluye el fin del Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos, que incentivaba el abandono de las misiones del personal de la Mayor de las Antillas en terceros países– aún se mantiene en vigor la Ley de Ajuste Cubano de 1966.

Resulta imposible pensar en la normalización de las relaciones migratorias entre los dos países sin que el Congreso norteamericano le ponga fin a esa legislación.

El líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, fue quizá quien mejor definió el daño de la Ley de Ajuste para el pueblo cubano.

«No propondríamos una Ley de Ajuste para los demás países porque es una ley asesina, pero sí propondríamos el desarrollo del Tercer Mundo, si no se desea que su población excedente aplaste a las sociedades ricas, a costa de la abundante sangre de los emigrantes que tratarán de filtrarse por todas las vías. Propondríamos justicia para el mundo y un poco de luz para los políticos ciegos que hoy dirigen las más desarrolladas y ricas naciones de la Tierra», aseguró el 27 de noviembre del 2001, durante un discurso en la Tribuna Antiimperialista José Martí.

El aniversario del acuerdo llega en un contexto diferente al de su rúbrica en el 2017, a pocos días del fin de la administración de Barack Obama.

El Gobierno de Donald Trump, utilizando pretextos sin evidencias ni asidero en la realidad, ha reducido su personal en la nueva Embajada estadounidense en La Habana y ha paralizado casi por completo la emisión de visados. Asimismo, ordenó la expulsión de 17 diplomáticos cubanos de la Embajada en Washington.

«Al afectarse el funcionamiento de ambas se están afectando los intercambios de toda naturaleza entre Cuba y Estados Unidos, ya sean intercambios culturales, deportivos, científicos, pero también los intercambios y las relaciones familiares», aseguró el martes último en conferencia de prensa Josefina Vidal, directora general de Estados Unidos de la Cancillería cubana.

Vidal refirió que desde el principio se ha mantenido una comunicación permanente y sistemática, tanto en La Habana como en Washington, para tratar de buscar una solución.

«Este diálogo se ha mantenido siempre y ha servido, tanto para trasladar las preocupaciones de Cuba, como para trasladar nuestra insatisfacción, malestar y la no aceptación por parte de Cuba de toda una serie de acusaciones o insinuaciones que no están probadas», añadió.

Desde mediados del año pasado, el Departamento de Estado insiste en hablar de supuestos «ataques acústicos» contra sus diplomáticos en La Habana, pero tras meses de investigaciones no existe una sola evidencia que respalde esa acusación.

Al final, apuntó Vidal, las medidas tomadas han terminado en «decisiones totalmente aceleradas, apresuradas, sin fundamento alguno, que han afectado no solo ya la relación bilateral en su conjunto, sino también a las personas».

«Las soluciones», dijo, «están del lado de Estados Unidos».

(Tomado de Granma)