Realizan demandas campesinas al próximo presidente de Colombia

Al menos hasta marzo de 2018, ninguno de los entonces siete candidatos a la Presidencia de Colombia había planteado un programa de desarrollo rural coherente con la situación que vive el país. Recién en la recta final, algunos de ellos esgrimieron discursos volcados hacia los campesinos.

El sector rural está integrado por dos recursos: humano y natural. Ambos son muy valiosos, pero las trabas, la corrupción y la violencia generadas por asuntos políticos mantienen a estos sectores sometidos al ostracismo y al rigor.

Asimismo, uno de los principales focos de violencia en Colombia tiene su origen en lo rural: paramilitarismo, narcotráfico y delincuencia organizada, debido a las injusticias que de tiempos atrás se vienen cometiendo con los campesinos.

A través de juntas de acción comunal, el campesinado exigió al próximo gobierno un mayor acercamiento, además de políticas públicas efectivas que den garantías, beneficios, protección y desarrollo para el sector rural de Colombia.

Asimismo, piden hacer justicia mediante programas donde se les reconozcan sus derechos, se defina la profesión rural y se les provean de todas las prestaciones a las que tienen derecho, ignoradas desde siempre.

Para el académico colombiano Uriel Ortiz Soto, “el sector rural requiere de un proceso de modernización” que debe definirse constitucionalmente, según argumenta, para darle a los campesinos “todo el estatus jurídico, con el fin de definirles muy claramente cuáles son sus: derechos, deberes y obligaciones de ellos y para con el Estado”.

Algunas de las ideas que propone Ortiz Soto para el próximo Gobierno en el tema rural son subsidios mensuales, aplicado sobre proyectos productivos, viviendas rurales dotadas de todos los servicios públicos básicos, y la afiliación a una caja de compensación familiar campesina, de donde se derive el futuro para los programas de pensión por invalidez, vejez y muerte.

Propuestas rurales de Gustavo Petro

Petro aseguró que en la gestión de su partido, Colombia Humana, “no se expropiarán empresas, ni negocios, ni viviendas ni tierra productiva”, pero que, sin embargo, “será objetivo prioritario que, progresivamente, ingresen a la producción de alimentos y a la agricultura campesina alrededor de tres millones de hectáreas que hoy están destinadas a ganadería extensiva o no tienen uso alguno”.

Se impulsará el llamado “catastro multipropósito”, proyecto que pretende ser la base del ordenamiento social, ambiental y productivo de la ruralidad, así como la protección y el apoyo financiero con oferta de bienes públicos de la pequeña agricultura.

Además, frenar la deforestación, detener el aumento de la frontera agrícola a través del impulso del desarrollo productivo y armonizar la producción agrícola y pecuaria con la protección ambiental.

En el ámbito social, afirmaron que se reducirán las desigualdades en las condiciones de vida de las poblaciones rurales, respecto a las urbanas, incentivando la función social de la propiedad y la democratización del acceso a la tierra. “De esta forma se harán respetar los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios y los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas de valles interandinos y del Caribe”, dijeron en Colombia Humana.

De igual forma, se invertirá en infraestructura productiva, se revitalizarán los mercados campesinos, se fortalecerá y estimulará la asociatividad entre pequeños productores; y se potenciarán las relaciones entre el Gobierno y las organizaciones campesinas, las de pueblos indígenas y las de afrodescendientes.

(Con información de Telesur)