A grandes males, grandes soluciones. Ese podría ser el refrán que anteceda a la puesta en circulación por Venezuela de su criptomoneda, el Petro: la apuesta del Gobierno bolivariano para cumplir con sus compromisos internacionales y que el país siga caminando a pesar de las sanciones de la administración de Donald Trump, que buscan ser el tranque final de una crisis dada por la caída de los precios del petróleo, el desabastecimiento y la especulación desatados por el empresariado derechista, y, pese a todo, la necesidad del Estado de mantener la atención social que caracteriza al modelo, con las consecuentes erogaciones.
Respaldado hasta ahora por más de 5 000 millones de barriles de petróleo certificados ya por el presidente Nicolás Maduro en uno de los bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco, el Petro tendrá sustento, sin embargo, en todas las reservas de crudo, gas y oro, entre otros recursos naturales del país, lo que lo convierte en la primera moneda virtual del mundo con un respaldo físico.
Tal garantía no es poca cosa. Muchos señalan la volatilidad y facilidad para la especulación en torno al resto de las criptomonedas: se dice que hay unas 600 aunque en el mercado «suenan» solo una decena.
Pero, al tener un puntal material tangible como los recursos naturales del país, el valor del Petro no será proclive a la especulación: tendrá anclas contantes y sonantes que le impedirán «salir volando», y un ente regulador.
Aunque surgieron desde el año 2009 con la irrupción del Bitcoin (la más conocida), las criptomonedas podrían considerarse todavía un fenómeno nuevo. Sin embargo, la emisión por Venezuela del Petro es lo que ha propagado por el mundo el mayor conocimiento en torno a ellas.
Se trata de un paso tan audaz como en julio pasado lo fue la Asamblea Constituyente, y se materializa con una medida financiera, aunque su trasfondo encierra un fuerte carácter político.
El nacimiento del Petro, anunciado el 3 de diciembre pasado por Nicolás Maduro, ha emergido como puerta de escape ante un asedio que sigue queriendo socavar la capacidad de maniobra del Gobierno venezolano en un año que vuelve a ser crucial, porque se renovará la presidencia. Pero también puede ser una puerta de entrada a una manera menos dependiente de utilizar las riquezas propias y desarrollar las finanzas.
En su propósito vuelve a estar la reversión de una táctica washingtoniana que persiguió al ejecutivo venezolano durante todo 2017, y que se repite. La Casa Blanca seguirá buscando la asfixia financiera ya que la presión política, sustentada sobre todo en el asedio económico, no ha dado todos los resultados que se esperaban.
Si en agosto del año pasado, después de la exitosa elección de los miembros de la Constituyente, Trump respondió con las sanciones financieras del 25 de agosto, ahora, cuando todavía no se han realizado las primeras operaciones con el Petro, ya amenaza a quienes pretendan reconocerlo.
Según se ha divulgado hace pocas horas, el Departamento del Tesoro habría advertido a los ciudadanos estadounidenses que podrían ser objeto de sanciones legales si invierten en la nueva criptomoneda, una advertencia que está en función, precisamente, de las medidas de agosto de 2017.
Cinco meses atrás, la orden ejecutiva del Presidente de EE. UU. tendió un cerco total a Caracas cuando prohibió las transacciones sobre nuevas emisiones de deuda, sobre las acciones del Gobierno venezolano y de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), además de impedir la negociación de algunos bonos en manos del sector público de aquel país y los pagos al ejecutivo.
Lo peor es que no eran dictadas solo contra las empresas estadounidenses, sino también contra las firmas radicadas en ese país, en la extensión de un carácter extraterritorial del que, pensaron analistas, pocos emporios escaparían habida cuenta de cuántos se asientan en Estados Unidos.
El propósito era precipitar a Caracas al default —con el cual retozan algunas fuentes calificadoras de riesgos desde fines de noviembre, que hablan de default parcial por falta de algunos pagos— y cerrar toda la posibilidad de créditos.
No obstante, Venezuela ha abonado más de 75 millones de dólares en 24 meses, y anunció en noviembre el pago de más de dos mil millones de dólares por concepto de intereses de la deuda y de bonos Pdvsa.
La compra de bonos por China y, en noviembre, la restructuración de la deuda con Rusia, fueron paliativos, en tanto Maduro anunciaba que el país había honrado sus compromisos, y emprendía la renegociación de todos los débitos.
A pesar de las tensiones económicas, matizadas por una espiral de violencia en la primera mitad del año, el denominado chavismo terminó 2017 con tres victorias electorales seguidas, la primera de las cuales, obtenida en los comicios para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente, acalló a los sectores violentos. Luego, el ejercicio del sufragio para elegir a gobernadores devolvió a los bolivarianos su caudal de votos, lo que se corroboró en las elecciones para alcaldes de diciembre.
La situación, sin embargo, continúa siendo tensa en materia económica y financiera al iniciar 2018, con visos de alivio en el Petro frente a la soga que Washington le colocó al cuello al país.
En materia de soberanía financiera, se suma al Petro el lanzamiento, esta semana, del nuevo sistema de Divisas Complementarias (Dicom), que debe equilibrar la tasa de cambio del bolívar y enfrentar su devaluación, azuzada fraudulentamente desde el exterior, con la imposición de leoninas tasas de cambio paralelo. La nueva criptomoneda también contribuirá a ello.
Aunque las nuevas amenazas de la Casa Blanca parecieran planear contra la nueva criptomoneda, analistas denuncian su carácter intimidatorio como parte de una campaña para hacer fracasar la entrada del Petro al mercado.
Los motivos para pensar así no son solo políticos, sino también técnicos. Según alegan los expertos —tanto financieros como políticos—, la buena noticia es que las criptomonedas, como virtuales que son, no están reguladas por Banco Central alguno, por lo tanto, las transacciones que se hagan con ellas tampoco pueden ser fiscalizadas ni bloqueadas, pues no deben pasar por algún ente.
Eso es, justamente, lo que la convertiría en el arma eficaz para Caracas frente al asedio financiero de EE. UU. En este caso, tampoco estaría sujeta a la especulación ni los vaivenes del mercado, pues se sustenta en activos físicos. Por ahora, el valor del Petro se ha fijado en el de un barril de petróleo.
La iniciativa podría tener pronto otros países que también analicen sus ventajas. En Rusia se habla desde diciembre de la posibilidad de emitir el CryptoRuble, y la Asociación Rusa de Criptomonedas y Blockchain acaba de decir que podría estarse emitiendo para mediados del año que viene.
El sitio The Cointelegraph afirma que se han escuchado voces a favor y en contra, y todavía habrá nuevos debates en julio. Pero algunos estiman que el CryptoRuble podría ayudar al Gobierno ruso a fortalecer la economía, y evitar el impacto de las sanciones contra el país, al tiempo de atraer inversiones extranjeras.
En Venezuela, ya es un hecho. Si todo sale como se presume, Washington habrá perdido un arma… y la soberanía financiera de Venezuela habrá ganado otra.
(Tomado de la investigación El Petro, criptomonedas, geopolítica y sanciones gringas, publicada por el sitio Misión Verdad)
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