El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, viaja hoy a Bruselas, donde se entrevistará con el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, a quien entregará la versión final del proyecto de presupuesto italiano para 2019.
Los resultados de este encuentro pueden determinar el curso del procedimiento de infracción por déficit excesivo contra Italia, anunciado el 21 de noviembre último por el órgano regional al considerar que su estrategia presupuestaria viola las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sobre el equilibro financiero.
El jefe de gobierno arribará a la capital belga tras la tregua pactada allí el 24 de noviembre en la cena de trabajo sostenida con Juncker, en la cual participaron también el vicepresidente de la CE, Valdis Dombrovskis y el comisario para Asuntos Financieros y Monetarios, Pierre Moscovici.
El objetivo de ese encuentro, solicitado por Conte, fue tratar de impedir el procedimiento por déficit excesivo, en función de lo cual ambas partes acordaron esperar los informes técnicos sobre propuestas de reforma que tienen un impacto social relevante, con el fin de cuantificar con precisión los gastos efectivos.
Un comunicado del Palacio Chigi, sede del ejecutivo, indicó que las sumas recuperadas serán reubicadas con prioridad para las inversiones, en especial las referidas al reforzamiento de las infraestructuras y la protección hidrogeológica. La nota puntualizó que Conte, y los viceprimeros ministros, Matteo Salvini y Luigi Di Maio, coinciden en que no se trata de décimas, sino de relanzar el crecimiento y el desarrollo, con los objetivos fijados, en particular la revisión del sistema de pensiones y el ingreso mínimo garantizado.
En términos prácticos la declaración significó la disposición del gobierno a reducir en alguna medida el déficit programado para 2019, sin precisar hasta donde llegaría la disminución y si el monto satisfará las exigencias de la Comisión.
Al comparecer la víspera en una audiencia parlamentaria sobre la reunión del Consejo Europeo de los próximos dos días, Conte confirmó su encuentro con Juncker y otros directivos de la CE y reiteró la importancia de la interlocución ‘en esta fase tan significativa para la vida política, económica y social de nuestro país’.
En estas semanas, puntualizó, no interrumpí nunca los canales de diálogo, he trabajado por aproximar las posiciones y explicar en todas partes la coherencia del proyecto de presupuesto y sus efectos positivos a mediano plazo sobre el tejido no sólo económico, sino también social. El primer ministro enfatizó que no va a Bruselas ‘con un libro de sueños’, sino a presentar un espectro completo ‘del proyecto reformador del ejecutivo’ convencido de que la estrategia responde a las exigencias del país y respeta las normas europeas.
En un avance de las asperezas que podrán surgir en el encuentro, aseveró que no se limitará a considerar ‘los meros datos contables’ y añadió que con el voto en las elecciones legislativas del 4 de marzo último, los italianos expresaron la urgencia de frenar el empobrecimiento y la marginación causados por la crisis económica.
Al referirse a la reunión del Consejo Europeo, expresó que la UE debe superar una rigurosidad miope que pretende combatir la inestabilidad con medidas que terminan favoreciéndola, por lo que la cita de mandatarios de la región deberá prestar ‘la consideración debida al horizonte político de una Europa en rápida evolución’.
Con el informe publicado el 21 de noviembre sobre el incumplimiento de las reglas respecto al déficit fiscal y la relación entre el monto de la deuda pública y el Producto Interno Bruto (PIB), la CE dio el primer paso hacia la penalización de Italia.
El documento señaló que el déficit debe ser inferior al tres y la deuda al 60 por ciento del PIB, excepto en los casos en los cuales esta última esté ‘descendiendo suficientemente y aproximándose al valor de referencia a un ritmo satisfactorio’.
Aunque la propuesta presentada por Roma prevé un déficit de 2,4 por ciento, esa cifra supera en ocho décimas, equivalente a unos 13 mil millones de euros, el tope acordado en principio con la Comisión Europea, teniendo en cuenta que la deuda pública italiana asciende a más de 131 por ciento del PIB.
En sus conclusiones, la CE subrayó que la relación entre deuda y PIB de 131,2 por ciento registrada por Italia en 2017, fue la segunda en importancia en la Unión Europea -sólo superada por Grecia- y una de las mayores del mundo, al extremo de representar una carga promedio de unos 37 mil euros por habitante.
El informe señaló que un monto tan alto de la deuda priva a Italia del espacio fiscal necesario para estabilizar su economía en caso de emergencias macroeconómicas, al tiempo que significa un fardo sobre el nivel de vida de las nuevas generaciones.
En tal sentido destacó que sólo por concepto de pago de intereses, Italia desembolsó 65 mil 500 millones de euros en 2017, equivalentes al 3,8 por ciento de su PIB y aproximadamente a la cantidad de recursos públicos empleados en el sector educacional.
(Con información de Prensa Latina)
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