EE.UU proseguirá con el reforzamiento del control de las fronteras y la reforma del sistema migratorio.
El primer pilar de la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) del gobierno de Donald Trump es proteger a la patria. En este pilar, la migración se presenta como una de las amenazas fundamentales.
Se proseguirá con el reforzamiento del control de las fronteras y la reforma del sistema migratorio. Es de esperar que continúe la beligerancia hacia los migrantes latinos en EE. UU.
El objetivo es “atacar al problema en su origen”: aumentarán así las restricciones a los derechos adquiridos por los migrantes ya instalados en EE. UU., o por aquellos potenciales migrantes desde las sociedades de origen. La válvula de escape que mitiga la presión social por la vía de la salida individual en el hecho migratorio, podría obstruirse.
El resultado: una mayor inestabilidad política y escenarios todavía más explosivos en Centroamérica, donde los conflictos sociales derivados de la falta de horizonte vital se sumarían a las altas dosis de violencia producto de la delincuencia común, la alianza del crimen organizado con sectores estatales (políticos y/o policiales-militares), y la represión política heredera de una estrategia contrainsurgente de factura estadounidense. México seguirá siendo pieza fundamental en la detención de migrantes.
El atacar las amenazas en su origen, pueden incluir a Cuba y Venezuela, catalogadas como gobiernos “enemigos”, porque se aferran a “modelos autoritarios de una izquierda anacrónica que continúan fallando a su gente”. Su peligro no es sólo dichos modelos sino el respaldo que reciben de China y Rusia, los principales retadores hegemónicos de EE. UU., de ahí que establezca en el ESN como acción prioritaria “aislar” a Cuba y Venezuela.
Las presiones para que Cuba “modernice” su sistema (esto es, abrace el capitalismo) seguirán, máxime en un contexto de elecciones parlamentarias que seguramente supongan el relevo de Raúl Castro en la presidencia del país. EE. UU. tratará de presionar para que dicho relevo se acompañe de un cambio de sistema, unos esfuerzos que parecen abocados al fracaso pues en su estrategia de “línea dura” e intransigencia hacia Cuba, Trump no está acompañado por buena parte del establishment económico y político de su país, deseoso de normalizar relaciones con la isla.
Con respecto a Venezuela, se espera la aplicación de una mayor presión económica, en el tira y afloje entre sectores de la derecha republicana conservadora y el lobby petrolero.
Considerando que es año de elecciones presidenciales en Venezuela, organismos como la OEA redoblarán su campaña en contra del proceso de cambio, asociado a los múltiples think tanks que vienen elaborando opinión experta que luego pasa a alimentar a los medios de información hegemónica, condicionando la opinión pública. Seguirá latente la búsqueda de apoyo de países aliados como México, Colombia, Brasil, Argentina y Perú para la conformación de un bloque multilateral y la imposición de una agenda regional que se podría articular por la OEA y/o por la Alianza del Pacífico.
No hay claridad sobre una posible intervención militar. Sin embargo, el Comando Sur viene advirtiendo acerca de la necesidad de intervenir ante “crisis humanitarias” y ha realizado ejercicios militares en los países fronterizos
Este primer pilar de la ESN, incluye redoblar los esfuerzos para proteger la infraestructura crítica y redes digitales. Las ciberamenazas son un enemigo a combatir.
A la vanguardia en este rubro están las empresas de ciberseguridad del complejo industrial militar israelí, estrechamente vinculadas a empresas de seguridad estadounidenses. Los países que en los últimos años muestran algún avance en lo relativo a medidas de ciberseguridad (sea en materia legal, mediante la compra de insumos o la adquisición de cursos de entrenamiento), son México, Brasil, Colombia y Argentina. Para 2018 puede esperarse un mayor desarrollo de este sector, que, entre otras cuestiones, implica la ampliación del espionaje cibernético y un mayor control de este ámbito (fundamental para la seguridad nacional) por parte de empresas israelíes y estadounidenses.
El segundo pilar de la ESN, es “promover la prosperidad estadounidense”, el “America First”. Uno de los objetivos es lograr tratados comerciales “justos” para EE. UU.
Respecto al TLCAN las negociaciones siguen y no hay certidumbre al respecto. Los puntos importantes son la cancelación del capítulo de resolución de controversias, la revisión de aranceles para manufacturas y sobre todo la de automóviles y partes de automóviles. Este será uno de los puntos cruciales en la agenda bilateral en 2018.
Según informe, del TLCAN dependen 5 millones de puestos de trabajo en EE. UU. Sectores vinculados a este Tratado, como el automotriz o el agrícola, ya han comenzado a cabildear en el Congreso para evitar el refrendo que esta institución debería dar a una hipotética decisión presidencial de salida del TLCAN que, no obstante, no podría ser inmediata pues tardaría seis meses en hacerse efectiva.
La eventual salida del TLCAN por parte de EE. UU. no resuelve el problema que se le plantea al país: garantizar la seguridad y prosperidad económica estadounidense conteniendo la pujanza de potencias económicas como China, que le disputan mercados pero también hegemonía geopolítica, sin los instrumentos multilaterales diseñados para tal efecto (recordemos que en enero de 2017 EE. UU. abandonó el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica -TPP-) Una ampliación de la Alianza del Pacífico, buscando socios entre los países latinoamericanos anteriormente opositores como Ecuador, podría coadyuvar a recuperar influencia y proyección comercial hacia una de las regiones más pobladas del planeta a través de un instrumento donde EE. UU. ejerce su poder de manera interpuesta.
