Las tragedias humanas y sus consecuencias en casos como incendios, erupciones, tornados o terremotos, no son catástrofes naturales; o, al menos, hay catástrofes naturales que afectan sólo a un sector de la población.
Ante las arremetidas de la naturaleza y los estragos que esta causa en las sociedades, existe un problema más profundo: las faltas de políticas públicas y el abandono de parte de algunos Gobiernos para evitar la pérdida de vidas y bienes humanos. Los sectores más vulnerables de un país son, en consecuencia, quienes más sufren los golpes de la naturaleza.
Valparaíso -ciudad patrimonio de la humanidad- es uno de los estandartes del turismo en Chile. La belleza de su paisaje urbano, las historias de Pablo Neruda recorriendo sus cerros, y la inspiración de poetas y cantantes que despierta el puerto, se diluye con los frecuentes focos de incendio que azotan sus cerros.
En lo alto de Valparaíso viven miles de familias hacinadas sobre sus lomas, cerca de pastizales y bosques que, generalmente en épocas de calor, se prenden en gigantescos incendios. En abril de 2014 ocurrió el peor de todos: más de 2.900 viviendas fueron completamente destruidas por las llamas, dejando 15 fallecidos y más de 500 heridos.
Asimismo, según un estudio realizado por la Oficina Atisba, el 57 por ciento de las viviendas situadas en la zona afectada por el incendio pertenece a familias vulnerables: un 40 por ciento de esos hogares viven en la pobreza, el 17 por ciento restante, en tanto, pertenecen al segmento de extrema pobreza.
El huracán María se dejó caer con fuerza sobre Puerto Rico en septiembre de 2017. La isla, territorio no incorporado de Estados Unidos cuyo presidente es, de hecho, Donald Trump, develó las precarias condiciones con las que contaba para soportar un desastre de esta magnitud.
El gobernador, Ricardo Rosselló, estimó que María causó al menos 90.000 millones de dólares en daños. Diez días después del paso del huracán por la isla, el 95 por ciento de la población seguía sin electricidad. Asimismo, menos de la mitad de los puertorriqueños tenía agua, y el 95 por ciento del territorio, no contaba con servicio de telefonía celular.
Eso, sin contar que hasta el día de hoy, la cifra oficial de muertos por el desastre, es un tema controversial. El Gobierno afirmó que sería al rededor de mil personas, sin embargo un reciente estudio de la Universidad de Harvard, arrojó que la cifra superaría los 4.500 fallecidos.
Desde la invasión estadounidense, en 1898, quedó establecido que “la isla fue ocupada por la fuerza, y el pueblo no tiene ninguna voz en la determinación de su propio destino”, como señaló el general George Davis, uno de los primeros gobernadores de Puerto Rico. En 2015, el Congreso de Estados Unidos se negó a avalar un proyecto local que permitiría al país declararse en banca rota y poder solicitar recursos económicos para invertirlos en bienes públicos.
Según el Centro de Información Censal de la Universidad de Puerto Rico, tras María la tasa de pobreza se profundizó, pasando de un 44,3 por ciento a un 52,3 en dos meses. Asimismo, el nueve por ciento de las personas que antes del huracán vivía con ingresos de bajos recursos, pasaron a engrosar el segmento de pobreza.
“El huracán exacerbó los niveles de pobreza que existían en Puerto Rico y es probable que hoy esté, al menos la mitad del país, por debajo de los niveles de pobreza”, expresó José Caraballo, director de Censal.
El poblado de El Rodeo, una de las localidades más afectadas por el volcán, en el que cientos de familias viven al alero del coloso de Fuego, quedó prácticamente sepultado por completo bajo litros de lava y lodo.
Según un estudio del Instituto de Alianza Nacional contra la Pobreza (Icop), el 60 por ciento de la población de San Marcos, el departamento (estado) donde estalló la erupción, son pobres; de ellos, el 22 por ciento vive en extrema pobreza. Una de las localidades más precarias es, precisamente, El Rodeo.
El abandono denunciado por sus habitantes, a solo días de la tragedia que enlutó el país, develó no sólo la falta de accesos a servicios y conectividad, sino también la falta de medidas preventivas eficientes y responsables en favor de la población, ante una posible actividad volcánica.
Vecinos sobrevivientes alertaron que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) no dio aviso de la emergencia, impidiendo la evacuación y, posibilitando así, la muerte y desaparición de centenares de guatemaltecos. “(La Conred) No apareció el domingo para decirnos que teníamos que evacuar. Nunca pasaron, ni días antes ni mucho menos esa mañana”, asegura el poblador Amílcar Priego, secundado por otros habitantes.
Asimismo, los afectados revelan que quince días antes de la tragedia, la Conred realizó un simulacro en caso de erupción, pero del que no participó la comunidad: “llevaron gente que no tenía nada que ver y no involucraron a la población de las aldeas”, declaró la ciudadana Carmen Corado.
En septiembre de 2017, México vivió un sismo de 8.2 grados. Chiapas y Oaxaca fueron parte de las localidades más afectadas, no solo porque allí se desarrolló el epicentro, sino por ser dos de los estados con mayor rango de pobreza en el país, según el Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2017, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Ambos estados mexicanos recibieron un grado de rezago social “muy alto”, como resultado de las carencias en materia de educación, salud, seguridad social, vivienda de calidad, servicios básicos en la vivienda y alimentación.
Eso se develó también en las consecuencias que dejó el terremoto: entre ambos estados, se reportaron 98 fallecidos, así como daños en 80.000 viviendas y en 1.400 planteles educativos, además de 2.279.575 habitantes afectados.
De acuerdo con las cifras del Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2017, hasta antes de la tragedia, el 67 por ciento de la población de Oaxaca se encontraba en condiciones de pobreza, y un 28 por ciento en situación de pobreza extrema.
Respecto a Chiapas, el mismo documento afirmó que hasta poco antes del terremoto, el 76 por ciento de su población se encontraba en el segmento de pobreza, y 31 por ciento en situación de pobreza extrema.
Cifras que, a nueve meses de los hechos, se ha profundizado enfrentándose ahora, además, al lento progreso en la reconstrucción de las localidades afectadas, según denuncian sus habitantes.
(Tomado de TeleSur)
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