Las decisiones tomadas en EE. UU. respecto al TLCAN y la ampliación del muro fronterizo (que podría retomarse como un elemento propagandístico que serviría de presión política hacia el Gobierno mexicano, más que como un hecho tangible) tendrán repercusiones en el proceso electoral mexicano y marcarán parte de la agenda de los candidatos presidenciales.
Otro objetivo de este segundo pilar es lograr el “dominio” de EE. UU. en el área energética para garantizar que los mercados internacionales sigan estando abiertos. Esto es de especial importancia para América Latina y el Caribe, donde el sector público-privado estadounidense, buscará mejores condiciones para la expansión de las compañías de hidrocarburos. Actualmente, las petroleras estadounidenses están invirtiendo prioritariamente en México, Colombia, Argentina, Brasil y Perú. Se percibe una especial inclinación hacia Brasil, México y Argentina, países que vienen implementando un proceso de apertura del sector. Las principales empresas en el rubro: ExxonMobil, Chevron, Anadarko, Murphy Oil, BlackRock Inc. and First Reserve Corp, Conoco Phillips.
En esa línea, se buscará garantizar la apertura de mercados, persistiendo las tensiones con Cuba y Venezuela, pues según la ESN, son países que deberían implementar reformas económicas para liberalizar el mercado, que garanticen “oportunidades económicas para todos y mejorar la gobernabilidad”.
Esta expansión del sector energético es impulsada por agencias gubernamentales. El rol de EXIMBANK (Banco de Importaciones y Exportaciones) y OPIC (Corporación para la Inversión Privada en el Exterior) se revela como clave en este ámbito. Habrá que seguir los proyectos dirigidos desde estos organismos, en particular en el ámbito de energías renovables y con especial atención en el Caribe como contrapeso de Petrocaribe.
El tercer pilar de la ESN es “Preservar la paz mediante la fortaleza”. Se espera “reconstruir la fortaleza militar EE. UU.”
Se propone un incremento de 54 mil millones de dólares en defensa para 2018 (el 9 % de aumento para el presupuesto militar), superando el presupuesto asignado durante el anterior Gobierno, a expensas de un recorte de 37.6 mil millones en asistencia diplomática y exterior. Prevalecerán la venta y préstamos militares, en lugar de subvenciones.
El 6 de enero de 2018, se anunció la compra de armamento militar por más de 98 millones de dólares para México, la compra estuvo avalada por la Casa Blanca y el Departamento de Estado y será usado para la “defensa nacional” mexicana y la lucha contra el “crimen internacional”.
El cuarto y último pilar se refiere a la capacidad de “influencia” de EE. UU. Este “último lugar” coincide con el paso de la asistencia bilateral (por ejemplo, vía USAID) como uno de los ejes clave de política exterior, a un mayor protagonismo para negocios e inversiones del sector privado.
México seguirá recibiendo asistencia, aunque los montos se reducirán significativamente, se calcula en 87 millones de dólares. Más de la mitad del presupuesto estará destinado a combate al narcotráfico, operaciones de estabilidad y reforma al sector de Seguridad, y Crimen Transnacional.
En el caso de Colombia (hasta ahora principal receptor junto con México de asistencia militar y “para el desarrollo”) se prevé para 2018 una ayuda de 251 millones de dólares. El 75 % es para el programa de seguridad y paz, poco más de 44 millones se destinará a Democracia, Derechos Humanos y Gobernabilidad. Será fundamental atender al vínculo Colombia-EEUU, pues en 2018 se llevan a cabo elecciones legislativas y presidenciales, en un país que forma parte del cerco militar hacia Venezuela. Estados Unidos tiene ahí sus bases más importantes y de respuesta rápida.
Guatemala, El Salvador y Honduras forman parte de la Iniciativa Regional para la Seguridad de Centroamérica (IRSA). La asistencia ha sido reducida. En conjunto, Centroamérica recibirá poco más de 4 millones de dólares en asistencia militar y policial, de la cual el programa Educación y Entrenamiento Militar Internacional absorbe casi la totalidad del presupuesto. Aparte, se presupuestaron 202 millones de dólares para asistencia humanitaria y para el desarrollo. Guatemala recibirá 80 millones, El Salvador 43 millones y Honduras 67 millones de dólares. Para los tres países, la mayoría de los fondos serán destinados a democracia, derechos humanos y gobernabilidad.
En el caso de Perú, que se encuentra entre los principales receptores de asistencia militar de EE. UU., la ayuda para 2018 será de 49 millones de dólares, de los cuales 48 serán para el proyecto Seguridad y Paz. Este proyecto comprende la lucha contra el narcotráfico en una zona que no ha sido enteramente controlada por el Estado peruano y con remanentes de la guerrilla de Sendero Luminoso, que junto con las FARC, es considerada por el Comando Sur de EE. UU. como fuente potencial de terrorismo. Esto, en un contexto en el que se ha incrementado la instalación de bases militares en la selva peruana. Colombia y Perú conforman la “media luna” militar contra Venezuela.
El recorte sustancial a la asistencia bilateral no implica el desinterés o la retirada de EE. UU. de América Latina. De acuerdo a las premisas del “America First” y las actividades de las multinacionales de EE. UU. en la región, es probable que los recursos sigan fluyendo, pero con mayor protagonismo del sector privado (empresas, fundaciones, corporaciones empresariales e incluso algunas ONG) así como a través de Instituciones Financieras Internacionales y regionales (tercerización de la asistencia).
Los recortes en asistencia para la seguridad y militar serán suplidos por préstamos y ventas. Se trata de “desplazar una parte de la asistencia militar extranjera de subvenciones a préstamos con el fin de reducir los costos para los contribuyentes de EE. UU.”.
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(Tomado de TeleSur)
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